Bombardeo sobre poblaci¨®n

A Espa?a le cabe el honor de haber escrito, junto con otras p¨¢ginas brillantes de la historia universal, el dudoso privilegio de haber realizado atrocidades como, por ejemplo, el primer bombardeo planificado de aviaci¨®n, algo que tuvo lugar el 5 de noviembre de 1913, en la Guerra de Marruecos. Por cierto, que tambi¨¦n fuimos innovadores en el uso de bombas qu¨ªmicas en la misma desdichada aventura colonial.

Asimismo, con ocasi¨®n de la Guerra Civil espa?ola, Durango fue la primera poblaci¨®n indefensa bombardeada de Europa, aunque el m¨¢s famoso ataque de este tipo, junto con los bombardeos nucleares de Hiroshima y Nagasaki, es el que fue llevado a cabo por la aviaci¨®n nazi, a las ¨®rdenes de Franco, el 26 de abril de 1937 sobre Gernika.

Dejando de lado la destrucci¨®n estrat¨¦gica de v¨ªas de comunicaci¨®n, fortificaciones, instalaciones o f¨¢bricas de armamento o material de guerra, el bombardeo a¨¦reo, en t¨¦rminos generales, suele consistir en un ataque contra objetivos indefensos con el prop¨®sito de desmoralizar a la poblaci¨®n civil y a las autoridades para conseguir la rendici¨®n del enemigo.

Como consecuencia de su falta de precisi¨®n, la destrucci¨®n provocada suele ser inmensa. Poco importa. Desde el inicial sonido de las sirenas, toda la acci¨®n est¨¢ orientada a quebrar la resistencia moral de las v¨ªctimas. El bombardeo sobre poblaci¨®n forma parte de lo que denominar¨ªamos guerra psicol¨®gica. Una poblaci¨®n lo suficientemente aterrorizada es una poblaci¨®n derrotada de antemano.

Este tipo de estrategia, la del da?o inmenso, impreciso e innecesario que se cierne de manera brutal sobre v¨ªctimas potenciales indefensas, no se limita al ¨¢mbito estrictamente militar, sino que puede ser empleada eficazmente para la desmoralizaci¨®n de cualquier colectivo en una situaci¨®n de conflicto y muy singularmente en el conflicto pol¨ªtico y social.

La amenaza eficiente de una ruina personal absoluta, que parte de la p¨¦rdida del empleo para seguir consecuentemente con la de la vivienda, el patrimonio individual y el sentido personal de la propia vida, en muchos casos, puede llevar (y de hecho, lleva) a las personas a aceptar todo tipo de recortes de sus derechos y de su bienestar y a aceptar robos manifiestos que ser¨¢n, entonces, percibidos como un ¡°mal menor¡±, cuando no como un ¡°mal necesario¡±.

Resulta, en efecto, una estrategia particularmente cruel. El art¨ªculo 22 del C¨®digo Penal determina que el abuso de superioridad que debilite las posibilidades de defensa del ofendido constituye una circunstancia agravante. ?C¨®mo podr¨ªamos denominar a lo que se est¨¢ haciendo con la gente, sino como una estrategia alevosa y cruel de empobrecimiento colectivo?

As¨ª, tras la dictadura de Franco, la poblaci¨®n espa?ola instaur¨® esperanzada un Estado de Derecho democr¨¢tico. Era la ley, se supon¨ªa, el canon que habr¨ªa de resolver los conflictos sociales. Nunca m¨¢s la revoluci¨®n ni el fascismo. ?Nunca!

Ahora bien, para que el sistema democr¨¢tico funcione es imprescindible que la ley sea razonablemente neutral e igual para todos. Tras un proceso electoral en el que todas las opciones pueden plantear sus postulados, el electorado escoge y eso es lo que se convierte en norma jur¨ªdica. Lo cierto, sin embargo, es que las cosas no son as¨ª. Los poderes extrapol¨ªticos, los poderes econ¨®micos, los poderes corporativos, la Iglesia cat¨®lica, en fin, ejercen su influencia sobre los legisladores para determinar a su favor normativas y decisiones de todo tipo.

A la ciudadan¨ªa, que no tiene m¨¢s capacidad de influencia que la estrictamente electoral, una vez consultadas las urnas, no le queda sino atenerse a la legislaci¨®n vigente, a los procedimientos y a las decisiones del Gobierno y de la Administraci¨®n. Pero esa legislaci¨®n vigente, como digo, no es igualitaria ni neutral. Todas las normas est¨¢n hechas a satisfacci¨®n, imagen y semejanza de los intereses y de los privilegios de los poderosos. ?C¨®mo puede exigirse, entonces, que la gente, que la ciudadan¨ªa, que los trabajadores, que los pobres en definitiva, busquen exclusivamente su amparo y su defensa en el Estado de Derecho?

Pongamos un sencillo ejemplo. El marco legal del cr¨¦dito hipotecario en Espa?a es el que es y bajo ese marco legal firmaron sus hipotecas los hoy desahuciados, no hay mucho que discutir. Ante el impago del cr¨¦dito, producido por la p¨¦rdida del puesto de trabajo, nos devanamos los sesos buscando f¨®rmulas paliativas para los desahucios de hoy, pero ?por qu¨¦ no cambiar el marco legal para el futuro? La daci¨®n en pago, por ejemplo, no aparece como viable para muchas de las hipotecas firmadas anta?o y que hoy se ejecutan, pero ?por qu¨¦ el legislador no modifica esta situaci¨®n para el ma?ana? ?Qu¨¦ o qui¨¦n lo impide?

As¨ª, para la gente com¨²n, para las clases trabajadoras, la fuerza solo puede derivar de su unidad y de su movilizaci¨®n, de su resistencia y de su capacidad de hacer ver al poder, al capital o al poder pol¨ªtico, que el sistema bajo el que vivimos y que respetamos, si es demasiado injusto, puede ser desbordado. Porque la legislaci¨®n vigente necesita, adem¨¢s de ser legal, ser leg¨ªtima y el sistema pol¨ªtico ha de recuperar una neutralidad social que hace tiempo perdi¨® irresponsablemente.

Se est¨¢ bombardeando poblaci¨®n indefensa. La crueldad social puede terminar saliendo muy cara.

Rafael Iturriaga es vocal de la Autoridad Vasca de la Competencia.