¡°Ordenaron que se beneficiase a N¨®os¡±
El ministerio p¨²blico ve indicios delictivos en la contrataci¨®n con el instituto de Urdangarin
La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n ha sido rotunda en su escrito al TSJ valenciano sobre las supuestas irregularidades que rodearon la concesi¨®n de contratos al instituto de I?aki Urdangarin, yerno del Rey, para la organizaci¨®n de tres ediciones de los Valencia Summit, congresos sobre eventos deportivos. Las administraciones p¨²blicas locales pagaron m¨¢s de tres millones de euros de dinero p¨²blico a Urdangarin a trav¨¦s de la Ciutat de les Arts i les Ci¨¨ncies (Cacsa) y de la fundaci¨®n municipal Turismo Valencia Convention Bureau (TVCB).
Existen indicios racionales, seg¨²n el ministerio fiscal, de que entre 2003 y 2004 los responsables de N¨®os se reunieron con el presidente Francisco Camps y la alcaldesa Rita Barber¨¢. Los dos pol¨ªticos dieron el visto bueno al proyecto que les present¨® N¨®os y acordaron verbalmente con ellos llevarlo a cabo. ¡°Ordenaron que se beneficiase a N¨®os¡±, considera la fiscal¨ªa.
Sobre el modo, la fiscal¨ªa concluye: ¡°Ni en Cacsa ni en TVCB se abri¨® procedimiento de contrataci¨®n, ni se investig¨® ni document¨® la experiencia y solvencia del instituto, ni se cotejaron los precios de mercado, ni se solicit¨® informe jur¨ªdico de legalidad de la contrataci¨®n ni el procedimiento elegido¡±. El juzgado de Instrucci¨®n 3 de Palma de Mallorca, que investiga el caso N¨®os, atribuy¨® a Camps y Barber¨¢ los delitos de prevaricaci¨®n, malversaci¨®n de fondos p¨²blicos, fraude y falsedad en documentos oficiales.
La fiscal¨ªa apunta tambi¨¦n en direcci¨®n a los dos pol¨ªticos. ¡°Los representantes pol¨ªticos antes aludidos y los representantes del Instituto N¨®os se concertaron para eludir dolorosamente la aplicaci¨®n de la ley de contratos p¨²blicos y beneficiar de forma fraudulenta a N¨®os¡±.
El informe es demoledor. Subraya el precio ¡°totalmente desproporcionado¡± para lo que supone el servicio a realizar de N¨®os y destaca adem¨¢s que no se exig¨ªa la justificaci¨®n del destino de las cantidades abonadas a Urdangarin. ¡°No hay en el expediente una sola factura o documento que acredite que el instituto ha destinado los 1.044.000 euros que recibi¨®¡± a realizar el objeto del convenio, recoge.
Adem¨¢s, el ministerio p¨²blico expone que el primer convenio entre Cacsa y TVCB lleva una fecha ficticia, pues en realidad se firm¨® el 17 y no el 8 de septiembre de 2004. Y se ignoraron todos los controles administrativos que exige la ley.
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