El juez anula el r¨¦gimen abierto que Gord¨® dio a los expresidentes de FGC

Enric Roig y Antoni Herce han disfrutado de un verano apacible. Gracias al tercer grado que les concedi¨® el Departamento de Justicia a principios de julio, los dos expresidentes de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) condenados a cuatro a?os y medio de c¨¢rcel por malversar 2,7 millones de euros han sido libres durante el d¨ªa y solo han tenido que volver a prisi¨®n de noche, a dormir. Pero el oto?o llega sombr¨ªo. Un juez de vigilancia penitenciaria ha anulado, a petici¨®n de la fiscal¨ªa, el r¨¦gimen de semilibertad del que se beneficiaron Herce y Roig cuando apenas hab¨ªan pasado 48 d¨ªas entre rejas.

El juez revoca el r¨¦gimen abierto por la gravedad del delito y por la ¡°escasa fracci¨®n de condena cumplida¡±, que ni siquiera les ha dado margen para disponer de permisos de salida o someterse a un tratamiento que les rehabilite. Justicia se adelant¨® un a?o a lo que es habitual con el com¨²n de los presos: es el pr¨®ximo verano, y no el pasado, cuando los expresidentes de FGC habr¨¢n cumplido un cuarto parte de su condena y cuando podr¨¢ hablarse de dejarles ir a casa cada ma?ana.

Los exdirectivos malversaron 2,7 millones de la empresa p¨²blica

Roig y Herce actuaron, a?ade el escrito, guiados por un ¡°¨¢nimo de lucro desmedido¡± y, lo que el juez considera a¨²n m¨¢s grave, no han asumido del todo su responsabilidad por los hechos. Roig, que presidi¨® la empresa p¨²blica entre 1993 y 1993 ¡°efect¨²a una aceptaci¨®n parcial del delito¡±, seg¨²n su informe psicol¨®gico. Y Herce, que le sucedi¨® un a?o en el cargo, atribuye la responsabilidad a terceros y ¡°mantiene un discurso de autocr¨ªtica que no se corresponde con el contenido de la sentencia¡±. Mantenerles en prisi¨®n es necesario para que adquieran ¡°plena comprensi¨®n sobre la ilicitud de su comportamiento¡±.

El fallo de la Audiencia de Barcelona recoge que, en 1991, los ex altos cargos constituyeron un fondo de pensiones ilegal para directivos a espaldas de la Administraci¨®n y al margen de cualquier control. Un total de 15 directivos se repartieron 2,7 millones, aunque solo Herce y Roig fueron condenados. Albert Vilalta, que fue consejero de Medio Ambiente en la Generalitat de Jordi Pujol y secretario de Estado de Infraestructuras con Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, tambi¨¦n fue juzgado. Los magistrados concluyeron que prevaric¨®, pero tuvieron que absolverle porque el delito hab¨ªa prescrito.

Hay ¡°aspectos positivos¡± que juegan a favor de los dos presos, relata el juez: carecen de antecedentes penales, tienen s¨®lidos v¨ªnculos familiares y est¨¢n dispuestos a abonar la responsabilidad civil. Roig, por ejemplo, ha ofrecido dos fincas y se ha comprometido a efectuar ¡°pagos mensuales¡±. Herce tambi¨¦n realiza pagos peri¨®dicos. Pero las ¡°circunstancias negativas¡± pesan m¨¢s a la hora de decidir, dice el juez, que recuerda la ¡°naturaleza de la infracci¨®n criminal¡± y lo elevado de las penas. Solo en ¡°circunstancias muy excepcionales¡±, que no se dan en este caso, podr¨ªa conced¨¦rseles ahora el tercer grado de forma ten prematura, razona.

El juez critica que se ¡°vac¨ªe de contenido¡± una condena

El r¨¦gimen abierto fue acordado de forma un¨¢nime, el 4 de julio, por la junta de tratamiento de Quatre Camins (Granollers). Los t¨¦cnicos valoraron que era la primera vez delinqu¨ªan, pero tambi¨¦n su edad ¡ªson ancianos¡ª, el tiempo transcurrido y su adaptaci¨®n al r¨¦gimen carcelario. Tambi¨¦n aludieron a su ¡°esfuerzo reparador¡±, aunque a¨²n no han pagado ni una cuarta parte de los 2,7 millones.

Al d¨ªa siguiente, la Direcci¨®n General de Servicios Penitenciarios acord¨® clasificarlos en tercer grado. Herce y Roig fueron trasladados al centro abierto de Barcelona. El presidente de la Generalitat, Artur Mas, aval¨® la decisi¨®n porque est¨¢ amparada en ¡°la legalidad vigente¡± y descart¨® cualquier trato de favor.

El juez del juzgado de vigilancia penitenciaria n¨²mero 6 de Catalu?a, Esteban Farr¨¦, critica en su auto ¡ªque puede ser recurrido¡ª que la administraci¨®n ¡°convierta una pena privativa de libertad en una pena restrictiva de libertad¡±, lo que a su juicio ¡°vac¨ªa de contenido¡± una sentencia condenatoria. Farr¨¦ coincide con las tesis de la fiscal¨ªa, que vio en el arrepentimiento de Roig y Herce m¨¢s ¡°un temor al castigo que un rechazo¡± del delito. Ese temor qued¨® patente cuando, para evitar el ingreso en prisi¨®n, solicitaron el indulto al Gobierno central. El Ejecutivo no lo concedi¨® y la Audiencia de Barcelona orden¨® su encarcelamiento.