Golpe al Estado

Se nos va la democracia. O, mejor dicho, nos la quitan. Nunca desde el 23 de febrero de 1981, las instituciones democr¨¢ticas hab¨ªan sido v¨ªctimas de un acoso y derribo como el que se est¨¢ operando tras la llegada de Mariano Rajoy a la Moncloa. Te¨®ricamente no es un golpe de Estado, pero, de hecho, es un golpe al Estado en toda regla. Un golpe al Estado en el que se pueden distinguir dos fases claras. Una primera es la forma de acceder al Gobierno, con unos recursos de financiaci¨®n del partido extraordinarios, que durante a?os han multiplicado su capacidad de movilizaci¨®n electoral y han pervertido el resultado de los comicios. Una vez conseguida la mayor¨ªa absoluta y el Gobierno, la segunda fase consiste en la puesta en marcha de una pol¨ªtica absolutista mediante un asalto, m¨¢s o menos disimulado, a las principales instituciones del Estado, que permite anular el juego de contrapoderes inherente a toda democracia que se precie.

Y as¨ª, tras todo tipo de maniobras orquestales en la oscuridad, nos encontramos con un presidente del Tribunal Constitucional, Francisco P¨¦rez de los Cobos, militante secreto y asesor oculto del PP; con una Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que milit¨® en el PP hasta la v¨ªspera de tomar posesi¨®n de su cargo; con un presidente del Consejo de Estado, Jos¨¦ Manuel Romay Beccar¨ªa, cuyo cargo inmediatamente anterior fue el de tesorero del PP, en sustituci¨®n Luis B¨¢rcenas; y con una presidenta de la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores, Elvira Rodr¨ªguez, exministra y exdiputada del PP. La conspiraci¨®n se completar¨¢ cuando el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallard¨®n, consume en septiembre sus planes para el nombramiento de un Consejo General del Poder Judicial a medida del poder ejecutivo.

Este complot antidemocr¨¢tico no ser¨ªa posible sin el concurso de una trama civil, formada por los banqueros y grandes compa?¨ªas para las que el PP gobierna, que han sido cooperadas necesarias en este golpe al Estado. En el 23-F los militares contaron con el sost¨¦n de una trama civil apenas desvelada. Ahora, los pol¨ªticos neogolpistas han contado con el apoyo de una trama financiera y empresarial, de la que el caso G¨¹rtel es la punta del iceberg y que s¨®lo vislumbraremos si finalmente Luis B¨¢rcenas acaba de tirar de la manta.

La legalidad del nombramiento de P¨¦rez de los Cobos es m¨¢s que precaria, su legitimidad ofrece pocas dudas: ni legitimidad formal, ni material; ni de origen, ni de ejercicio. ?Qu¨¦ dir¨¢ cu¨¢ndo tenga que pronunciarse sobre la constitucionalidad de una reforma laboral cuya articulaci¨®n legislativa asesor¨®? Una reforma laboral, por cierto, hecha a la medida de la trama civil de banqueros y grandes empresarios que tan importante papel han desempe?ado en este golpe al Estado democr¨¢tico de derecho. El c¨ªrculo se cierra.

En esta situaci¨®n, pese a los recortes en otras materias, el Gobierno ha sido previsor al aumentar el gasto en material antidisturbios, que ha pasado de 173.670 euros en 2012 a 3,26 millones en 2013, con la previsi¨®n de dispararlos a 10 millones en los pr¨®ximos cuatro a?os. Cuando se pierde la legitimidad, la obediencia s¨®lo se consigue por la fuerza. Han sido prudentes, las porras y los escudos les van a hacer falta.