Reforma federal y derecho a decidir

Un partido como el PSOE, con m¨¢s de 100 a?os defendiendo la democracia como el mejor sistema de gobierno, no puede estar en contra del ¡°derecho a decidir¡± escud¨¢ndose en preceptos constitucionales. Defender tal postura bajo el amparo del contrato social por el que un individuo o un grupo de ellos restan vinculados a una estructura pol¨ªtica es pervertir la esencia del propio contrato que se centra en la voluntad manifiesta de las partes.

Ya que si as¨ª fuera, la Constituci¨®n perder¨ªa su naturaleza contractual y devendr¨ªa documento doctrinal con legitimidad superior a la de los sujetos a los que en lugar de servir de instrumento de convivencia pactada, constre?ir¨ªa. Consecuentemente esto no puede ser as¨ª, ya que el requisito indispensable de todo sistema democr¨¢tico es el de fundamentar la legitimidad de cada decisi¨®n en la voluntad de los propios sujetos sometidos a la misma.

No puede haber Constituci¨®n democr¨¢tica que impida a los que a ella se sometieron con la finalidad de convivir en una colectividad concreta, dejar esa colectividad

Por tanto, si en un determinado territorio, un n¨²mero importante de los ciudadanos que lo habitan, manifiestan que quieren poder decidir sobre si este territorio debe seguir pol¨ªticamente unido a otros , no hay ninguna raz¨®n para que una persona que se considere dem¨®crata se pueda oponer frontalmente a que estos ciudadanos puedan expresar libremente su voluntad.

Espa?a es un Estado de derecho, con una Constituci¨®n que marca unas reglas de juego. Pero del mismo modo que no existen reglas de ning¨²n juego que obliguen a un individuo o individuos a restar eternamente jugando, no puede haber Constituci¨®n democr¨¢tica que impida a los que a ella se sometieron con la finalidad de convivir en una colectividad concreta, dejar esa colectividad.

Por tanto, ?c¨®mo compatibilizamos un ¡°derecho superior¡± , ¡°el derecho a decidir¡± con el derecho que emana de la vigente Constituci¨®n? La ¨²nica respuesta es mediante el di¨¢logo entre el Gobierno del Reino de Espa?a y el Gobierno de la Generalitat de Catalunya, para establecer un marco de garant¨ªas consensuadas, que permita la libre expresi¨®n de la voluntad de todos los ciudadanos de Catalu?a en el momento en que se lleve a cabo la consulta.

La Constituci¨®n establece caminos para que se pueda llevar a cabo una consulta legal en Catalu?a sobre si los catalanes quieren seguir formando parte del Reino de Espa?a.

Nosotros proponemos uno, la utilizaci¨®n de una interpretaci¨®n pactada del texto del art¨ªculo 149 (en el que se enumeran las competencias exclusivas del Estado) p¨¢rrafo 1 apartado 32a que dice textualmente: autorizaci¨®n de consultas populares por v¨ªa de Refer¨¦ndum.

Se tratar¨ªa pues de ceder, para la ocasi¨®n, por parte del Gobierno del Estado a la Generalitat de Catalunya la posibilidad de ejercicio del contenido del texto constitucional que hemos citado. Tenemos pues como m¨ªnimo un camino constitucionalmente aceptable, si las partes en litigio lo dan por v¨¢lido, para poder ejercer legalmente ¡°el derecho a decidir¡±. Pero los socialistas no podemos quedarnos aqu¨ª.

Si, como esperamos, el ejercicio ¡°del derecho a decidir¡± por parte de los ciudadanos de Catalu?a, da como resultado que una mayor¨ªa quiere seguir formando parte de Espa?a, se deber¨¢ proceder a continuaci¨®n a una reforma de la Constituci¨®n que d¨¦ paso a una nueva, en la que se defina Espa?a como un estado federal, plurinacional, pluriling¨¹e y pluricultural.

Esta reforma constitucional deber¨¢ reconocer, entre otras cosas, de una forma expl¨ªcita y garantista ¡°el derecho a decidir¡± (en el sentido que se da a la frase en la actualidad) por parte de los ciudadanos de cualquier territorio.

En este sentido propugnamos que las pr¨®ximas elecciones generales se declaren constituyentes y consecuentemente, se proceda a la reforma de la Constituci¨®n, por parte de los parlamentarios electos, de acuerdo con el procedimiento que la actual Constituci¨®n contempla.

Solamente as¨ª creemos que la mayor¨ªa de los ciudadanos de todas las comunidades aut¨®nomas del actual Reino de Espa?a querr¨¢n seguir formando parte del mismo a medio y largo plazo.

Antoni Garcias Coll ex senador por Mallorca del PSOE y Joan March Noguera ex secretario general del PSIB-PSOE.