Un juez imputa al equipo de gobierno de S¨²ria por la licencia de obras a Iberpotash
El Ayuntamiento dio permiso a la compa?¨ªa para crear un acceso sin tener el plan urban¨ªstico
La autorizaci¨®n del Ayuntamiento de S¨²ria para que la compa?¨ªa Iberpotash iniciara las obras de una rampa de 4,7 kil¨®metros y 900 metros de profundidad en la mina de Cabanasses contin¨²a dando coletazos. El Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero dos de Manresa ha decidido imputar a toda la junta de gobierno del Consistorio, incluido el alcalde Josep Maria Canudas (CiU), al secretario y al arquitecto municipales por la licencia de obras que otorgaron a la compa?¨ªa minera para que abriera una pista forestal y construyera una plataforma de 2.750 metros cuadrados a partir de la cual iniciar los trabajos de la galer¨ªa, pese a que no estaba aprobado el pertinente plan especial urban¨ªstico que deb¨ªa permitirlos.
Sobre todos los imputados pesa un presunto delito de prevaricaci¨®n urban¨ªstica. Afecta, adem¨¢s de Canudas, a los tenientes de alcalde Joan Castell¨¤ (CiU), Miquel Caellas (AIS), ?ngel L¨®pez (Esquerra-AM) y Carme Besa (CiU), adem¨¢s de Miquel Salmer¨®n (secretario) y Jaume Espinal (arquitecto). En el caso de Castell¨¤, primer teniente de alcalde, sobrevuelan tambi¨¦n denuncias por tr¨¢fico de influencias, negociaciones prohibidas y fraude y exacciones ilegales. Seg¨²n el fiscal, este cargo p¨²blico es adem¨¢s el propietario de los terrenos afectados alquilados a Iberpotash.
La imputaci¨®n no es nueva. Es la respuesta a un recurso presentado por la CUP despu¨¦s de que el juez decidiera archivar una denuncia previa presentada por el abogado Christian Morr¨®n a instancias de un competidor de Iberpotash en noviembre pasado. En este caso, el juez ha cambiado de criterio, siguiendo el criterio del fiscal coordinador de Medio Ambiente, Antoni Pelegr¨ªn, quien afirma que "faltando una serie de diligencias" de prueba no se puede sobreseer la denuncia.
El fiscal reclama que el Ayuntamiento de S¨²ria facilite todas las resoluciones administrativas e informes que se dictaron para dar la licencia de obras y lo mismo reclama a la Direcci¨®n General de Ordenaci¨®n del Territorio y Urbanismo de la Generalitat vinculados a la construcci¨®n de la rampa de la mina de Cabanasses. Asimismo, solicita a Iberpotash copia del contrato de alquiler de las fincas de la pista y la rampa.
El abogado Eduardo Ruiz, que lleva el caso por parte de la CUP, celebr¨® ayer la decisi¨®n, al considerar que se trata de "supuestos delitos que afectan a la credibilidad de la administraci¨®n con una actuaci¨®n arbitraria". Benjam¨ª Garc¨ªa, letrado en representaci¨®n del Ayuntamiento de S¨²ria, consider¨® que el juez "ha cambiado el criterio de forma injustificada, sin la m¨¢s m¨ªnima argumentaci¨®n" y anunci¨® que el Consistorio ha presentado recurso de apelaci¨®n ante la Audiencia de Barcelona. Seg¨²n sus argumentos, la junta de gobierno del Ayuntamiento cumpli¨® lo que dec¨ªa la Generalitat, administraci¨®n en la que estaban implicados Medio Natural, Urbanismo y Minas.
Iberpotash inici¨® los trabajos de la galer¨ªa de la mina de Cabanasses en septiembre de 2012, antes de tener en regla toda la planificaci¨®n. Como consecuencia, y a partir de una denuncia, el Departamento de Territorio de la Generalitat se vio obligado a paralizar las obras hasta que no estuviera listo el plan especial urban¨ªstico que legalizaba el camino de paso, que fue aprobado de forma provisional por el Ayuntamiento el pasado mes de febrero.
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