Una pol¨¦mica mirada de control

En alguna esquina, un cartel avisa de que el peat¨®n est¨¢ a punto de acceder a una zona cubierta por una c¨¢mara de vigilancia. Una medida excepcional para garantizar la seguridad ciudadana y prevenir los delitos, seg¨²n la ley que regula el uso de estos dispositivos, pero de la que resulta casi imposible saber su afecci¨®n real. A lo largo de este a?o en Euskadi se han autorizado cinco solicitudes de otros tantos Ayuntamientos para la instalaci¨®n de videoc¨¢maras fijas y se han renovado otros 55 expedientes entre las peticiones de diversos consistorios, las tres Diputaciones y el Gobierno vasco. A ello se suma el empleo hasta en 35 ocasiones de dispositivos m¨®viles de grabaci¨®n por la Ertzaintza ¡ªnueve con car¨¢cter de urgencia, es decir, sin la ratificaci¨®n previa del organismo que supervisa el uso de estos sistemas¡ª, seg¨²n la memoria de 2013 de la Comisi¨®n de Videovigilancia y Libertades, a la que ha tenido acceso EL PA?S.

¡°Hay muchas c¨¢maras¡±, apunta el fiscal superior vasco, Juan Calparsoro, uno de los vocales de la comisi¨®n, la instancia que autoriza su instalaci¨®n y que encabeza Juan Luis Ibarra, el presidente del Tribunal Superior. Completan la comisi¨®n otros cinco vocales: cuatro escogidos por Seguridad y el restante, por la UPV.

¡°Hay Ayuntamientos donde hay m¨¢s de 60. No estamos hablando de las tres capitales, sino de localidades relativamente medianas. Hay sitios donde no hay ninguna y otros con el mismo tama?o que tienen 100. Su uso no est¨¢ ligado al tama?o¡±, destaca Calparsoro.

Estas c¨¢maras, precisa el fiscal superior, son aquellas que han sido instaladas por requerimiento de un cuerpo policial o la Administraci¨®n, fundamentalmente Ayuntamientos, y cuya misi¨®n principal es ¡°grabar im¨¢genes y sonidos en lugares p¨²blicos, abiertos o cerrados, y su posterior tratamiento, a fin de contribuir a asegurar la convivencia ciudadana, la erradicaci¨®n de la violencia y la utilizaci¨®n pac¨ªfica de las v¨ªas y espacios p¨²blicos, as¨ª como prevenir la comisi¨®n de delitos, faltas e infracciones relacionadas con la seguridad p¨²blica¡±, como recoge la ley org¨¢nica que regula la utilizaci¨®n de videoc¨¢maras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares p¨²blicos, de 1997.

La autorizaci¨®n de estos dispositivos debe estar motivada, ya que su uso puede entrar en colisi¨®n con derechos fundamentales recogidos en la Constituci¨®n, como el derecho a la propia imagen, al honor y a la intimidad.

La Ertzaintza debe emitir un informe por cada solicitud recibida en el que considera la idoneidad de la medida y la zona afectada, y entonces la Comisi¨®n decide su autorizaci¨®n o no. ¡°A veces se deniega cuando se entiende que no hay una justificaci¨®n objetiva¡±, puntualiza Calparsoro. ¡°Un Ayuntamiento de Bizkaia, por ejemplo, solicit¨® la instalaci¨®n de una c¨¢mara en la zona de lectura de la biblioteca municipal, supongo que para evitar robos de libros, pero entendimos que no hab¨ªa una proporcionalidad entre la medida y el fin perseguido¡±, agrega.

El fiscal reconoce que la efectividad de estos dispositivos est¨¢ demostrada. Cada c¨¢mara instalada debe ir acompa?ada de una serie de carteles distribuidos por las inmediaciones para avisar a los ciudadanos, lo que supone adem¨¢s una medida de disuasi¨®n para quien est¨¦ dispuesto a delinquir. El fiscal no recuerda ning¨²n caso pol¨¦mico ni que ning¨²n ciudadano haya interpuesto alguna queja o denuncia por la instalaci¨®n de estas c¨¢maras, que nunca deben filmar espacios privados, como el interior de los pisos.

Cada mes se destruye el contenido de las grabaciones, a las que solo tienen acceso la Ertzaintza y las polic¨ªas locales, salvo que un juez determine lo contrario, por ejemplo, al haberse grabado la perpetraci¨®n de un delito. Las personas que puedan verse afectadas tienen derecho a consultar el contenido de las grabaciones.

Aunque la memoria de la comisi¨®n cita un total de 55 expedientes renovados, cada uno de ellos no se traduce en una c¨¢mara. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Barakaldo pidi¨® la renovaci¨®n de los aparatos instalados en el consistorio, en la sede de la Polic¨ªa Local y en la calle Juan de Garay ¡ªla principal zona de ocio juvenil de la localidad¡ª y ¡°adyacentes¡±. Bilbao tramit¨® la petici¨®n de los dispositivos instalados en el barrio de San Francisco, adem¨¢s de los relativos al edificio consistorial y al edificio policial.

Al uso de c¨¢maras fijas se suma el empleo por la Ertzaintza de otras m¨®viles para grabar, por ejemplo, manifestaciones o grandes aglomeraciones como la Aste Nagusia o la Tamborrada ¡ª¡°situaciones en las que puede existir alg¨²n riesgo¡±, dice el fiscal¡ª, u operativos desarrollados por el cuerpo.

La Polic¨ªa vasca emple¨® estos elementos en 35 ocasiones durante este a?o, nueve de ellas de urgencia como en el despliegue que se sald¨® con la detenci¨®n en Ondarroa en mayo pasado de Urtza Alkorta, condenada a cinco a?os por colaborar con ETA. Su uso fue validado despu¨¦s por la Comisi¨®n. La memoria apunta que ¡°las resoluciones de videoc¨¢maras m¨®viles¡± se tienen que motivar ¡°mejor¡±.