¡°Nos obligaron a perder nuestras ra¨ªces¡±

Julio viene despacio, apoy¨¢ndose en un palo de madera. Hombre del campo, hombre de la tierra. Pero la suya se la quitaron hace diez a?os. ¡°Y ahora tengo una hipoteca de 300 euros por 25 a?os¡±, lamenta el hombre, de 70 a?os. Todav¨ªa vive en la pedan¨ªa valenciana de La Punta, al sur de Valencia, en una de las casas de color verde cerca de donde creci¨®. Pero no en su huerta. No en la casa que fue de sus abuelos.

¡°?Qu¨¦ va a pasar ahora? No sabemos. Tienen que empezar de nuevo, pero ?c¨®mo van a hacer la declaraci¨®n de impacto medioambiental de la huerta de Valencia si aqu¨ª ya no queda nada?¡±, cuestiona Carmen Gonz¨¢lez, presidenta de la Asociaci¨®n de Vecinos de La Punta. El pasado 6 de julio el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano confirm¨® la ilegalidad del plan por el que fueron expulsados de la huerta, la Zona de Apoyo Log¨ªstico portuaria (ZAL), que no midi¨® el impacto ambiental.

Cuando la lucha empez¨® en mayo de 1993, m¨¢s de 300 familias llevaban generaciones viviendo en comunidad en los 750.000 metros cuadrados de huerta protegida. Casas y alquer¨ªas antiguas rodeadas por campos verdes eran parte de un escenario rural en medio al caos urbano de Valencia. ¡°Pero en esa ¨¦poca descubrimos de forma accidental que la compa?¨ªa Iberdrola pretend¨ªa montar una subestaci¨®n el¨¦ctrica¡±, cuenta Carmen.

En marzo de 1994, el expresidente de la Generalitat, Joan Lerma (PSOE), la alcaldesa de Valencia, Rita Barber¨¢ (PP) y la Autoridad Portuaria de Valencia firmaron un protocolo de actuaciones para construir la ZAL. Se trataba de un proyecto ¡°urgente¡± para aumentar el ¨¢rea aneja al puerto y ampliar su capacidad de almacenaje de mercanc¨ªa. En junio de 1998, el Consell finalmente aprob¨® el plan para aumentar el patrimonio municipal de suelo con la adquisici¨®n de los terrenos de la huerta. La expropiaci¨®n era solo una cuesti¨®n de tiempo.

¡°Los peores a?os fueron 2002 y 2003¡±, recuerda Carmen. A?os de lucha para los vecinos de La Punta, que contaron con la ayuda de casi 40 j¨®venes que ocupaban sus casas. Richard Mateo era uno de ellos. ¡°Muchos vend¨ªan por presi¨®n y las casas se quedaban vac¨ªas y destrozadas. Por eso la estrategia era ocuparlas y rehabilitarlas¡±, cuenta.

Pero los que no aceptaban vender fueron expropiados a la fuerza. Y por sorpresa. ¡°Nosotros lo que hac¨ªamos era levantarnos temprano y plantarnos all¨ª en el campo hasta que vinieran las maquinas, que llegaban escoltadas por la polic¨ªa. Resist¨ªamos y al final nos echaban. Y as¨ª ¨ªbamos de campo en campo, de casa en casa¡±, recuerda Richard.

Eduardo Soler resisti¨®. Lleg¨® a ser arrestado por impedir que las maquinas avanzaran, pero no pudo evitar la expropiaci¨®n de su casa. Dos d¨ªas despu¨¦s, su mujer dio a luz. ¡°Intentamos una paralizaci¨®n judicial, pero no la concedieron¡±. Su madre, Maruja la Fiscalera, fue desalojada d¨ªas despu¨¦s. Era julio de 2003.

Para Carmen, que hab¨ªa sido expropiada cinco meses antes, este fue el final de la lucha. ¡°Empezamos solos y terminamos solos. Y de los 300 vecinos que apoyaron en principio, se quedaron solo 47 luchando hasta el final¡±. Richard lamenta: ¡°Valencia perdi¨® una manera de vivir, un pulm¨®n verde y el poder de consumir verduras de calidad de una de las tierras m¨¢s f¨¦rtiles del mundo¡±.

Muchos decidieron quedarse en una de las casas de color verde construidas para los expropiados en una peque?a zona de lo que fue la huerta. Como el propio Eduardo, de 40 a?os. Pero Josefa se queja: ¡°Mi marido tiene alzh¨¦imer y de los 1.300 euros de pensi¨®n, 500 son para la hipoteca. ?Ten¨ªamos la necesidad de pagar una vivienda en la vejez?¡±. ¡°La casa no est¨¢ mal, pero la otra mi abuelo la construy¨® para casarse con mi abuela. Y eso no se paga con dinero¡±, afirma Salvador. Eduardo resume el problema: ¡°La hipoteca fue de 24 millones de pesetas [150.000 euros]. Pero pagaron 17 millones [100.000 euros] por mi terreno, que val¨ªa 55 millones [330.000 euros]¡±.

Valencia perdi¨® una manera de vivir, un pulm¨®n verde en la ciudad.

Francisco Mart¨ª tuvo la suerte de quedarse en una de las pocas casas que no fueron derribadas por estar protegidas, pero conserva con pena una lista de todos los afectados. Otros, como Carmen Gonz¨¢lez, prefirieron irse y empezar de nuevo. Hoy, con 61 a?os, vive en una aldea fuera de Valencia y es secretaria de organizaci¨®n de la Coordinadora de Agricultores y Ganaderos de la Comunidad Valenciana. ¡°Pero nunca seremos las mismas personas. Nos obligaron a perder nuestras ra¨ªces, nuestra historia, nuestro modo de vida. Yo era una persona dulce, alegre. Ahora hablo con rabia, con ira, con dolor¡±.

?Los culpables? Carmen est¨¢ segura de qui¨¦nes son. ¡°El primero que tiene que ir a la c¨¢rcel es Juan Cotino, que era delegado de Gobierno y que, en contra de una resoluci¨®n judicial, orden¨® las expropiaciones a la fuerza. Y tambi¨¦n Rita Barber¨¢, Joan Lerma y las autoridades portuarias que firmaron el protocolo¡±.

Veinte a?os de lucha y la huerta est¨¢ hoy urbanizada. La ZAL, sin embargo, todav¨ªa no funciona y la sentencia del TSJ confirma la ilegalidad del proceso. Veinte a?os de lucha, pero las preguntas son las mismas. ¡°?Qu¨¦ va a pasar? ?Qui¨¦n me va a compensar a m¨ª, que no podr¨¦ llevar a mis nietos a que vean sus ra¨ªces?¡±, pregunta Carmen.

Mientras, Julio sigue pasando todos los d¨ªas delante de la huerta que fue suya. Mirando hacia una zona de terreno expropiado, apunta con el dedo y afirma: ¡°Mi casa estaba all¨ª. Mi barraca, al lado. Y mi tierra, alrededor¡±.