El fiscal recurre por inconsistente el auto de Alaya contra Gri?¨¢n y Chaves

La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n cree que el auto en el que la juez Mercedes Alaya ve en el fraude de los ERE ¡°cierta carga incriminatoria¡± de los expresidentes andaluces Manuel Chaves y Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n no est¨¢ suficientemente motivado. Desde que el pasado martes, durante la toma de posesi¨®n del Gobierno de Susana D¨ªaz, se difundi¨® el escrito en el que Alaya marca el camino para una posible imputaci¨®n de Gri?¨¢n y Chaves el fiscal ha estado analizando el auto y, finalmente este viernes, present¨® un recurso ante la Audiencia Provincial de Sevilla. La fiscal¨ªa cree que la resoluci¨®n de Alaya ¡°adolece de la motivaci¨®n necesaria¡± sobre los hechos que pueden implicar en el caso a los dos expresidentes y cinco exconsejeros andaluces, lo que ¡°puede generar la misma indefensi¨®n¡± que la juez dijo que quer¨ªa evitar con su escrito.

Junto a Gri?¨¢n y Chaves, el auto dictado por Alaya pone en el punto de mira a los exconsejeros de la Junta Carmen Mart¨ªnez Aguayo, Antonio ?vila, Manuel Recio, Jos¨¦ Antonio Viera y Francisco Vallejo. Todos ellos est¨¢n aforados al ser diputados en el Parlamento andaluz o en el Congreso, por lo que la juez instructora de los ERE no puede ni imputarles ni investigarles directamente. Por eso se ampar¨® en el art¨ªculo 118 bis de la ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite a los aforados sobre los que haya indicios de delito personarse en una causa, acceder a las diligencias, proponer pruebas, participar en los interrogatorios o declarar voluntariamente ante el juez instructor.

El fiscal comparte con la juez que ese art¨ªculo 118 bis puede usarse en la causa, pero no como ella lo ha hecho. Alaya afirma en su auto que no pretende acogerse todav¨ªa a la potestad de elevar al Tribunal Supremo una exposici¨®n razonada en la que se detallen los hechos que atribuye a las siete personas a las que se?ala. Y sin exposici¨®n razonada al Supremo, la ¨²nica alternativa para acogerse a ese art¨ªculo es la existencia de una denuncia o querella contra los aforados, de ah¨ª que Alaya argumentara que su escrito es ¡°asimilable a la admisi¨®n a tr¨¢mite de denuncia o querella¡±.

Pero el fiscal le recuerda a la juez que no existe en toda la instrucci¨®n de los ERE ninguna denuncia, querella o atestado policial que aporte ¡°si quiera un concreto relato de hechos e indicios de responsabilidad penal¡± sobre alguno de los citados aforados. Y el auto de la juez no logra tampoco cumplir ese papel porque de su lectura, advierte el fiscal, ¡°no se alcanza a conocer, por falta de individualizaci¨®n, cu¨¢les son los concretos hechos investigados¡± que pueden atribuirse a las siete personas a las que se?ala.

El fiscal va incluso m¨¢s all¨¢ y asegura que no ve indicios de delito de Chaves, de Gri?¨¢n ni de los cinco exconsejeros en ninguna de las actuaciones procesales en las que Alaya basa sus sospechas: las declaraciones del ex director general de Empleo o del exinterventor de la Junta, los informes de la Intervenci¨®n, la documentaci¨®n presupuestaria y la relativa a las subvenciones en la Sierra Norte de Sevilla. Estas actuaciones, afirma la fiscal¨ªa, ¡°no contienen per se un relato suficiente de hechos o indicios criminalmente relevantes que afecten de manera precisa a cada uno de los siete aforados¡±.

La fiscal¨ªa advierte tambi¨¦n a la juez de que para aplicar el art¨ªculo 118 bis a los aforados no es suficiente con dictar una resoluci¨®n judicial como la que ella redact¨®. ¡°No basta con un mero traslado formal o rituario¡±, se?ala el fiscal. ¡°Sino que el aforado, para poder satisfacer su derecho de defensa, debe conocer por medio de dicho auto cu¨¢les son los hechos concretos que se investigan y que le pueden afectar o vincular¡±. Adem¨¢s, las personas se?aladas tienen tambi¨¦n derecho a saber la ¡°calificaci¨®n jur¨ªdica o tipificaci¨®n, aunque sea indiciaria¡± de los hechos que se le atribuyen.

Al final de su argumentaci¨®n, desarrollada en seis folios, la fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n concluye que la forma en la que ha actuado Alaya ¡°genera indefensi¨®n¡± en los aforados porque les impide ¡°ejercer adecuadamente sus derechos de defensa¡±. Para corregirlo, le pide que anule el auto del pasado martes y dicte uno nuevo en el que concrete los hechos por los que Chaves, Gri?¨¢n y los cinco exconsejeros deben ser investigados. El fiscal no sugiere a Alaya que eleve el caso al Tribunal Supremo, pero si la juez atiende su petici¨®n y detalla la implicaci¨®n de cada uno de los aforados, no le quedar¨¢ otra salida que derivar la causa al Alto Tribunal y perderla.