Garitano frente a su consejo de estado

El diputado general Martin Garitano y todo el gabinete foral de Bildu se han colocado conscientemente de espaldas al Consejo de Estado de Gipuzkoa, el supremo ¨®rgano consultivo de la Diputaci¨®n que est¨¢ integrado por ¡°la ¨¦lite de los juristas¡± de la instituci¨®n guipuzcoana. Esta Comisi¨®n Jur¨ªdica Asesora desaconsej¨® en un dictamen concluyente la aprobaci¨®n del decreto foral que dio luz verde a la segregaci¨®n del barrio donostiarra de Igeldo para su constituci¨®n como municipio independiente. Seg¨²n el PNV, que hasta esta legislatura ha estado siempre al frente de la Diputaci¨®n, ¡°es la primera vez¡± que el consejo de diputados hace caso omiso a un informe de la Comisi¨®n Jur¨ªdica.

El tr¨¢mite de la Comisi¨®n Jur¨ªdica Asesora era el ¨²ltimo que deb¨ªa pasar el proyecto de decreto foral antes de ser aprobado por el consejo de diputados. La opini¨®n de los juristas era ¡°preceptiva¡± al tratarse de un acuerdo foral que revoca un decreto previo, aprobado por la Diputaci¨®n en 2010. Aquel decreto desestim¨® la independencia de Igeldo al considerar que ¡°el nuevo municipio resultar¨ªa econ¨®micamente inviable¡± y porque ¡°no exist¨ªan motivos permanentes de inter¨¦s p¨²blico para aprobar¡± la segregaci¨®n.

Los juristas de la Diputaci¨®n hacen constar en su resoluci¨®n que el decreto foral de 2010, contrario a la desanexi¨®n, fue recurrido por la asociaci¨®n vecinal Itxas Aurre. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ten¨ªa previsto publicar el fallo el d¨ªa 16 de enero de 2014. Por esta y otras razones, la Comisi¨®n Jur¨ªdica se pregunta si ¡°puede acceder a la petici¨®n de continuaci¨®n de un expediente de segregaci¨®n que hab¨ªa sido resuelto tres a?os antes mediante resoluci¨®n definitiva que pon¨ªa fin a la misma¡±. Y a?ade otra cuesti¨®n: ¡°?Puede revocarse y dejarse sin efecto, por motivos de seguridad, un decreto foral que resuelve un expediente de alteraci¨®n de t¨¦rminos municipales y que se encuentra pendiente de revisi¨®n jurisdiccional?¡±. A estas interrogantes, los letrados forales responden que ¡°no puede ser revocado por razones de oportunidad¡± el decreto foral 6/2010 que cerraba la puerta a la separaci¨®n de Igeldo.

Pese a ello, el Gobierno foral de Bildu aprob¨® el decreto 46/2013 el pasado 17 de diciembre, cuatro d¨ªas despu¨¦s de recibir el dictamen desfavorable del Consejo de Estado foral. Garitano comparecer¨¢ ma?ana en las Juntas Generales para dar cuenta de esta decisi¨®n contraria a la recomendaci¨®n de los juristas. En la misma sesi¨®n tambi¨¦n intervendr¨¢ el director general de R¨¦gimen Jur¨ªdico y m¨¢ximo responsable de la Comisi¨®n Jur¨ªdica, el letrado Luis Elicegi, quien aval¨® en su d¨ªa el decreto de 2010 que rechazaba la segregaci¨®n del barrio donostiarra. Est¨¢n citados asimismo los cinco miembros de la Comisi¨®n Jur¨ªdica, presidida por Juan Ram¨®n Cipri¨¢n, que han elaborado el dictamen que Garitano ha decidido deso¨ªr. Las comparecencias fueron solicitadas por los socialistas, que consideran que la ¡°decisi¨®n unilateral¡± de la Diputaci¨®n fue emitida ¡°prescindiendo total y absolutamente de lo establecido en el ordenamiento y contraviniendo la legalidad aplicable¡±. Rafaela Romero, portavoz del PSE-EE en el Parlamento provincial, lleg¨® a insinuar que el consejo de diputados ha podido incurrir en un delito de prevaricaci¨®n.

Los informes de este ¨®rgano de juristas son consultivos y ¡°no vinculantes¡±, como ocurre con los del Consejo de Estado a nivel nacional, que tambi¨¦n han sido desobedecidos por los Gobiernos de Rajoy o de Zapatero. Por ejemplo, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallard¨®n, tramit¨® la ley de tasas pese a los informes negativos del Consejo de Estado. El ministro de Educaci¨®n, Jos¨¦ Ignacio Wert, hizo otro tanto con su reforma educativa aunque los juristas le hab¨ªan pedido que mantuviese la asignatura Educaci¨®n para la Ciudadan¨ªa. O en la ¨¦poca socialista, el Consejo de Estado aval¨® en 2009 la constitucionalidad de la Ley del Aborto, aunque enmend¨® lo previsto en los casos de las menores.

En el asunto de Igeldo, Garitano se agarrar¨¢ al argumento de que los dict¨¢menes de los juristas no son de obligado cumplimiento. Para aprobar el decreto de segregaci¨®n, el diputado general ha hecho prevalecer el principio de la voluntad popular y el derecho a decidir de los vecinos del barrio sobre un precepto legal que le imped¨ªa proceder a la independencia del citado n¨²cleo de poblaci¨®n. Un jurista consultado asegura que, siguiendo la premisa del diputado general, ¡°Garitano deber¨ªa abolir la obligaci¨®n de pagar impuestos en Gipuzkoa, porque as¨ª lo defender¨ªa la mayor¨ªa de la ciudadan¨ªa en una consulta popular¡±. Y llevando la misma teor¨ªa al extremo, este letrado a?ade que ¡°Garitano deber¨ªa dejar ya la pol¨ªtica, porque la mayor¨ªa de los ciudadanos suspende a nuestros dirigentes¡±.