Complacientes con la corrupci¨®n
Sorprende que una declaraci¨®n de soberan¨ªa que busca cierta trascendencia, no trate la financiaci¨®n de los partidos
Compartimos la posici¨®n clarividente de Vidal-Beneyto: "La lucha contra la corrupci¨®n es, hoy, el desaf¨ªo fundamental de nuestra democracia¡±; la describ¨ªa as¨ª: ¡°La corrupci¨®n es hoy una pandemia que todo lo invade, que todo lo pervierte¡±. Ciertamente, es tan grave y extensa que se infiltra hasta en documentos oficiales como la Resoluci¨®n del Parlament de Catalunya del pasado 27 de septiembre. Por lo que afirma y por lo que oculta. Comencemos por los silencios. Seg¨²n un medio solvente, a diciembre de 2012, la deuda de CiU con La Caixa era 21.490.000 euros. Parec¨ªa un exceso, pero no lo era. El ¨²ltimo Informe del Tribunal de Cuentas sobre el ejercicio 2008 dice que el ¡°endeudamiento con entidades de cr¨¦dito¡±, que limita a una sola entidad, era en el caso de CDC de 3.158.306,18 euros, en el de CiU de 11.733.808,45, y en el de UDC de 12.200.647,65. Podemos constatar pues que la coalici¨®n gobernante, que lidera eso que llaman "derecho a decidir" y hasta la supuesta independencia, est¨¢ seriamente subordinada a la principal potencia financiera de Catalunya.
A partir de aqu¨ª, la citada Declaraci¨®n es una suma de enga?os y deslealtades, con cierto grado de cinismo. Por ejemplo, en el apartado XIX.5 denuncia la ¡°falta de imparcialidad¡± del actual presidente del Tribunal Constitucional por ¡°su militancia pol¨ªtica¡±. Es evidente que es as¨ª, si bien no parece el espacio adecuado para tal valoraci¨®n. Pero cuando aborda las medidas necesarias para regularizar la situaci¨®n de CatalunyaCaixa, que est¨¢ directamente causada por su gesti¨®n desastrosa y presuntamente delictiva, omite cualquier referencia al procedimiento penal que se sigue por el Juzgado de Instrucci¨®n n? 30 de Barcelona contra sus directivos por retribuciones aparentemente excesivas e injustas.
Las Propuestas del President son muy escasas y pr¨¢cticamente una reiteraci¨®n de las medidas sobre conflicto de intereses e incompatibilidades
Entre las m¨²ltiples causas de la corrupci¨®n se encuentra, como es sabido, la contrataci¨®n p¨²blica. En este punto, la Declaraci¨®n parece remitirse a las ¡°propuestas presentadas por el President de la Generalitat¡± el 22 de febrero de este a?o. Si se examinan, en cuanto a este asunto, son vagas y ret¨®ricas declaraciones de principios ya recogidas en la ley de 4 de julio de 2007 de Obra P¨²blica, cuyo objetivo era ¡°asegurar que el modelo de contrataci¨®n garantice la libre concurrencia y la eficiente utilizaci¨®n de los fondos p¨²blicos¡±, as¨ª como ¡°la transparencia y publicidad en el proceso de contrataci¨®n e informaci¨®n de las adjudicaciones de los contratos¡±. Con esos fines se abordaron los principios generales fundamentales en la planificaci¨®n, programaci¨®n, proyecci¨®n, contrataci¨®n, direcci¨®n, ejecuci¨®n y control de la obra p¨²blica que hasta entonces no hab¨ªan sido tratados con la precisi¨®n que se expresa en dicha ley.
La Declaraci¨®n trata el problema de la corrupci¨®n en dos apartados, el XVIII y el XIX. Para abordar esa ingente tarea, se enuncian unas llamadas ¡°medidas de transparencia¡± entre las que se citan, sin m¨¢s, ¡°trabajar la ejemplaridad a partir de la ¨¦tica p¨²blica¡± (?) e ¡°incrementar las medidas contra la corrupci¨®n¡± que, luego, se remiten a las mencionadas ¡°Propuestas y Reflexiones¡± del President. Solo se citan expresa y muy gen¨¦ricamente la regulaci¨®n de los lobbies y la publicaci¨®n de las retribuciones de los ¡°cargos de elecci¨®n p¨²blica¡± y ¡°altos cargos¡±.
Las Propuestas del President, salvo algunas referidas a una informaci¨®n p¨²blica transparente, son muy escasas y pr¨¢cticamente una reiteraci¨®n de las medidas sobre conflicto de intereses e incompatibilidades ya abordadas en la ley 13/2005 del anterior Gobierno, sin que supla las carencias que esta presentaba.
Pero, lo que realmente sorprende y preocupa en una Declaraci¨®n que pretende tener una cierta trascendencia hist¨®rica es su gran vac¨ªo: la problem¨¢tica de los partidos pol¨ªticos, su funcionamiento y su financiaci¨®n. Porque constituyen el principal foco de corrupci¨®n y degradaci¨®n de nuestra democracia. Y aqu¨ª no valen las todav¨ªa m¨¢s ret¨®ricas Propuestas del President, que apenas suger¨ªa ¡°medidas de reforzamiento de la transparencia en la gesti¨®n de los partidos pol¨ªticos¡±. Sobre todo, cuando hasta el Gobierno del PP present¨® el 20 de septiembre un pretendido plan de regeneraci¨®n democr¨¢tica que inclu¨ªa crear ¡°un nuevo tipo delictivo de financiaci¨®n ilegal de partidos¡±, tras un acuerdo del Congreso de Diputados que instaba a ¡°establecer un delito espec¨ªfico para perseguir la financiaci¨®n ilegal de los partidos pol¨ªticos¡¡±, ¡°en relaci¨®n a la persecuci¨®n y prevenci¨®n de la corrupci¨®n pol¨ªtica¡±.
Finalmente, la Declaraci¨®n no menciona el Informe del Consejo de Europa de junio de este a?o que criticaba duramente el actual r¨¦gimen de financiaci¨®n de partidos, cr¨ªtica que afectaba especialmente a CiU, como lo ha acreditado su vinculaci¨®n al expolio del Palau. Claro que quiz¨¢s el problema es la necesidad de perpetuar un sistema olig¨¢rquico, de poderes pol¨ªticos y financieros, mientras se aturde a la ciudadan¨ªa con farragosas proclamas.
Carlos Jim¨¦nez Villarejo es jurista y miembro de Federalistes d'Esquerres.
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