El TSJ decidir¨¢ en breve sobre la imputaci¨®n a Camps y Barber¨¢

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha desestimado ampliar el plazo concedido a la Fiscal¨ªa y a las dem¨¢s partes personadas en el caso N¨®os para se pronuncien sobre los delitos atribuidos al expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barber¨¢, alegatos a partir de los cuales el TSJCV deber¨¢ resolver si acepta o no la competencia para instruir los hechos relativos a ambos aforados.

Mediante una nueva diligencia de ordenaci¨®n la Sala de lo Civil y Penal de la m¨¢xima instancia judicial valenciana rechaza as¨ª la petici¨®n del ministerio p¨²blico de ampliar en al menos 15 d¨ªas m¨¢s el plazo para emitir su informe, dado el volumen de las actuaciones y diligencias practicadas y la complejidad de las investigaciones.

A ello se suma el hecho, seg¨²n el fiscal, de que el juez instructor del caso N¨®os, Jos¨¦ Castro, no consult¨® a la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n de Baleares antes de elevar su exposici¨®n razonada al TSJCV de cara a que ¨¦ste resolviese sobre la cuesti¨®n de competencia, por lo que la acusaci¨®n p¨²blica de Valencia no cuenta con ning¨²n informe previo en el que apoyarse y los dos d¨ªas h¨¢biles de los que dispone para estudiar el caso "resultan claramente insuficientes".

Y es que, de acuerdo al plazo de dos d¨ªas otorgado, ser¨¢ en septiembre cuando el TSJCV deber¨¢ pronunciarse -al ser inh¨¢bil agosto- en torno a si es competente o no para instruir los delitos atribuidos a Camps y Barber¨¢: malversaci¨®n continuada, prevaricaci¨®n, fraude a la Administraci¨®n y falsedad en documento oficial. Por el momento, la sala ya tiene por parte a la alcaldesa, que decidi¨® personarse asistida de abogado y procurador.

Ante la petici¨®n de la Fiscal¨ªa, el TSJCV asevera que la diligencia por la que fueron otorgados los dos d¨ªas es firme, y apunta asimismo al car¨¢cter perentorio del periodo concedido.

En su exposici¨®n razonada, de 70 p¨¢ginas de extensi¨®n, el titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 3 de Palma subrayaba c¨®mo la contrataci¨®n del Instituto N¨®os de cara a impulsar el Valencia Summit, por cuyas tres ediciones la entidad percibi¨® unos tres millones de euros p¨²blicos, respond¨ªa "s¨®lo al deseo" de ambos de "doblegarse a las exigencias de Don I?aki Urdangarin en atenci¨®n a su parentesco con la Casa de S.M. El Rey".

A partir de ah¨ª, aseveraba el magistrado, las contrataciones de N¨®os fueron actos "estrictamente voluntaristas en la medida en que no obedec¨ªan a procurar el inter¨¦s general" sino "s¨®lo al deseo de doblegarse a las exigencias, que por muy cort¨¦smente que se planteasen no dejaban de serlo", del Duque de Palma.

As¨ª, el juez recalcaba el hecho de que, sin que se iniciara "absolutamente ning¨²n procedimiento administrativo de contrataci¨®n" y "en exclusiva atenci¨®n" a que por parte de Camps era "hartamente conocido" que al frente de N¨®os estaba Urdangarin, el expresidente valenciano "entend¨ªa que era obligado acceder [a las pretensiones del Duque] en atenci¨®n a que era el yerno de S.M. El Rey".

Asimismo, alud¨ªa a la presunta intervenci¨®n de Camps en las negociaciones de unos Juegos Europeos que nunca tuvieron lugar pero por los que N¨®os percibi¨® 382.000 euros del gobierno valenciano. "Sin el benepl¨¢cito de Camps, no se comprende ese sometimiento".

El instructor incid¨ªa en que la aprobaci¨®n del convenio por parte de la Generalitat no estuvo precedido de ning¨²n estudio econ¨®mico ni de mercado, aseverando que "sin el benepl¨¢cito del presidente, don Francisco Camps, no se comprende ese sometimiento [del gobierno valenciano] a las exigencias" del marido de la Infanta Cristina. "El objetivo del convenio nunca lleg¨® a cumplirse pero las arcas de la Comunidad Valenciana se vieron reducidas en la suma de 382.203 euros", abundaba.

El magistrado destacaba en esta l¨ªnea la "sorprendente celeridad" con la que fue tramitado este expediente en la medida en que "tres d¨ªas consecutivos, navide?os por dem¨¢s [a finales de 2005], lo que un es un impedimento jur¨ªdico pero s¨ª una no muy usual pr¨¢ctica", bastaron para que en distintos ¨¢mbitos administrativos "perfectamente sincronizados entre s¨ª se pudiera informar, concertar y aprobar" el convenio de colaboraci¨®n para la organizaci¨®n de los JJ.EE.

Un convenio rubricado por un importe de seis millones de euros que, "al modesto entender" del juez, es "dif¨ªcilmente conciliable con la serenidad y profundidad con la que se deben abordar cuestiones de tal importancia". Castro hac¨ªa hincapi¨¦ en el hecho de que a la dotaci¨®n econ¨®mica de la Generalitat se la llamase "subvenci¨®n" como "una manera de burlar las ineludibles previsiones de las normas sobre contrataciones de las Administraciones P¨²blicas, que se inspiran en los principios de igualdad y publicidad".

Aspectos de los que "deliberadamente se prescindi¨® para contratar arbitrariamente a quien estaba detr¨¢s del Instituto N¨®os, Don I?aki Urdangarin, al objeto de que desplegara toda su ¨¢rea de influencias tanto en su condici¨®n de vicepresidente del Comit¨¦ Ol¨ªmpico Espa?ol como en raz¨®n de su parentesco con la Casa Real, intencionadamente utilizado para vencer cualquier resistencia".