El juez imputar¨¢ a tres presidentes de Adif por el accidente de Santiago
Tambi¨¦n incluir¨¢ en la imputaci¨®n a los consejeros del ente p¨²blico desde que se abri¨® la l¨ªnea El juez ya ha llamado a declarar como imputados a los cargos intermedios de la empresa Adif recurrir¨¢ el auto. Tiene tres d¨ªas para el recurso de reforma y de cinco para el de apelaci¨®n
Desde el 11 de diciembre de 2011, en que entr¨® en servicio la l¨ªnea de alta velocidad Ourense-Santiago, hasta hoy, todos los presidentes y vocales que formaron parte del consejo de administraci¨®n de Adif ser¨¢n imputados por el juez que investiga el accidente de tren en el que se dejaron la vida 79 personas el pasado 24 de julio. En el auto hecho p¨²blico ayer, el magistrado Luis Al¨¢ez solicit¨® al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias que identifique a todos estos cargos y tambi¨¦n a todos los responsables intermedios del ¨¢rea de Seguridad en la Circulaci¨®n en ese periodo: un a?o y nueve meses. De momento, el juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 3 pone nombre y llama a declarar como imputados a cinco de ellos como responsables directos de la seguridad en la l¨ªnea donde se produjo el siniestro. Son: el director de Seguridad en la Circulaci¨®n de todo el ente p¨²blico, Manuel Besteiro Galindo; el jefe de Inspecci¨®n del ?rea de Seguridad en la Circulaci¨®n Noroeste, Jos¨¦ Antonio Garc¨ªa D¨ªez; el gerente del ?rea de Seguridad en la Circulaci¨®n Noroeste, Fernando Reb¨®n Sartal; y dos inspectores, Carlos A.G. y Roberto S.A.
Fuentes de Adif explicaban que el equipo jur¨ªdico de la entidad estaba estudiando la documentaci¨®n y que la empresa p¨²blica recurrir¨¢ el auto. Los mismos portavoces indican que los responsables que ahora trata de identificar el juez, m¨¢s los cinco que ya aparecen como imputados en el auto, engrosan una lista de 29 personas. Entre ellas est¨¢n los tres presidentes que ha tenido el consejo de administraci¨®n en este tiempo, el actual, Gonzalo Ferre (en el cargo desde enero); su antecesor Enrique Verdeguer (al frente desde la llegada del PP al Ejecutivo); y Antonio Gonz¨¢lez Mar¨ªn, ¨²ltimo presidente de la compa?¨ªa con Zapatero. ¡°Las muertes y lesiones ocasionadas por el descarrilamiento del tren¡±, afirma el juez, ¡°son imputables objetivamente a todos ellos, pues todos, delegantes y delegados, han tenido un dominio real sobre la fuente de peligro¡±. ¡°De ah¨ª¡±, concluye el magistrado en su nuevo escrito, ¡°que todos ellos hayan de ser considerados potenciales autores del delito imprudente¡± con ¡°resultados mortales y lesivos que se investiga¡±.
En todos estos responsables ¡°lo decisivo¡±, seg¨²n el juez, ¡°ha sido permitir la circulaci¨®n de trenes por un tramo de l¨ªnea carente de las medidas de seguridad suficientes para mantener el peligro para la vida e integridad de sus usuarios dentro de los l¨ªmites tolerados por el ordenamiento jur¨ªdico¡±. Es decir, ¡°la omisi¨®n¡± de su deber de establecer un sistema de seguridad ¡°que evitase el descarrilamiento¡±, dejando ¡°exclusivamente en manos del maquinista la reducci¨®n de velocidad de 200 a 80 kil¨®metros por hora¡±, la permitida para el fat¨ªdico tramo de la curva de A Grandeira, en el lugar de Angrois, donde ocurri¨® el accidente. Todo esto, dice tambi¨¦n el juez, cuando era ¡°previsible¡± el fallo humano: ¡°No pod¨ªa pas¨¢rseles desapercibido el peligro cierto de desatenci¨®n (somnolencia, cansancio, rutina, etc.) que podr¨ªa materializarse en el descarrilamiento de un tren¡±, insiste.
Ya en su anterior auto, Al¨¢ez hac¨ªa repaso de las carencias en la seguridad, como la supresi¨®n en los Alvia del sistema ERTMS (de conducci¨®n y reducci¨®n de la velocidad autom¨¢ticas) por fallos t¨¦cnicos. Ante esta decisi¨®n, los responsables inmediatos de la Direcci¨®n de Seguridad, en primer t¨¦rmino, y el consejo de administraci¨®n, en su funci¨®n de ¡°supervisi¨®n y control¡± de sus subordinados, tendr¨ªan que haber ordenado instalar unos dispositivos de advertencia ¡°inexistentes¡± en dicho tramo. ¡°Algo tan b¨¢sico¡±, reprocha el magistrado instructor, como ¡°se?ales visuales y sonoras de limitaci¨®n a 80 kil¨®metros por hora o de reducci¨®n progresiva a medida que se produce la aproximaci¨®n¡± al tramo en el que no se pod¨ªa circular m¨¢s r¨¢pido, seg¨²n el reglamento que llevan en la cabina los maquinistas.
El PP bloquea la investigaci¨®n pol¨ªtica en Madrid y Galicia
Ni el Congreso de los Diputados ni el Parlamento gallego investigar¨¢n el accidente del Alvia. En Santiago, la mayor¨ªa absoluta del PP impuso en el pleno celebrado ayer su veto a la investigaci¨®n pol¨ªtica ante sendas peticiones de Alternativa Galega de Esquerda (AGE) y el BNG, que contaron con la abstenci¨®n del PSOE. Los populares argumentaron su negativa recordando que ya hay indagaciones judiciales y t¨¦cnicas en marcha y que los pol¨ªticos podr¨¢n realizar sus propuestas en el Congreso.
¡°Este Parlamento no tiene legitimidad ni potestad legal de investigar el accidente de Angrois¡±, declar¨® el diputado popular Alejandro G¨®mez, quien record¨® que la Xunta carece de competencias ferroviarias. Frente a ello, el portavoz nacionalista, Francisco Jorquera, record¨® que el reglamento de la C¨¢mara gallega permite que ¡°pueda investigar cualquier asunto de inter¨¦s p¨²blico, tenga o no competencias¡±. Igualmente, el portavoz de AGE, Xos¨¦ Manuel Beiras, acus¨® al PP de querer ocultar ¡°un homicidio involuntario no del maquinista, sino del aparato de poder del Estado¡±.
El BNG tampoco tuvo suerte al pedir una investigaci¨®n en el Congreso, donde el PP evit¨® que su propuesta, apoyada por IU, llegase siquiera a ser debatida. En la Junta de Portavoces, el ¨®rgano que decide qu¨¦ temas son tratados en pleno, la petici¨®n de los nacionalistas recab¨® el apoyo de todos los grupos excepto el PP. Los diputados se limitar¨¢n a participar, de forma a¨²n no determinada, en la Comisi¨®n de Investigaci¨®n de Accidentes Ferroviarios (CIAF) de Fomento.
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