Una reforma indigesta para todos

El Consejo de Ministros (PP) aprob¨® el pasado viernes el anteproyecto de Ley de Racionalizaci¨®n y Sostenibilidad de la Administraci¨®n Local, un ¡°reordenamiento de funciones¡± seg¨²n el ministro de Hacienda, Crist¨®bal Montoro, que restringe al m¨ªnimo las competencias de los municipios; les proh¨ªbe realizar servicios que, en algunos casos, llevaban a?os ofreciendo a los ciudadanos; y carga contra las cuentas de las comunidades aut¨®nomas la financiaci¨®n de todas aquellas funciones que hasta ahora prestaban indebidamente los Ayuntamientos. Los gastos adicionales que la Comunidad de Madrid tendr¨ªa que asumir para mantener esos servicios con el nuevo reparto de competencias supera los 1.100 millones de euros adicionales, seg¨²n fuentes regionales. Una cantidad superior incluso a los 1.000 millones que el Ejecutivo madrile?o reclama del sistema de financiaci¨®n, cuya modificaci¨®n exige desde 2012.

Tras un recorte sin precedentes de 2.800 millones en este ejercicio, el Gobierno regional, que dirige Ignacio Gonz¨¢lez (PP), ya ha advertido que la reforma local tiene ¡°que llevar aparejada la financiaci¨®n necesaria¡±. ¡°De lo contrario no vamos a poder prestar esos servicios¡±, avisa el dirigente. Todo ello confirmar¨ªa la denuncia del Partido Socialista e Izquierda Unida, que consideran que esta ley recortar¨¢ de forma brutal los servicios sociales.

El Ayuntamiento de Madrid, con 3,3 millones de habitantes y un presupuesto de 4.300 millones de euros, deber¨¢ ceder a la Comunidad gran parte de la red de servicios que ha puesto en marcha y alimentado en la ¨²ltima d¨¦cada, bajo la batuta del ahora ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallard¨®n. Su alcaldesa, Ana Botella (PP), ha publicitado su deseo de mantenerlos, pero no ha plantado cara hasta ahora en p¨²blico al Gobierno para conseguirlo.

Tal y como est¨¢ redactada la ley ¡ªque ha sido objeto de fuertes controversias tambi¨¦n dentro del Gobierno y del PP, y debe ser tramitada y tal vez enmendada en el Parlamento¡ª, la capital perder¨ªa el Servicio Municipal de Urgencias (Samur), la teleasistencia, los centros de mayores, las escuelas infantiles, etc¨¦tera.

Botella, que inici¨® su carrera pol¨ªtica como edil de Asuntos Sociales de Gallard¨®n (2003-2007), considera esos servicios el eje de su pol¨ªtica. Ahora pasar¨ªan a manos de la Comunidad, a la que la ley habilita para delegar su gesti¨®n en el Ayuntamiento pero ocup¨¢ndose de su financiaci¨®n, algo a lo que en principio Gonz¨¢lez se niega. PSM y IU insisten: si uno deja de prestarlos y el otro no los retoma, los ciudadanos perder¨¢n gran parte de su red asistencial. Otro motivo de rechazo, sobre todo en las filas del PP, es que la reforma se aplicar¨ªa previsiblemente en 2015, a?o en el que se deben celebrar precisamente elecciones municipales y auton¨®micas.

La ley busca evitar que autonom¨ªas y municipios ofrezcan id¨¦nticos servicios, duplicando la oferta y, sobre todo, el gasto p¨²blico; pero adem¨¢s vincula expresamente las dificultades econ¨®micas que atraviesan miles de Ayuntamientos a unas competencias ¡°sobredimensionadas¡± que van m¨¢s all¨¢ de lo que la normativa dicta y de lo que sus recursos les permiten.

Competencias restringidas. Para atajar esa situaci¨®n, la ley restringe las funciones municipales al urbanismo (planeamiento, promoci¨®n de vivienda p¨²blica, rehabilitaci¨®n y protecci¨®n del patrimonio); medio ambiente (parques, basura, agua, contaminaci¨®n); tr¨¢fico y transporte colectivo; calles; polic¨ªa local, bomberos y protecci¨®n civil; conservaci¨®n de escuelas infantiles; promoci¨®n de deporte, cultura y turismo; y ¡°evaluaci¨®n e informaci¨®n de situaciones de necesidad social y atenci¨®n inmediata a personas en situaci¨®n o riesgo de exclusi¨®n¡±.

S¨®lo permite salirse de la lista si el Ayuntamiento certifica que le sobra dinero y el servicio que quiere ofrecer no est¨¢ ya entre los que presta la Comunidad. Eso s¨ª, un aspecto muy valorado por alcaldes de distintos partidos es la renuncia de Montoro, al concepto de ¡°coste est¨¢ndar¡±, que contemplaba retirar competencias municipales. La cr¨ªtica del Consejo de Estado al primer borrador del Gobierno, que entendi¨® que pod¨ªa reducir ¡°en exceso¡± la autonom¨ªa municipal que recoge la Constituci¨®n, llev¨® a sustituir ese concepto por el de ¡°coste efectivo¡±, que los Ayuntamientos deber¨¢n comunicar al Ministerio de Hacienda en un plazo de tres meses. ¡°El Estado ha dado un bal¨®n de ox¨ªgeno a los Ayuntamientos, permiti¨¦ndoles mantener m¨¢s competencias y libr¨¢ndolos de un d¨¦ficit un tanto artificial en el caso de que se fijara un coste est¨¢ndar muy bajo¡±, dice un alcalde socialista.

¡°Sobre el papel, el coste est¨¢ndar era la soluci¨®n perfecta para los administradores estatales. Serv¨ªa para cuadrarlo todo, pero era un remedio propio de un equipo de t¨¦cnicos, irreal y alejado del barro. No ten¨ªa en cuenta la singularidad de los municipios, la realidad no es la misma para una localidad de 50.000 habitantes en Madrid que en Extremadura o Arag¨®n. Var¨ªan renta per c¨¢pita, orograf¨ªa...¡±, opina un regidor del PP.

Un rev¨¦s para la capital. Ese listado de competencias es una bofetada al Ayuntamiento de Madrid, pues puede arrebatarle sus servicios m¨¢s queridos: el Samur, cuya competencia hab¨ªa pactado con la Comunidad ampliar a toda la ciudad, tanto dentro de las viviendas (hasta ahora, responsabilidad del servicio regional de emergencias) como en la v¨ªa p¨²blica; pr¨¢cticamente todas las funciones del ¨¢rea de Asuntos Sociales, con 486 millones de presupuesto y servicios como la ayuda a domicilio, los programas de infancia y juventud, pol¨ªticas de igualdad e integraci¨®n de extranjeros, y la teleasistencia, que atienda a 133.000 mayores; los 16 centros de Madrid Salud; los 17 centros de mayores; las 56 escuelas infantiles...

Un a?o de plazo. El Gobierno regional tendr¨¢ un a?o para hacerse con estos servicios sociales, tanto para prestarlos como para delegarlos en los ayuntamientos. En el segundo caso, deber¨¢ dotarlos de financiaci¨®n ¡°adecuada y suficiente¡±. En caso de no pagar, el Gobierno podr¨ªa detraer ese dinero de la financiaci¨®n auton¨®mica para d¨¢rselo a los municipios.

Presentada el viernes tras sucesivos retrasos, al resquemor sobre el contenido de la reforma se a?ade la inquietud de los barones regionales por el reparto del d¨¦ficit ¡ªasim¨¦trico en vez de id¨¦ntico, lo que beneficia a las autonom¨ªas en peor situaci¨®n¡ª que pretende aprobar el Gobierno. ¡°Lo cual no hace sino corroborar a¨²n m¨¢s que no podemos asumir competencias extras sin la pertinente financiaci¨®n¡±, zanjan en la Comunidad de Madrid.

Recorte de ediles y sueldos. La ley reduce el n¨²mero de ediles con dedicaci¨®n (y salario) completa. En el caso de Madrid, se quedan en 45 de los 57 con los que cuenta ahora; el resto no tiene por qu¨¦ desaparecer, pero s¨®lo cobrar¨¢ dietas por ir a plenos.

En cuanto al sueldo de los alcaldes, se fijar¨¢ tomando como referencia el de un secretario de Estado, que sumados los complementos ronda los 100.000 euros. La ley recoge as¨ª la equiparaci¨®n que ya hizo Gallard¨®n en la capital para fijarse su salario de regidor; Botella gana 102.000 euros.

El alcalde de un municipio de 150.000 a 300.000 habitantes (M¨®stoles, Fuenlabrada, Legan¨¦s,Getafe) recibir¨¢ un 20% menos; el de uno de 20.000 a 50.000 (Pinto, Tres Cantos), un 45% menos.

¡°Este aspecto de la ley va a tocar mucho las narices. M¨¢s all¨¢ del recorte del salario en s¨ª, va a provocar situaciones absurdas muy dif¨ªciles de justificar, como que pase a cobrar 2.400 euros l¨ªquidos, menos que alg¨²n funcionario o un agente policial de las Bescam¡±, plantea el regidor de un pueblo de menos de 50.000 residentes. ¡°Es un avance porque establece el sueldo a cobrar, algo que no se controlaba y variaba en funci¨®n del municipio. Por ejemplo, lo que no era normal es que Javier Bello, el alcalde de Alcal¨¢ de Henares, cobrase m¨¢s de 100.000 euros anuales cuando gobierna una ciudad de poco m¨¢s de 200.000 habitantes, frente a los 3,3 millones que habitan en la capital¡±, observan en UPyD.

Limite de asesores a dedo. El l¨ªmite de concejales con dedicaci¨®n exclusiva tambi¨¦n se va reduciendo seg¨²n desciende la poblaci¨®n, de forma que en una localidad de 50.000 a 100.000 habitantes (Aranjuez, Pozuelo) no podr¨¢, por ejemplo, superar los 15. ¡°Esta decisi¨®n responde a la desafecci¨®n de los ciudadanos con los pol¨ªticos, pese a que muchos no cobran un euro¡±, razona una concejal socialista que dedica a la pol¨ªtica las horas que le quedan libres de su trabajo, ¡°gratis, por vocaci¨®n¡±. De los 179 Ayuntamientos de la regi¨®n, 48 tienen menos de 1.000 habitantes. Los miembros de esas Corporaciones ¡°no tendr¨¢n dedicaci¨®n exclusiva¡± y, solo en casos excepcionales, parcial.

La cifra de asesores a dedo no deber¨¢ superar por ley el 0,7% de puestos de la plantilla local.

Fusiones de municipios. La ley incentiva la fusi¨®n de municipios como una soluci¨®n a sus problemas financieros, hasta el punto de que obliga a plantear este escenario dentro del plan de ajuste que deber¨ªa enviar un Ayuntamiento en apuros al Ministerio de Hacienda, junto con otras propuestas como el incremento de ingresos y el recorte de gastos.

¡°Pongamos por caso que una localidad est¨¢ endeudas¨ªsima y se quiere fusionar con la m¨ªa, que tiene super¨¢vit. Oiga, es que a m¨ª as¨ª, de buenas a primeras, no me interesa para nada. ?Es que eso ser¨ªa un disparate!¡±, opina un alcalde socialista.

¡°Una fusi¨®n de servicios se l¨®gica y factible¡±, opina otro alcalde, que pone el ejemplo de tres municipios colindantes que, ¡°en vez de contar cada uno con siete camiones de basura, tengan en com¨²n 14 con el consiguiente ahorro¡±. Otra cosa es la fusi¨®n territorial, que ata?e a un sentimiento tan arraigado en algunas poblaciones que ¡°solo podr¨ªa funcionar si se respeta y mantiene la historia¡± de las localidades.

La Asamblea regional aprob¨® precisamente en mayo de 2012 un dictamen sobre la duplicidad de competencias que fijaba en 20.000 el n¨²mero m¨ªnimo de habitantes para que un municipio ¡°preste unos servicios p¨²blicos eficientes¡±. De las localidades madrile?as, 156 no alcanzan esa cifra, por no hablar de 105 municipios que no sobrepasan los 5.000. Su aplicaci¨®n supondr¨ªa la fusi¨®n de un centenar de Consistorios.

¡°La fusi¨®n ser¨ªa voluntaria, nosotros no podemos forzarla. Ser¨ªa responsabilidad del Gobierno. Otra opci¨®n ser¨ªan los consorcios o mancomunidades¡±, explican en el PP, partidarios de reducir el n¨²mero de localidades, contra la opini¨®n de PSM e IU. Por su parte, UPyD se opone a las mancomunidades, y considera que las fusiones de municipios deber¨ªan ser ¡°obligatorias¡±