Un juez condena al Ayuntamiento de Aranjuez por hostigar a un funcionario

Una sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo n¨²mero 31 de Madrid condena al Ayuntamiento de Aranjuez, gobernado por el PP, a indemnizar con 70.000 euros a uno de sus funcionarios Ignacio Gabriel Alonso, letrado de urbanismo, por vulneraci¨®n de los derechos fundamentales de la persona (a la legalidad sancionadora, a la defensa y a la integridad f¨ªsica y moral). Adem¨¢s, anula el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de noviembre de 2012 por el que el Ayuntamiento suspendi¨® de funciones a Alonso durante un a?o como autor de una falta grave por realizar un informe sobre el aparcamiento de la Calle Real, que consideran incorrecto. El Ayuntamiento tiene previsto recurrir la sentencia.

Los hechos tienen como punto de partida dicho informe en el que tambi¨¦n particip¨® el arquitecto municipal. En el escrito se argumentaba la legalidad del proyecto del aparcamiento subterr¨¢neo en la calle del Rey, debido a que la Comunidad de Madrid consideraba que la infraestructua era contraria al plan de urbanismo del municipio, por tener plazas de aparcamiento para no residentes. El PSOE estaba entonces en el poder. Mediante un decreto de alcald¨ªa se rechaz¨® el requerimiento de suspensi¨®n del Gobierno regional. El p¨¢rking se construy¨®, aunque permanece cerrado tras una sentencia que declar¨® ilegal su uso.

El PSOE dice que se ha perseguido a una persona por hacer su trabajo

El actual equipo de gobierno, encabezado por la popular Mar¨ªa Jos¨¦ Mart¨ªnez de la Fuente, inici¨® un expediente informativo contra Alonso al considerar que su informe hab¨ªa resultado fundamental para la continuaci¨®n de la obra y que dejaba a un lado las prescripciones de la Comunidad de Madrid. El procedimiento finaliz¨® con la suspensi¨®n del funcionario.

La magistrada explica que basta una lectura superficial del informe para comprobar ¡°contrariamente a lo afirmado¡± que en ¨¦l se efect¨²a una valoraci¨®n sobre la legalidad del uso. De tal forma que se le atribuye ¡°un sentido bien diferente al que resulta de una lectura razonable¡±. Este error, indica el fallo, supone la vulneraci¨®n del derecho a la defensa, porque ¡°nadie puede defenderse frente a resoluciones que parten de premisas inexistentes o err¨®neas¡±.

El Consistorio sancion¨® al empleado con un a?o de suspensi¨®n

La sentencia tambi¨¦n considera probado que el recurrente ha sido hostigado por el Ayuntamiento, debido al clima en el que se desarroll¨® su trabajo, ¡°al menos desde el mes de marzo de 2011¡±. Se refiere la magistrada a las declaraciones ¡°vertidas y difundidas en las oficinas de prensa por miembros destacados de la corporaci¨®n¡±. Tambi¨¦n destaca que el expediente disciplinario es incoado por la misma autoridad, Mabel Pantoja, primera teniente de alcalde, que apenas tres meses antes afirm¨® que el recurrente fue designado tras un proceso en el que se dejaron de lado ¡°los principios constitucionales de m¨¦rito y capacidad¡± que se sustituyeron por los de ¡°amiguismo¡±. Estas circunstancias, han desembocado en la enfermedad del recurrente, diagnosticado de un trastorno adaptativo ansioso depresivo, que se ha relacionado por los servicios m¨¦dicos con la situaci¨®n laboral.

Pantoja, por su parte, aclara que recurrir¨¢n la sentencia y que no comparten el punto de vista de la magistrada. ¡°No ha habido ning¨²n tipo de hostigamiento. Este se?or hizo unos informes y tenemos una resoluci¨®n firme de que el parking es ilegal. Lo l¨®gico es depurar las responsabilidades, porque nos gastamos m¨¢s de tres millones en ¨¦l y est¨¢ cerrado¡±. Para Cristina Moreno, secretaria general del PSOE local, ¡° que se condene a un Ayuntamiento por vulnerar derechos fundamentales es grav¨ªsimo y por s¨ª solo es motivo de dimisi¨®n de la alcaldesa¡±. ¡°Han hecho todo lo posible por atribuir a un funcionario un delito que no est¨¢ en la norma. Se le persigue solo por hacer su trabajo¡±, concluye Moreno.