Legan¨¦s paga n¨®minas de directivos con la oposici¨®n de la interventora

Las n¨®minas de los cuatro directores generales del Ayuntamiento de Legan¨¦s, nombrados por el actual equipo de gobierno del PP, hicieron peligrar el sueldo del resto de los trabajadores los meses de septiembre y octubre pasado. La interventora general interpuso un reparo a la n¨®mina ¡ªque impide su abono a todos los empleados¡ª debido a las supuestas irregularidades que detect¨® en la creaci¨®n de estos cuatro puestos de trabajo. Por un problema inform¨¢tico, no se pod¨ªan separar los sueldos de unos y otros, como pidi¨®. En noviembre, las deficiencias se mantuvieron, pero ya solo afectando a los cuatro altos cargos.

El problema expuesto por la intervenci¨®n se debe a que los 11 puestos de director general que estableci¨® el PP en 2012, de los que solo hay cubiertos cuatro, no fueron creados en la plantilla de personal, sus retribuciones no est¨¢n fijadas por acuerdo plenario y el presupuesto tampoco contempla cr¨¦dito para ellos. El alcalde, Jes¨²s G¨®mez, del PP, ha solventado la situaci¨®n a golpe de decreto gracias a un informe de la asesor¨ªa jur¨ªdica, que considera que el Ayuntamiento actu¨® de forma correcta y que las n¨®minas hay que pagarlas. Lo contrario ¡°supondr¨ªa incurrir en responsabilidad¡±, dice.

El PSOE dice que no entiende por qu¨¦ se mantiene ¡°esta ilegalidad¡±

Pero el problema persiste. El PSOE, en la oposici¨®n, sostiene que las discrepancias entre la intervenci¨®n y la alcald¨ªa han llegado a tal punto que el regidor est¨¢ buscando un sustituto ¡°urgente¡± para reemplazar a esta funcionaria del Estado. G¨®mez replica que esto no es as¨ª. ¡°Hemos convocado la plaza fija, eso es todo¡±. Aunque, al mismo tiempo, opina que el ¡°embrollo¡± se debe a una interpretaci¨®n de la normativa ¡°porque cada habilitado tiene su criterio¡±.

Los puestos de estos altos cargos se crearon en la Junta de Gobierno Local de 14 de diciembre de 2012 en la Relaci¨®n de Puestos de Trabajo (RPT): tres de funcionarios de carrera y siete de personal laboral. La intervenci¨®n dice desconocer ¡°cualquier fundamento jur¨ªdico que pudiera motivar tal acuerdo¡±.

¡°Necesit¨¢bamos personas que pudieran firmar resoluciones, y lo hicimos tal como nos dijeron en ese momento, cuando el puesto de interventor estaba ocupado por otra persona¡±, explica G¨®mez. Pero en un informe de 28 de octubre pasado, la interventora general manifestaba su disconformidad con la forma en la que se hab¨ªa llevado a cabo el procedimiento. Desde que se observaron las irregularidades, la funcionaria comenz¨® a advertir de forma manuscrita sobre ellas. En agosto avis¨® de que en caso de no subsanarse la situaci¨®n a la mayor brevedad, ella informar¨ªa desfavorablemente. Porque "el personal denominado director general no se encuentra ubicado conforme a su naturaleza jur¨ªdica¡±.

En septiembre, todo sigui¨® igual y la interventora decidi¨® advertir de la ilegalidad de la n¨®mina de ese mes. En octubre y noviembre, se repiti¨® la situaci¨®n. El alcalde, tras recibir el informe de la funcionaria, pidi¨® un estudio a la asesor¨ªa jur¨ªdica para comprobar si la interventora ten¨ªa o no raz¨®n.

El jefe de la asesor¨ªa jur¨ªdica municipal consider¨® que hab¨ªa que pagar las n¨®minas. Su decisi¨®n se bas¨® en que nadie advirti¨® de que se estuviera produciendo ninguna ilegalidad en la Relaci¨®n de Puestos de Trabajo, que se public¨® el 5 de marzo de 2012 en el Bolet¨ªn Oficial de la Comunidad de Madrid. Tambi¨¦n explic¨® que estos puestos fueron aprobados por la Intervenci¨®n General del Ayuntamiento, sin que se realizara ninguna advertencia de ilegalidad, y sin que se tengan constancia de impugnaci¨®n del acuerdo por via contencioso administrativa. Tampoco hubo problemas cuando se convocaron las plazas ni cuando se suscribieron los contratos.

El portavoz del PSOE en el municipio, Rafael G¨®mez Montoya, declar¨® que ¡°cualquier alcalde que reciba un informe de intervenci¨®n semejante, destituir¨ªa a estos altos cargos y buscar¨ªa el modo de legalizar su situaci¨®n. Es muy dif¨ªcil comprender la raz¨®n por la que se aferra de ese modo a la ilegalidad¡±.