El Tribunal Superior anula las tasas a operadores de m¨®vil en 27 municipios

La batalla ha sido larga y cara, ha implicado miles de pleitos, incluso se recurri¨® a instancias europeas, pero al final ganan las operadoras de telefon¨ªa m¨®vil. En las ¨²ltimas semanas el Bolet¨ªn Oficial de la Comunidad ha publicado decenas de sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en las que anula en todo o en parte, seg¨²n el caso, las ordenanzas de al menos 27 municipios de la regi¨®n que establecen una tasa a las operadoras por el uso de las antenas y redes instaladas en sus municipios, aunque s¨®lo sean usuarios y no propietarios de las mismas.

En algunos casos, como el de Alcal¨¢ de Henares, ya no estaba cobrando la tasa, seg¨²n afirma una portavoz, y en otros, como en Torrej¨®n de Ardoz se ha llegado a sancionar por infracci¨®n tributaria grave a una operadora (France Telecom, que opera bajo la marca comercial de Orange) por no abonarla. En Algete le reclamaban 160.777 euros a Telef¨®nica por esa tasa, a la que el TSJM le dio la raz¨®n hace unas semanas en su demanda.

As¨ª que en cada localidad tendr¨¢n que reajustar sus cuentas en funci¨®n de si se hab¨ªa presupuestado ese ingreso o no y en todo caso deber¨¢n renunciar a cobrar las deudas que estaban reclamando a las operadoras. S¨®lo Vodafone ha facilitado alg¨²n dato al respecto: tiene unos 2.500 pleitos en toda Espa?a por este asunto, que le han costado ya al menos 20 millones de euros, seg¨²n explica Javier Guti¨¦rrez, responsable de la asesor¨ªa fiscal. S¨®lo han pagado unos dos millones a los ayuntamientos porque en la mayor¨ªa de los casos han optado por presentar avales en los tribunales para evitar abonar la tasa mientras estaba recurrida, a?ade Guti¨¦rrez.

Vodafone asegura que solo pag¨® dos millones y gast¨® m¨¢s de 20 en juicios

Al coste de los pleitos para las operadoras hay que a?adir los que han tenido para los ayuntamientos, pero tambi¨¦n para la administraci¨®n de justicia, que ha tenido que tramitar miles de asuntos que solo han podido imponer el pago de las costas en la primera instancia ya que en los recursos ante el Supremo (se calcula que unos 500) no han podido al hab¨¦rsele dado la raz¨®n a los que los plantearon (las operadoras).

Esas tasas se aprobaron en cientos de municipios de toda Espa?a en la ¨²ltima d¨¦cada, a instancias de la Federaci¨®n de Municipios y Provincias (FEMP) que en septiembre de 2006 aprob¨® poner a disposici¨®n de los Ayuntamientos dos modelos de ordenanza (con dos maneras de calcular el importe de facturaci¨®n sobre el que aplicar la tasa del 1,5%) para gravar el uso del dominio p¨²blico. Calculaban que se recaudar¨ªan unos 200 millones al a?o en todo el pa¨ªs.

Alcal¨¢ afirma que ya no la cobra mientras Algete reclama a Telef¨®nica

Precisamente el m¨¦todo de cuantificaci¨®n fue uno de los principales argumentos contra la tasa hasta 2010, ya que los tribunales consideraban que los municipios s¨ª ten¨ªan derecho a imponer la tasa a las operadoras aunque no fuesen due?os de las antenas. La Comisi¨®n del Mercado de las Telecomunicaciones admiti¨® la legitimidad de la tasa en 2010, y cuestion¨® ¨²nicamente la forma de cuantificaci¨®n.

Incluso el Tribunal Supremo aval¨® la tesis de que las operadoras de m¨®vil incurren en un ¡°aprovechamiento indiscriminado de la red fija de telefon¨ªa¡± , ya que se realizan llamadas de fijo a m¨®vil y viceversa, de modo que s¨ª utilizan el dominio p¨²blico municipal.

Pero en 2010, con motivo de un recurso de Vodafone de un pleito con el Ayuntamiento de Santa Amalia (Badajoz) empez¨® a plantearse si, como alegaba la operadora, dicha tasa contraven¨ªa la directiva comunitaria 2002/20 relativa a la autorizaci¨®n de redes y servicios de comunicaciones electr¨®nicas. Y decidi¨® consultar a tal efecto al Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea.

Este tribunal decidi¨® en julio de 2012 que s¨®lo se pod¨ªa cobrar la tasa a los propietarios de las infraestructuras y no a los usuarios, en este caso las operadoras de m¨®vil.

A partir de la sentencia del Tribunal de la UE, la jurisprudencia espa?ola cambi¨® radicalmente. El Supremo emiti¨® una sentencia en octubre pasado en el mismo ponente que hasta entonces hab¨ªa defendido el criterio contrario (el magistrado Juan Gonzalo Mart¨ªnez Mic¨®) reconoc¨ªa que primaba el derecho comunitario y hab¨ªa que anular las ordenanzas que gravasen a los operadores aunque no fuesen due?os de las redes.

La FEMP considera que la anterior jurisprudencia part¨ªa de ¡°un conocimiento real del problema¡± e iba dirigida a ¡°defender los intereses locales¡± por lo que reaccion¨® con preocupaci¨®n ante la situaci¨®n creada por la sentencia europea. Incluso lleg¨® a plantear, sin ¨¦xito, a los grupos parlamentarios modificaciones legales ya que entiende que dicha sentencia cuestiona la ley de Haciendas Locales