La juez Coro Cill¨¢n, inhabilitada 15 a?os por un delito de prevaricaci¨®n
Contrat¨® como administrador judicial de una discoteca a "un amigo ¨ªntimo"
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid? ha condenado a la juez de Instrucci¨®n n¨²mero 43 de Madrid, Mar¨ªa del Coro Cill¨¢n Garc¨ªa de Iturrospe, a una pena de inhabilitaci¨®n de 15 a?os para ejercer cualquier cargo p¨²blico, al haberla encontrado culpable de un delito de prevaricaci¨®n en la administraci¨®n judicial de la discoteca madrile?a Moma. Igualmente se la condena a 18 meses de multa a raz¨®n de 15 euros diarios.
Las sanciones y el juicio contra la juez se abrieron a ra¨ªz de una denuncia en la que uno de los propietarios de la discoteca acusaba a la magistrada de colaborar con sus socios para conseguir el traspaso del establecimiento. Los magistrados, en su sentencia, le dan la raz¨®n y consideran que Cill¨¢n coloc¨®, adem¨¢s, como administrador judicial de la discoteca a un "amigo ¨ªntimo" y le concedi¨® un sueldo de 2.500 euros mensuales.
El Consejo General del Poder Judicial hab¨ªa suspendido? cautelarmente el pasado mes de abril a la juez tras la apertura de juicio oral contra la juez.
La sentencia considera que la conducta de la juez en el curso de este proceso debe ser calificada de prevaricaci¨®n (tomar decisiones injustas a sabiendas) y la condena por ese delito.
En el juicio, Coro Cill¨¢n conocida por reabrir en falso el caso del 11-M , asegur¨® que acord¨® que se precintara la discoteca Moma en septiembre de 2011 a ra¨ªz de la denuncia de uno de los socios. El objetivo era evitar, seg¨²n ella, que hubiera otra muerte como la del joven ?lvaro Uss¨ªa en 2008, a manos de un portero de la discoteca El Balc¨®n de Rosales. El 21 de septiembre de 2011, cuando Cill¨¢n se encontraba de guardia, recibi¨® una denuncia de Alberto Vos, socio de la discoteca Moma 56 S. L., contra Fernando Robes, tambi¨¦n socio. En ella se ped¨ªa el precinto del local y un cambio de administradores.
En contra del criterio de la fiscal de guardia, que aleg¨® una falta de comprobaci¨®n de los hechos denunciados, Cill¨¢n cerr¨® y sigui¨® tramitando el asunto en vez de enviarlo a otro juzgado, como recogen las normas de reparto de asuntos vigentes entre juzgados de instrucci¨®n. Al d¨ªa siguiente, nombr¨® a un administrador judicial y dos d¨ªas despu¨¦s nombr¨® a otros tres administradores, entre ellos Francisco Javier Caballero, con un sueldo de 2.500 euros. La fiscal que estaba de guardia el primer d¨ªa, Soledad Garc¨ªa, aleg¨® que Caballero era su supuesto ¡°novio¡±.
As¨ª, la justicia sostiene que Cill¨¢n prevaric¨®, ya que dictamin¨® varias resoluciones injustas.? "No eran sostenibles jur¨ªdicamente", asevera el tribunal madrile?o y a?ade que no cumpl¨ªan "los m¨ªnimos par¨¢metros de motivaci¨®n".
Estas decisiones, dice la sentencia, "no eran sostenibles jur¨ªdicamente mediante ning¨²n m¨¦todo aceptable de interpretaci¨®n de la ley, ni cumpl¨ªan los m¨ªnimos par¨¢metros de motivaci¨®n, constitucionalmente exigible".
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