El juez no ve delito en los cobros de Ricard Guti¨¦rrez en el Sant Pau

Una de las tres patas de la investigaci¨®n judicial sobre las irregularidades en el hospital de Sant Pau se tambalea. El juez ha archivado la causa para seis de las ocho personas que estaban imputadas por presuntos contratos ficticios a directivos del centro. La mayor¨ªa de los sueldos bajo sospecha ¡°se abren a consideraciones sobre su oportunidad y necesidad, pero no puede decirse que se trate de una ficci¨®n¡±, recoge el auto.

El juez subraya que no se trata de contratos ¡°carentes de toda contraprestaci¨®n¡±. Por eso concluye que las presuntas irregularidades ¡°exceden del ¨¢mbito penal¡±. ¡°El proceso penal¡±, a?ade, ¡°no puede ser el lugar para valorar la correcta administraci¨®n de un centro hospitalario¡±. Esa afirmaci¨®n no impide, subraya, que deban aplicarse ¡°otros mecanismos de control¡± para evitar abusos en el uso de fondos p¨²blicos. El archivo provisional afecta tanto a los contratados como a los directivos que requirieron de sus servicios. Todos ellos estaban imputados por un presunto delito de malversaci¨®n de fondos p¨²blicos.

Entre los primeros figuran el exgerente adjunto Ricard Guti¨¦rrez y la facultativa Merc¨¨ Cruells. Seg¨²n la denuncia inicial, el hospital sigui¨® pagando a Guti¨¦rrez un sueldo superior a los 100.000 euros anuales durante siete a?os ¡ªentre 2004 y 2011¡ª cuando ya no trabajaba en el centro. El juez ha dado credibilidad a la defensa de Guti¨¦rrez, que aleg¨® que aunque ya no ejerc¨ªa de gerente adjunto, s¨ª estaba trabajando por encargo del hospital en una c¨¢tedra universitaria. Cruells, que fue responsable de Atenci¨®n Ciudadana en el Departamento de Salud cuando lo comandaba la socialista Marina Geli, tambi¨¦n fue imputada ante las sospechas de que cobr¨® sin trabajar. Un informe de la Guardia Civil, sin embargo, ya apuntaba que s¨ª ejerci¨® funciones de ¡°facultativa colaboradora¡± en el Sant Pau.

Los otros cuatro imputados son exdirectivos que tuvieron un papel relevante en las contrataciones. Se trata del exgerente Joaquim Esperalba; del responsable de recursos humanos Felipe Carbajo; y de los exgerentes Jordi Bachs y Josep Antoni Grau. Este ¨²ltimo, sin embargo, sigue imputado en una de las tres piezas en las que se ha dividido la investigaci¨®n del Sant Pau: la que afecta a los sobrecostes millonarios en las obras del nuevo hospital.

Solo una de las contrataciones pudo ser realmente ficticia, concluye el juez. Por ello mantiene imputados al contratante, Jordi Varela, y al contratado, Jos¨¦ Ignacio Cuervo. Varela fue responsable de la fundaci¨®n que gestiona la atenci¨®n sanitaria en el Sant Pau entre 2008 y 2012. Cuervo fue concejal por el PSC en Barcelona y delegado de la Generalitat en Madrid hasta 2010. Seg¨²n el informe de la Guardia Civil que figura en la causa, Cuervo recibi¨® dos sueldos por el mismo trabajo. Cuervo aterriz¨® en el Sant Pau en enero de 2011 para colaborar en un nuevo campus de excelencia y un nuevo instituto de investigaci¨®n. Por ese trabajo tuvo dos pagadores: el hospital y el Instituto Catal¨¢n de la Salud (ICS). Esa irregularidad sucedi¨® con ¡°conocimiento pleno¡± por parte de Varela y el resto de directivos del hospital. De acuerdo con la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, el juez cita a declarar como imputados a ambos para el pr¨®ximo 24 de octubre.

¡°Nuestra intenci¨®n es clarificar lo ocurrido y depurar responsabilidades. Consideramos que juez y fiscal est¨¢n haciendo su trabajo¡±, detall¨® ayer Carmen P¨¦rez, la m¨¦dico que denunci¨® el caso. P¨¦rez anunci¨® que recurrir¨¢ el archivo del caso de Ricard Guti¨¦rrez.

Las otras dos patas del caso ¡ªel sobrecoste de las obras y la transferencia de recursos entre las fundaciones que integran el Sant Pau¡ª contin¨²an inc¨®lumes. Por el desfase presupuestario (de hasta 77 millones) y la asignaci¨®n, a dedo de algunos contratos est¨¢n imputadas otras nueve personas.