Alaya vuelve a citar como imputada a Magdalena ?lvarez el pr¨®ximo jueves
La magistrada insiste en se?alar a la exconsejera, pese a que la Audiencia anul¨® el auto de acusaci¨®n
La juez Mercedes Alaya mantiene el caso de los ERE fraudulentos bajo su lupa pese a que afecta, al menos, a siete pol¨ªticos aforados. La Audiencia de Sevilla alert¨® a la magistrada la semana pasada de que su investigaci¨®n hab¨ªa alcanzado ¡°el l¨ªmite m¨¢ximo¡± y que por tanto deb¨ªa elevarla al Tribunal Supremo, al estar examinando la actuaci¨®n de aforados, entre ellos los expresidentes de la Junta de Andaluc¨ªa Manuel Chaves y Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n. Este jueves la juez Alaya replic¨® a los jueces de la Audiencia que, de momento, sus planes no contemplan ese escenario. Lo dej¨® claro en el auto por el que volv¨ªa a imputar a la vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y exministra socialista, Magdalena ?lvarez, despu¨¦s de que la Audiencia anulara su imputaci¨®n inicial por falta de motivaci¨®n.
¡°La mayor parte de la causa es inescindible¡±, arguye la instructora para aclarar que no puede desgajar la parte de la investigaci¨®n que afecta a los expresidentes y exconsejeros andaluces, ya que sus acusaciones y la de los 20 altos cargos de la Junta imputados el pasado junio, pertenecen a un todo. A continuaci¨®n, la juez aclara que antes de remitir la causa al alto tribunal debe recibir dos atestados y varios informes de empresas de la Guardia Civil, el informe pericial de la Intervenci¨®n General del Estado y el de la Direcci¨®n General de Seguros sobre las sobrecomisiones pagadas en los ERE. Y finalmente, sobre sus tiempos, la juez avisa de que el final de la instrucci¨®n ¡°no est¨¢ lejos¡±, aunque sin aclarar si se refiere a la parte de la financiaci¨®n de los ERE que afecta a los aforados o toda la causa, que acumula ya 136 imputados.
El auto tiene el sello inconfundible de la prosa de Alaya. Defiende con tes¨®n su propia investigaci¨®n y elogia a sus colaboradores: ¡°Este equipo, ellos [los agentes] y yo, necesitamos calma para afrontar esta ¨²ltima etapa de trabajo y estudio, para encajar los cambios (...) y poder en suma culminar con dignidad el trabajo que iniciamos hace menos de tres a?os unos pocos incansables¡±. Y avisa de que los pr¨®ximos meses ser¨¢n clave a trav¨¦s de nuevas declaraciones de imputados y el an¨¢lisis de diversos informes.
Entre l¨ªneas, la juez Alaya desliza respuestas a las frecuentes cr¨ªticas que su instrucci¨®n recibe desde diversos flancos, tanto de la Junta andaluza como del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa (TSJA), que le han pedido celeridad en las numerosas causas que instruye en paralelo. En la defensa de sus prioridades investigadoras y tiempos de trabajo, interrumpidos durante seis meses por una baja por enfermedad, Alaya subraya: ¡°Esta instrucci¨®n siempre ha respondido a un dise?o bien definido (...) Nada tiene que ver con una instrucci¨®n espasm¨®dica¡±.
La magistrada pide ¡°calma¡± porque le quedan varios informes por recibir
Tras el auto de ayer, la segunda imputaci¨®n de la exministra y exconsejera de Hacienda andaluza Magdalena ?lvarez por malversaci¨®n y prevaricaci¨®n provocar¨¢ su vuelta al juzgado el pr¨®ximo jueves ¡°por si quisiera ampliar alg¨²n extremo de su declaraci¨®n¡±. Dado que la Audiencia hab¨ªa tumbado su primera acusaci¨®n por falta de motivaci¨®n, Alaya remite a los jueces los argumentos acusatorios que ley¨® a la exministra el d¨ªa que acudi¨® a declarar. La juez la define como ¡°una de las promotoras, en connivencia con otros, del procedimiento ilegal de concesi¨®n de subvenciones sociolaborales¡± que devino en la entrega de ayudas sin control a empresarios desde el fondo que la Junta dot¨® con 721 millones de euros.
La magistrada considera que la Consejer¨ªa de Hacienda instaur¨® el ¡°ileg¨ªtimo¡± sistema de transferencias de financiaci¨®n, una herramienta presupuestaria utilizada por todas las Administraciones. Para la juez, la Junta buscaba ¡°burlar¡± el procedimiento establecido para las subvenciones y responsabiliza a ?lvarez de la inclusi¨®n del fondo de los ERE en la Ley de Presupuestos del Parlamento andaluz. Y la partida se incluy¨® en dicha ley gracias a ¡°la complejidad del lenguaje presupuestario¡± utilizado, lo que provocar¨ªa un uso arbitrario de los fondos p¨²blicos con un ¡°oscurantismo total para la ciudadan¨ªa pues no exist¨ªa publicidad de tales subvenciones¡±, seg¨²n la juez.
Alaya: ¡°Necesitamos culminar el trabajo que iniciamos unos pocos incansables¡±
Contra esta tesis la Junta ha esgrimido siempre que al ser incluida en una ley que aprobaba el Parlamento, la partida no pod¨ªa ser ilegal ya que una ley no puede ser ilegal. Ante la hip¨®tesis de que todos los parlamentarios que aprobaron los Presupuestos resultaran imputados, tal y como expres¨® la Audiencia, Alaya matiza y achaca el dise?o del fondo para empresas en crisis a las consejer¨ªas de Empleo y Hacienda, por lo que exime de responsabilidad a los diputados. Seg¨²n su tesis, los parlamentarios ignoraban los programas que Hacienda inclu¨ªa al elaborar el anteproyecto de ley y las advertencias de la Intervenci¨®n General sobre el uso inadecuado de las transferencias de financiaci¨®n por parte de la Junta.
En su an¨¢lisis, Alaya pretende huir de ¡°generalizaciones¡± y puntualiza que su acusaci¨®n de la financiaci¨®n de los ERE no va dirigida contra toda la c¨²pula del Ejecutivo aut¨®nomo, sino que ata?e a ciertos altos cargos responsables del dise?o del sistema de pago empleado. Todo apunta a que la causa que afecta a los pol¨ªticos aforados parece acercarse a su cierre, pero de momento no hay fecha en el calendario de Alaya.
Pendiente de Interior, Econom¨ªa y la Intervenci¨®n
La juez Mercedes Alaya considera que no ha alcanzado ¡°el l¨ªmite m¨¢ximo de instrucci¨®n¡±, como apuntaba la Audiencia de Sevilla, porque tiene que recibir a¨²n varios informes para concluir su tarea. La documentaci¨®n esperada depende de los ministerios del Interior y Econom¨ªa y de la Intervenci¨®n General del Estado.
En primer lugar, Alaya espera tener en breve dos atestados de la Guardia Civil. Uno referido a las ayudas que la Consejer¨ªa de Empleo concedi¨® en municipios de la Sierra Norte de Sevilla, especialmente las otorgadas a los exconcejales del PSOE y empresarios Enrique Rosendo y Jos¨¦ Mar¨ªa Sayago, que percibieron 17 millones del fondo de los ERE. En febrero de 2012 la Guardia Civil se?al¨® que este informe, que se anunciaba casi inminente, recoger¨ªa el ¡°papel esencial¡± del exconsejero y diputado socialista en el Congreso Jos¨¦ Antonio Viera en el reparto de ayudas. El segundo atestado es sobre la Consejer¨ªa de Innovaci¨®n y la agencia p¨²blica Idea, a trav¨¦s de la cual se canalizaban los pagos del fondo.
Alaya tambi¨¦n conf¨ªa en tener pronto un informe de la Intervenci¨®n General del Estado sobre el procedimiento con el que se daban las ayudas, las transferencias de financiaci¨®n, una herramienta presupuestaria que la juez considera ilegal y que el Gobierno andaluz defiende. Este punto es clave porque es la base de la juez para imputar a la mayor¨ªa de los altos cargos de la Junta y para se?alar a aforados como Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n y Manuel Chaves. ¡°El contenido del mismo es imprescindible¡±, dice la juez, ¡°para entender el proceso, c¨®mo se inici¨®, c¨®mo se desarroll¨®, su idoneidad o su ilegalidad¡±.
Y el tercer informe lo tiene que remitir la Direcci¨®n General de Seguros, dependiente del Ministerio de Econom¨ªa, acerca de la legalidad de las comisiones que se percibieron (aseguradoras, sindicatos, bufetes de abogados...) por las mediaciones en los ERE.
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