Guerrero pide a Alaya que la Guardia Civil aclare los abonos desde Vitalia

El ex director general de Trabajo Javier Guerrero ha pedido a la juez Mercedes Alaya, instructora del caso ERE, que llame a declarar al mando de la Guardia Civil que dirige la investigaci¨®n para que aclare el informe sobre los movimientos de sus cuentas bancarias. Guerrero asegura que dicho informe contiene ¡°falsedades¡± e ¡°inexactitudes¡±, ya que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) le acusaron de cobrar 249.000 euros a trav¨¦s de transferencias desde el grupo Vitalia gracias a su relaci¨®n con el ex director comercial Antonio Albarrac¨ªn, con el que negoci¨® numerosas p¨®lizas. ¡°No existe¡± transferencia alguna ni desde Albarrac¨ªn ni desde el resto de empresas investigadas, afirma Guerrero en el escrito que ha presentado su abogado, Fernando de Pablos.

Los investigadores acusaron a Guerrero de recibir 94 transferencias por importe de 161.600 euros y otras 76 operaciones por importe de 87.400 euros a otra cuenta de su esposa. Siempre en cantidades inferiores a 3.000 euros para no levantar sospechas, seg¨²n el informe policial al respecto. Tras este atestado, la juez le envi¨® a prisi¨®n por segunda vez el pasado marzo tras acusarle de cohecho, asociaci¨®n il¨ªcita, y dos delitos continuados de malversaci¨®n y prevaricaci¨®n.

Ahora Guerrero rechaza estas acusaciones: ¡°No existe un solo movimiento que soporte la sospecha de ilegal o tan solo irregular, que no sea la forma continuada de llevar mi econom¨ªa particular¡±, relata el escrito. Guerrero alega que manten¨ªa dos cuentas en Caja Rural del Sur ¡°que soportaban la mayor¨ªa de los compromisos de pago del matrimonio, encontr¨¢ndose en ella domiciliados los gastos corrientes¡±. Adem¨¢s, el ex alto cargo dispon¨ªa de otra cuenta para sus ingresos a la que transfer¨ªa dinero procedente de sus otras cuentas bancarias. ¡°Dado el tiempo transcurrido sin haber recibido los detalles que serv¨ªan de base a los investigadores para llegar a las conclusiones que precipitaron la segunda entrada en prisi¨®n [de Guerrero]¡±, el imputado pide que se le aclare las razones que motivaron dichas acusaciones. Para ello, Guerrero pida que declare ante Alaya el ¡°superior jer¨¢rquico¡± de los agentes de la Guardia Civil que redactaron dicho informe sobre sus cuentas bancarias.

Por otra parte, la vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y exministra Magdalena ?lvarez ha acusado a la juez Alaya de imputarle ¡°un masivo contubernio¡± y una ¡°maquiav¨¦lica actuaci¨®n¡± durante su etapa como consejera de Hacienda en la Junta. ?lvarez sostiene en un recurso que la magistrada se basa en ¡°sospechas y especulaciones¡± para acusarle de malversaci¨®n y prevaricaci¨®n. Las imputaciones de la juez ¡°no resisten un m¨ªnimo escrutinio (...) carecen de la exigible argumentaci¨®n jur¨ªdica¡± y se caracterizan por su ¡°falta de concreci¨®n¡±.

El recurso se ha presentado directamente ante la Audiencia de Sevilla despu¨¦s de que esta revocase parcialmente la primera imputaci¨®n de ?lvarez, lo que provoc¨® su segunda declaraci¨®n como imputada el pasado 7 de noviembre. El nuevo auto de imputaci¨®n, sostiene el abogado de la exministra, ¡°no pasa de incorporar un relato gen¨¦rico y deslavazado, basado en especulaciones, tergiversaciones y errores manifiestos¡±, inform¨® Efe.

Ayer el intruso Claudio Andr¨¦s Sendino (ajeno al ERE del Hotel Cervantes, pese a que fue prejubilado) ha declarado como imputado ante Alaya. Sendino ha defendido que en su d¨ªa siempre hab¨ªa considerado su prejubilaci¨®n como un cobro legal que ten¨ªa los parabienes del Gobierno andaluz. ¡°Un sindicalista me dijo que todo era tan legal que ten¨ªa que aprobarlo la Junta de Andaluc¨ªa¡±, ha declarado el intruso ante la magistrada.

Sendino ha comparecido ante Alaya en solitario, pese a que otro intruso y un directivo del grupo Nueva Rumasa, Carlos Miranda Bacciarini, estaban citados a declarar pero faltaron a su cita judicial por diferentes motivos.

La juez acusa a Sendino de malversaci¨®n y prevaricaci¨®n como extraneus, tr¨¢fico de influencias y un delito de obtenci¨®n ilegal de subvenciones por haber cobrado 96.223 euros sin tener derecho a ello. ¡°Fue contratado para el Hotel Cervantes con el ¨²nico fin de ser introducido en el ERE tan solo 9 d¨ªas antes de que la misma presentara la correspondiente solicitud [para el ERE] el 29 de marzo de 2006, y poder acogerse as¨ª al plan de prejubilaciones (...) para lo cual se falsear¨ªan los datos laborales del Sr. Sendino¡±, fija la juez en la imputaci¨®n que ley¨® al acusado antes de su declaraci¨®n.

El intruso firm¨® una p¨®liza para cobrar 233.000 euros, aunque finalmente solo percibi¨® 96.223 euros en un ERE para el que la Junta aport¨® 3,6 millones. Al finalizar su comparecencia, el letrado de la Junta ha solicitado como medida cautelar que se le imponga una fianza civil por 311.475 euros, tras sumarle a la p¨®liza de Sendino el tercio legal previsto por la ley.