El juez denuncia el ¡°silencio¡± de Millet sobre la ¡°financiaci¨®n ilegal¡± de CDC

La actitud de F¨¨lix Millet durante la investigaci¨®n judicial el expolio del Palau de la M¨²sica dista mucho de ser de colaboraci¨®n. M¨¢s bien al contrario: el expresidente de la instituci¨®n musical se ha limitado a reconocer ¡°una parte muy menor¡± del saqueo ¡ª24 millones de euros¡ª y ha ofrecido ¡°algunos de sus bienes, que no todos¡±, seg¨²n el juez que investiga el caso. En un nuevo auto, el magistrado Josep Maria Pijuan subraya que Millet ha mantenido un ¡°inmutable silencio¡± sobre los hechos y, ¡°de modo especial¡±, en lo que se refiere a ¡°los fondos destinados a la presunta financiaci¨®n ilegal de Converg¨¨ncia Democr¨¤tica de Catalunya¡±.

El juez ha elevado a 6,6 millones el dinero que, presuntamente, se embols¨® el partido nacionalista en comisiones de Ferrovial a cambio de adjudicar obras p¨²blicas de gran envergadura ¡ªla l¨ªnea 9 del metro, la Ciudad de la Justicia¡ª a la constructora. En julio, cuando dio por concluida la instrucci¨®n, Pijuan fij¨® la cifra en 5,1 millones. Pero el fiscal anticorrupci¨®n Emilio S¨¢nchez Ulled advirti¨® de un ¡°error material¡± en el informe de la Agencia Tributaria que el juez ha asumido.

Entre 2000 y 2007, los extesoreros de Converg¨¨ncia, Carles Torrent ¡ªya fallecido¡ª y Daniel Os¨¢car ¡ªuno de los imputados en la causa¡ª recibieron en efectivo 3,7 millones y no 2,2 hab¨ªa dicho inicialmente el juez. El resto de los fondos il¨ªcitos llegaron a CDC mediante ¡°facturas falsas¡± emitidas por cinco empresas y convenios de colaboraci¨®n ¡°aparentes¡± con la Fundaci¨®n Trias Fargas, ligada a la formaci¨®n que dirige Artur Mas. En el escrito, el juez confirma la condici¨®n de responsable civil de CDC a t¨ªtulo lucrativo y justifica el embargo de su sede central, en la calle de C¨°rsega de Barcelona.

El juez resalta en su escrito la ¡°ambig¨¹edad¡± de ¡°algunas acusaciones particulares¡± a la hora de reclamar a Converg¨¨ncia. Se trata de una clara alusi¨®n al Palau de la M¨²sica, que en su escrito de acusaci¨®n pidi¨® penas muy elevadas de c¨¢rcel para Millet y quien fue su mano derecha, Jordi Montull (81 a?os), pero en cambio opt¨® por exonerar de toda responsabilidad al partido. Y eso a pesar de que la instituci¨®n s¨ª result¨® perjudicada: Ferrovial camufl¨® las comisiones, seg¨²n los investigadores, como generosas aportaciones al Palau en concepto de patrocinio.

Pijuan desestima la inmensa mayor¨ªa de recursos que plantearon las defensas contra su resoluci¨®n de julio. Os¨¢car considera que su imputaci¨®n no est¨¢ suficientemente motivada y niega que las anotaciones de ¡°Daniel¡± que figuran en la causa aludan a ¨¦l. El juez considera, no obstante, que hay ¡°fundados indicios¡± de que ¡°Daniel¡± es Os¨¢car, tal como figura en las anotaciones de reuniones, agendas y pagos. ¡°Es una conclusi¨®n basada en la l¨®gica, no en el absurdo¡±, concluye.

Pese a elogiar el ¡°encomiable empe?o en perseguir las conductas il¨ªcitas¡± por parte de la Federaci¨®n de Asociaciones de Vecinos de Barcelona, que ejerce la acusaci¨®n popular, el juez desestima la petici¨®n de los vecinos de investigar una presunta malversaci¨®n de fondos del Ministerio de Cultura en las obras de reforma del Palau. No hay ¡°indicios suficientes que llevan a la sospecha fundada¡± de que se produjo una doble facturaci¨®n en esas obras, ni del desv¨ªo de fondos a trav¨¦s de los trabajos hacia la Fundaci¨®n FAES, ¡°ni directamente ni a trav¨¦s de su filial Institut Catalunya Futur¡±.

Los dos directivos de Ferrovial imputados, Pedro Buenaventura y Juan Elizaga, consideran que no hay delito porque el juez no ha determinado qu¨¦ responsables p¨²blicos del Gobierno catal¨¢n fueron, presuntamente, influenciados para otorgar las obras a esa constructora. Pijuan admite que no hay indicios de que las adjudicaciones ¡°pudieran ser consideradas no ya il¨ªcitas, sino ni siquiera irregulares¡±. Por ese motivo, dice, no se ha atribuido a los imputados un delito de prevaricaci¨®n o de falsedad. Esa ausencia de irregularidades, matiza, ¡°no es obst¨¢culo¡± para atribuir un delito de tr¨¢fico de influencias que ¡°habr¨ªa favorecido¡± las adjudicaciones.