Castedo teme el ¡®efecto Brugal¡¯

La sombra del presunto ama?o del Plan General de Ordenaci¨®n Urbana (PGOU) de Alicante para beneficiar al constructor Enrique Ortiz hostiga desde hace tres a?os a la alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo. La regidora del PP quita en p¨²blico hierro a su imputaci¨®n por cohecho, tr¨¢fico de influencias y revelaci¨®n de informaci¨®n privilegiada. ¡°No s¨¦ qu¨¦ delitos me imputan¡±, responde sonriente en entrevistas. Pero su entorno advierte ¡°preocupaci¨®n¡± por el proceso que sigue desde septiembre de 2012 el instructor Juan Climent en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano.

La defensa de Castedo en el caso Brugal ha trazado un plan para convencer al juez de que archive la causa o que levante la imputaci¨®n. El magistrado deneg¨® tres peticiones similares en el ¨²ltimo a?o. La ¨²ltima fue hace una semana. Ahora la estrategia coincide con el fichaje como segundo abogado del hasta hace dos a?os militante del PSPV y catedr¨¢tico Derecho Procesal de la Universidad de Alicante Jos¨¦ Mar¨ªa Asencio Mellado.

La consigna es despejar la m¨¢cula de sospecha que vincula a Castedo con un presunto pelotazo urban¨ªstico de 120 millones de euros. Y conseguirlo antes de las municipales de 2015. ¡°Una instrucci¨®n tan larga hace mucho da?o a un pol¨ªtico. Castedo sufre cuando le llaman sinverg¨¹enza por la calle¡±, argumentan. El trasfondo, seg¨²n otras fuentes de su entorno, resulta menos sentimental. Apunta al inter¨¦s de la regidora de concurrir limpia a las urnas. No en vano, Alberto Fabra reiter¨® el mi¨¦rcoles, en una entrevista en Nou, que las personas imputadas ¡°no han de tener protagonismo¡± en las pr¨®ximas elecciones municipales y auton¨®micas. ¡°Puede renunciar a su esca?o en las Cortes pero no a la vara municipal¡±, confiesa una persona pr¨®xima a la dirigente que no contempla la apertura de juicio oral. T¨¦cnicamente ser¨ªa posible este escenario antes de las elecciones. Hay tiempo seg¨²n fuentes jur¨ªdicas. Pero compondr¨ªa la estampa de una mujer aferrada al cargo asom¨¢ndose a la inhabilitaci¨®n.

La edil quiere presentarse limpia a las elecciones municipales de 2015

En un escrito de 106 p¨¢ginas remitido la semana pasada al TSJ, la defensa de Castedo desgrana sus argumentos. Se recurre al Supremo para cuestionar el criterio del Fiscal de usar como pilar de la acusaci¨®n la transcripci¨®n de pinchazos telef¨®nicos policiales entre mayo de 2008 y junio de 2010, la recta final de la redacci¨®n del PGOU. Conversaciones donde Ortiz llamaba ¡°la t¨ªa m¨¢s grande que he visto en mi vida¡± a la entonces concejal de Urbanismo por facilitarle un ¡°tebeo¡±. La amistosa charla abordaba supuestamente una reserva de suelo en Alicante.

Los abogados piden la anulaci¨®n ¡ªpor segunda vez¡ª de estos pinchazos. Insiste en que el redactor del PGOU, Jes¨²s Quesada, y el arquitecto municipal, Miguel ?ngel Cano, declararon que no recibieron presiones. Tilda de ¡°ordinarias¡± las dos reuniones del primero con Ortiz, propietario del 70% del suelo urbanizable de Alicante. Minimiza que Castedo no haya podido justificar de modo convincente c¨®mo pag¨® un viaje a Andorra con Ortiz (ante el juez dijo que con loter¨ªa de Les Fogueres). Y argumenta que ¡°no hay indicios¡± del presunto cohecho de la regidora al aceptar un coche mini del promotor a cambio del supuesto trato de favor.

El documento carga contra la ¡°lentitud" de la instrucci¨®n, las ¡°imputaciones abstractas¡± y denuncia el ¡°inter¨¦s¡± de las acusaciones ¡ªPSPV y EU¡ª de mantener candente el proceso. Aseguran en su entorno que arrastra la sombra de sospecha desde 2008 y que sufre la pena ¡°del telediario¡±. Por el contrario, Enrique Ortiz se mantiene en silencio y no pedir¨¢ levantar la imputaci¨®n. ¡°A nosotros no nos afectan los tiempos pol¨ªticos¡±, admite su defensa.

Fabra reiter¨® el mi¨¦rcoles que los imputados no integrar¨¢n las listas

Las acusaciones consideran ineficaz la estrategia. El abogado de EU, Jos¨¦ Luis Romero, precisa que las escuchas telef¨®nicas son solo una pieza. Y defiende la instrucci¨®n. ¡°La causa no est¨¢ conclusa, faltan diligencias ya acordadas. Por ejemplo, este mes ha llegado del Juzgado de Orihuela el acta de registro y los documentos intervenidos en la vivienda, la empresa y el yate de Ortiz¡±, dice.

El secretario general del PSPV en Alicante, Gabriel Ech¨¢varri, recuerda que "se puede condenar a una persona solo por indicios". "Tiene mucha prisa. Conf¨ªa en aguantar el tir¨®n medi¨¢tico por la apertura del juicio oral, que se celebre la vista tras el verano de 2014, y, en el supuesto de ser absuelta, presentarse a las elecciones como una v¨ªctima¡±. Un dirigente de la oposici¨®n alicantino a?ade otra clave: ¡°Es un activo del PP y tiene el aval del vicepresidente, Jos¨¦ Ciscar. Corre contrareloj. Teme el efecto Brugal¡±.