El juez dice que los delitos de la G¨¹rtel en Pozuelo no han prescrito
El juez Pablo Ruz desestima un recurso presentado por una de las imputadas en la adjudicaci¨®n de un concurso para organizar un congreso en 2004
El juez Pablo Ruz, que investiga el caso G¨¹rtel, ha desestimado un recurso de reforma interpuesto por Mar¨ªa del Mar Rodr¨ªguez, contra su auto de imputaci¨®n debido a su posible intervenci¨®n en la organizaci¨®n del XXXI Congreso Nacional de Parques y Jardines celebrado en Pozuelo de Alarc¨®n en 2004. Presuntamente, los adjudicatarios del concurso conoc¨ªan, de antemano, los pliegos de condiciones y eran una sociedad pantalla de Francisco Correa, cabecilla de la red corrupta.
El abogado de Rodr¨ªguez recurri¨® esta decisi¨®n judicial por falta de fundamento para dirigir la acci¨®n penal contra ella, y en caso de estar fundamentada, por la prescripci¨®n de los delitos de prevaricaci¨®n y malversaci¨®n de caudales p¨²blicos.
Un informe de la Unidad de Delincuencia Econ¨®mica y Fiscal de la polic¨ªa (UDEF) considera que el grupo de us¨® a la empresa M.R. Asociados para conseguir la adjudicaci¨®n. Los agentes aseguran tambi¨¦n que la compa?¨ªa mantuvo reuniones con el equipo de gobierno para ganar el concurso
La trama, dice el informe, pag¨® una comisi¨®n del 2% a M.R. Asociados. El Ayuntamiento se hizo cargo tanto dicho importe (2.599,69 euros) como otros gastos que tuvo la empresa por presentarse (1.272,41 euros). El monto de la adjudicaci¨®n ascendi¨® a 150.781 euros y la red de Correa gan¨® 70.714 euros.
El Ministerio Fiscal se opuso al recurso presentado porque hay indicios que apuntan a que Rodr¨ªguez ¡°habr¨ªa intervenido en la aparentemente irregular adjudicaci¨®n¡±. Adem¨¢s, considera que se infiere que la imputada ¡°habr¨ªa aceptado, a cambio de una comisi¨®n, presentarse al referido concurso a sabiendas de que tal actuaci¨®n ¨²nicamente ten¨ªa por objeto ocultar al verdadero adjudicatario, el denominado Grupo Correa¡±.
El fiscal tampoco cree que el delito de prevaricaci¨®n haya prescrito, porque su comisi¨®n lleva aparejada una pena de inhabilitaci¨®n para empleo o cargo p¨²blico por tiempo de 7 a 10 a?os y, en consecuencia, su plazo de prescripci¨®n se extiende a 10 a?os.
Un periodo de tiempo, explica, que tambi¨¦n ser¨ªa aplicable al delito de malversaci¨®n, por la vinculaci¨®n que existe en este caso con el de prevaricaci¨®n. ¡°No cabe apreciar la prescripci¨®n de ninguna de las infracciones enjuiciadas, en tanto no prescriba la m¨¢s grave de ellas¡±, concluye. El juez comparte todos los razonamientos esgrimidos por el Ministerio Fiscal.
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