El Tribunal Superior detiene la privatizaci¨®n sanitaria de Madrid

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha asestado este mi¨¦rcoles el que, seg¨²n fuentes jur¨ªdicas y empresariales, puede ser el golpe definitivo al proceso de privatizaci¨®n de la gesti¨®n de seis hospitales impulsado por el Gobierno de esa comunidad. La secci¨®n tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha dictado un auto en el que ordena la suspensi¨®n cautelar del proceso hasta que tome una decisi¨®n, lo que puede suponer entre a?o y medio y dos a?os. Ordena que se mantenga la prestaci¨®n sanitaria tal y como est¨¢ hasta que haya sentencia y, sin entrar todav¨ªa en el fondo del asunto, apunta a irregularidades en el concurso de adjudicaci¨®n.

Los magistrados han tomado en consideraci¨®n el hecho de que el paso de estos hospitales a manos privadas afecta a 1,2 millones de madrile?os y a 5.000 profesionales sanitarios y supone trasacciones econ¨®micas de decenas de millones de euros. La sala cree que el plan privatizador ¡°es de unas dimensiones tan extraordinarias¡± que, de seguir adelante y si finalmente una sentencia obligara a volver a la situaci¨®n anterior, los cambios en la gesti¨®n sanitaria p¨²blica ser¨ªan ya ¡°irreversibles¡±. De ah¨ª que acuerde la suspensi¨®n, es decir, ¡°mantener la situaci¨®n existente¡± ahora ¡°hasta que el recurso se resuelva¡±. Contra el auto cabe recurso.

Fuentes pr¨®ximas a las empresas concesionarias consultadas por EL PA?S dan el proceso de privatizaci¨®n pr¨¢cticamente por muerto. De hecho, Ribera Salud, adjudicataria de dos hospitales, ha admitido este mi¨¦rcoles que ha suspendido las reuniones internas con los equipos directivos. Esta empresa cerr¨® la oficina en la que informaba de las condiciones contractuales la semana pasada, cuando otro juzgado de menor rango (el de lo Contencioso-Administrativo 4 de Madrid), tambi¨¦n orden¨® la suspensi¨®n cautelar del proceso. El consejero de Sanidad, Javier Fern¨¢ndez-Lasquetty, reaccion¨® cuestionando la competencia del juzgado y solicitando que decidiera el TSJM. Este mi¨¦rcoles ha obtenido la respuesta que ped¨ªa.

Esta resoluci¨®n judicial responde al recurso presentado por la asociaci¨®n de m¨¦dicos Afem, la m¨¢s activa en la marea blanca de protesta contra la privatizaci¨®n sanitaria. Una colecta entre personal sanitario organizada en febrero pasado permiti¨® contratar a un bufete que inici¨® una ofensiva jur¨ªdica en varios frentes: contencioso-administrativo, penal... La de este mi¨¦rcoles es la mayor victoria del colectivo y deja a la Comunidad de Madrid en una situaci¨®n muy complicada. La gesti¨®n privada de los hospitales ya est¨¢ adjudicada, pero los contratos a¨²n no se han firmado. Todas las fuentes consultadas coinciden en que el Gobierno regional no va a poner en marcha su plan este a?o, y puede que tampoco el pr¨®ximo. Las pr¨®ximas elecciones auton¨®micas est¨¢n previstas para mayo de 2015.

Este mismo tribunal fue el que paraliz¨® el proceso de forma cautelar el 10 de julio pasado a consecuencia de un recurso presentado por el Partido Socialista de Madrid (PSM). Dos semanas despu¨¦s levant¨® la suspensi¨®n al entender que los seis diputados socialistas ¡ªresidentes en las zonas de influencia de los hospitales¡ª ¡°no ostentan un inter¨¦s leg¨ªtimo¡±. El auto de este mi¨¦rcoles s¨ª le reconoce a la asociaci¨®n de m¨¦dicos esa legitimidad y niega el argumento de los abogados de la Comunidad de Madrid, que intentaron tumbar el recurso alegando, entre otras cosas, que Afem no ha participado en elecciones sindicales y no tiene ¡°representatividad¡±.

Tras enumerar las alegaciones de los m¨¦dicos, el auto del TSJM (24 p¨¢ginas) asegura que debe ¡°ponderar los perjuicios¡± para los recurrentes, los licitadores y ¡°el inter¨¦s general¡± que se producir¨ªan si estimara el recurso una vez adjudicados los hospitales y ¡°una vez entregada la gesti¨®n del servicio p¨²blico a las concesionarias¡±. Una de las cuestiones que destaca es una modificaci¨®n de las condiciones del concurso que hizo la Comunidad de Madrid solo cuatro d¨ªas antes de que se cerrara el plazo.

Mediante una correcci¨®n de errores en el bolet¨ªn oficial modific¨® las garant¨ªas que deben depositar las concesionarias (avales para cubrir incumplimientos de contrato y penalidades, da?os y perjuicios...) y las redujo a una d¨¦cima parte (de 233 millones de euros a 28). La oposici¨®n pol¨ªtica y la marea blanca lo calificaron de ¡°regalo¡± a las empresas para facilitar que concursaran. El cambio, dice el tribunal, ¡°supone una modificaci¨®n sustancial de las condiciones¡± que ¡°podr¨ªa haber limitado el principio de libre concurrencia competitiva¡±. Esta es, a?ade, ¡°una circunstancia que no puede ser obviada por la Sala¡± al resolver sobre si suspende cautelarmente el proceso o no.

El Gobierno madrile?o ha asegurado este mi¨¦rcoles que su plan a¨²n est¨¢ pendiente de la decisi¨®n de los tribunales y que las resoluciones judiciales ¡°contradictorias¡± generan ¡°confusi¨®n¡±. Por su parte, Afem ha mostrado su ¡°satisfacci¨®n¡± con el auto e invitado a la Comunidad de Madrid a negociar con los profesionales sanitarios ¡°la reforma que necesita el sistema, y que no era el plan calamitoso que plantearon ellos y que solo beneficiaba econ¨®micamente a unas empresas y no a los pacientes¡±, seg¨²n su portavoz, Patricia Alonso.