El puerto encalla en el juzgado

La imagen de Rafael Aznar es indisociable de las escenas que ha propiciado el poder en Valencia en los ¨²ltimos a?os. Desde que en septiembre de 2004 accedi¨® al cargo, el presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) siempre se ha situado en la zona de impacto medi¨¢tico de los principales actos de la Generalitat o las organizaciones empresariales. No son pocos los que consideran que ese exceso de vistosidad le est¨¢ ahora pasando factura.

Una denuncia an¨®nima ante la Fiscal¨ªa de Valencia ha sacudido su confortable pedestal desde finales de julio. Sobre ¨¦l pesa la acusaci¨®n de una posible malversaci¨®n y prevaricaci¨®n que supera los 40 millones de euros, as¨ª como el cobro de supuestos sobresueldos incompatibles con el cargo, junto a otros dos directivos (unos 77.000 euros cada uno), a trav¨¦s de una empresa participada mayoritariamente por la APV, Valencia Plataforma Intermodal (VPI).

La gesti¨®n de Aznar ha entrado en la cadena de trituraci¨®n judicial, mientras que los resultados del puerto bajo su mandato han marcado un hito al convertirse en la instalaci¨®n de referencia del contenedor en el Mediterr¨¢neo. Fuentes del puerto defienden que su gesti¨®n ha sido auditada todos los ejercicios por la Intervenci¨®n General de la Administraci¨®n del Estado (IGAE) sin que haya detectado ¡°ninguna ilegalidad¡±. Asimismo, aseguran que el Tribunal de Cuentas ha estado metido durante a?o y medio en la sede de la APV revisando la contabilidad con el mismo resultado.

Los directivos denunciados declarar¨¢n a partir de noviembre

Sin embargo, en el informe de 2012 de la IGAE s¨ª se consignaron como an¨®malos los pagos de VPI a los directivos en concepto de dietas, que, por otra parte, al igual que el resto de operaciones bajo sospecha, recibieron la aprobaci¨®n del consejo de administraci¨®n. Las mismas fuentes niegan que se tratara de ¡°sobresueldos¡±, sino de ¡°trabajos¡±. En ese sentido, tanto Aznar como los otros directivos han alcanzado un acuerdo con la IGAE para devolver el dinero.

La fiscal¨ªa, tras las diligencias testificales, llev¨® la denuncia an¨®nima ante el juez, quien requiri¨® informaci¨®n contable tanto a la APV como a la IGAE sobre los a?os 2007-2011, que ser¨¢s escrutada por dos peritos. La interventora del puerto est¨¢ citada a declarar el 1 de octubre y la previsi¨®n es que a partir de noviembre sean llamados Aznar y los otros directivos que se personaron en la causa en condici¨®n de denunciados para declarar.

Pero mientras la justicia trata de dilucidar a su ritmo un caso que en el seno de la APV se considera de ¡°poco recorrido¡±, Aznar crepita sobre la parrilla medi¨¢tica con el consiguiente desgaste para la instituci¨®n portuaria. La situaci¨®n de vulnerabilidad en la que se halla, habiendo sido propuesto para el cargo por el anterior presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ha reactualizado todas las posibles faltas que arrastra su trayectoria, y que en este contexto se cargan de significado. Uno de sus hijos trabaja en Cyes, una de las principales adjudicatarias de obras del puerto, y una hija lo ha hecho varios a?os en la consultora que realiz¨® un plan estrat¨¦gico para la APV. Adem¨¢s, Aznar vive en un piso promovido y construido por la divisi¨®n inmobiliaria de Cyes y financiado por Bancaja, entidad en la que presidi¨® la comisi¨®n de control y de la que fue consejero general hasta 2006.

El entorno de Aznar considera que el caso tiene ¡°poco recorrido¡±

Bajo sus pies, asimismo, ha empezado a moverse el suelo por otras presuntas incoherencias en la gesti¨®n que habr¨ªan derivado en sobrecostes. Los recelos acumulados en el Gobierno central respecto a Aznar afloraron en el ¨²ltimo convenio del puerto con los trabajadores. A pesar de que fue ratificado por Puertos del Estado, el ministro de Hacienda, Crist¨®bal Montoro, lo tumb¨® por ser un acuerdo al alza en medio de un panorama de recortes.

Pese a que las cuentas de la APV son positivas y el negocio ha sido ascendente en un entorno de crisis, el Gobierno ha sopesado que otros puertos como el de Barcelona, Tarragona o Algeciras, resultan m¨¢s eficientes en t¨¦rminos de productividad y explotaci¨®n. La APV alega que, siendo cierto, en esas instalaciones cuenta mucho la gesti¨®n inmobiliaria hecha (Barcelona), la posesi¨®n de refiner¨ªas (Tarragona y Algeciras) o el bunkering (Algeciras), mientras que Valencia ha optado por hacer m¨¢s competitivos los precios y transferir la generaci¨®n econ¨®mica a las empresas consignatarias.

Significativos empresarios afirman en privado que la situaci¨®n que atraviesa Aznar no se sostiene porque puede acabar afectando al puerto de manera decisiva. El mismo presidente de AVE, el naviero Vicente Boluda, aludi¨® a ese ¡°da?o comercial¡± al salir el pasado mi¨¦rcoles en su defensa como portavoz de este selecto grupo de empresarios inspirado por el presidente de Mercadona, Juan Roig. Para Boluda, este ¡°l¨ªo¡±, que puede deberse a ¡°un error¡±, resulta muy perjudicial en un momento en que Algeciras y Marsella han construido terminales semiautom¨¢ticas que ¡°pueden hacer bastante pupa¡± a Valencia.

El presidente de AVE trataba de salir al paso de un debate que no solo est¨¢ calando en el seno de la clase empresarial valenciana, sino tambi¨¦n en la pol¨ªtica. Una semana antes, el vicepresidente del Consell, Jos¨¦ Ciscar, tambi¨¦n tuvo que echar un capote a Rafael Aznar anteponiendo sus resultados a su gesti¨®n, pero la cosa no ha hecho m¨¢s que empezar.