D¨ªaz pide a la Fiscal¨ªa que anule el pacto laboral de los funcionarios de Madrid por ¡°restringir¡± su derecho a protestar

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda D¨ªaz ha solicitado este viernes a la Fiscal¨ªa y al Defensor del Pueblo que act¨²en contra el convenio de la Comunidad de Madrid que regula las condiciones laborales de los empleados p¨²blicos de la regi¨®n hasta 2028, informan en el Ministerio. Este departamento considera que ese acuerdo ¡°restringe el derecho a protestar de los trabajadores p¨²blicos¡±. El convenio es fruto de un acuerdo entre la comunidad madrile?a y los sindicatos CSIT Uni¨®n Profesional, CC OO Federaci¨®n de Servicios a la Ciudadan¨ªa de Madrid, CSIF y UGT Servicios P¨²blicos Madrid.

En concreto, se trata del Acuerdo de la Mesa Sectorial del Personal Funcionario de Administraci¨®n y Servicios, sobre condiciones de trabajo del personal funcionario de administraci¨®n y servicios de la Comunidad de Madrid, aprobado el pasado 11 de diciembre y publicado en el Bolet¨ªn Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) el pasado 23 de diciembre.

El art¨ªculo 10 y la disposici¨®n adicional d¨¦cima abren la puerta a que, en caso de que los sindicatos que suscriben el convenio promuevan ¡°huelgas, concentraciones, manifestaciones, campa?as o cualquier otra medida de conflicto colectivo¡±, la Administraci¨®n pueda acordar la ¡°suspensi¨®n de la implantaci¨®n de la carrera profesional horizontal, incluida la interrupci¨®n de sus efectos retributivos¡± del personal a su servicio. La ley actual permite a las empresas dar de baja a los trabajadores que participen en una huelga durante esa jornada y descontar su salario de ese d¨ªa de la nomina mensual. Pero en este caso, se va notablemente m¨¢s all¨¢, permitiendo que el empleador, en este caso la Comunidad de Madrid, retire los complementos por implantaci¨®n de la carrera profesional a los participantes no solo en huelgas sino tambi¨¦n en cualquier otro tipo de protesta laboral.

El Ministerio de Trabajo ha remitido este mismo viernes sendas cartas a la Fiscal¨ªa y el Defensor del Pueblo en las que advierte ¡°que una cl¨¢usula de esta naturaleza, que castiga el ejercicio de derechos fundamentales como los de reuni¨®n, manifestaci¨®n o libertad de expresi¨®n, constituye un atentado evidente a los derechos fundamentales¡±. Y a?ade que ¡°supone una degradaci¨®n de la participaci¨®n democr¨¢tica de las personas trabajadoras todav¨ªa m¨¢s llamativa, si cabe, al producirse en los convenios colectivos que rigen las relaciones laborales de los empleados p¨²blicos de una Comunidad Aut¨®noma, en este caso la de Madrid¡±.

Trabajo considera que se trata de una cl¨¢usula de paz ¡°que desborda lo admisible para este tipo de contenidos obligacionales, generando efectos m¨¢s all¨¢ de las organizaciones firmantes y generando de forma asombrosa consecuencias negativas para las personas trabajadoras m¨¢s all¨¢ de lo dispuesto en el art¨ªculo 5 de la Ley Org¨¢nica de libertad sindical¡±.

El Ministerio se?ala, adem¨¢s, que el convenio y el acuerdo pueden ser impugnados porque ¡°conculcan la legalidad constitucional vigente y lesionan gravemente el inter¨¦s de terceros¡±. De esta forma, Trabajo ha procedido a instar a la Fiscal¨ªa a que realice los tr¨¢mites oportunos para la impugnaci¨®n del convenio colectivo, as¨ª como las actuaciones penales que en su caso resultasen procedentes. Es m¨¢s, Trabajo ha solicitado a la Fiscal¨ªa y al Defensor del Pueblo que act¨²en de oficio ya que son las instituciones competentes ante la inhibici¨®n de la Direcci¨®n General de Trabajo de la Comunidad de Madrid que ha publicado los textos.