La Justicia ratifica la paralizaci¨®n de la privatizaci¨®n sanitaria en Madrid

M¨¢s de un mill¨®n de madrile?os (el 18,02% de los que tienen tarjeta sanitaria) y 5.128 profesionales sanitarios y no sanitarios podr¨ªan sufrir "perjuicios irreparables" si no se hubiera paralizado la privatizaci¨®n de seis hospitales madrile?os, una operaci¨®n que conllevar¨ªa transacciones econ¨®micas de casi 4.680 millones de euros. Esas son algunas de las razones esgrimidas por la secci¨®n tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para ratificar la suspensi¨®n de la externalizaci¨®n aprobada por el Gobierno de Ignacio Gonz¨¢lez (PP). En su resoluci¨®n, los magistrados han puesto n¨²meros a "la dimensi¨®n extraordinaria del proceso" que, aseguran, podr¨ªa no tener vuelta atr¨¢s en caso de que hubiera seguido adelante.

La decisi¨®n llega despu¨¦s de que el expresidente de lo Contencioso del tribunal madrile?o y ahora vocal en el Consejo del Poder Judicial a propuesta del PP Gerardo Mart¨ªnez Trist¨¢n, avocara al pleno de esa Sala todos los recursos contra la privatizaci¨®n al considerar que pod¨ªan dar lugar a resoluciones contradictorias, lo que parec¨ªa poner en peligro la paralizaci¨®n decretada en septiembre por la secci¨®n tercera. El 9 de enero, ese pleno, formado por m¨¢s de 40 magistrados decidi¨® sin embargo dejar sin efecto lo ordenado por el presidente y devolver a las respectivas secciones (tribunales entre tres y cinco magistrados) sus respectivos recursos.

Ahora, la secci¨®n tercera resuelve el recurso presentado por la Comunidad de Madrid contra la paralizaci¨®n y ratifica esta ¨²ltima especificando con cifras la importancia del concurso, un proceso "de dimensi¨®n extraordinaria", como recuerdan los magistrados. Aparte del n¨²mero de usuarios y profesionales afectados, la sala recuerda que la externalizaci¨®n puesta en marcha por el Gobierno madrile?o afectar¨ªa a seis hospitales (Infanta Sof¨ªa, Infanta Leonor, Infanta Cristina, Del Henares, Del Sureste y del Tajo) con 1.149 camas, cuatro centros de especialidades y otros cuatro de salud mental. En total, los municipios afectados ser¨ªan 92 adem¨¢s de dos distritos de la capital, lo que "engloba a una poblaci¨®n sanitaria de 1.151.588 personas".

"En materia de personal hay parte de ¨¦l que extingue su contrato", recuerda el auto. "Hay plazas que se amortizan, se producir¨¢n traslados en masa y cambios de destino en cadena de importante magnitud si se tiene en cuenta el n¨²mero de profesionales afectados (5.128), por lo que la recomposici¨®n del capital hgumano de los equipos de trabajo parece realmente inviable", asegura. "Hay subrogaci¨®n en 392 contratos y las concesionarias, l¨®gicamente, har¨¢n infinidad de nuevos contratos cuando venzan aquellos en los que se subrogan", prosiguen los magistrados, que recuerdan: "Se habr¨ªa impuesto un nuevo sistema de toma de decisiones y de gesti¨®n", por lo que "el director y los cargos directivos" de cada uno de esos centros privatizados "los designar¨ªan las concesionarias".

Pero, adem¨¢s, los magistrados adelantan que aprecian "la existencia de una causa de nulidad" de la decisi¨®n de la Comunidad de Madrid de modificar la fianza que las concesionarias deb¨ªan prestar. Solo cuatro d¨ªas antes del final del plazo de presentaci¨®n de ofertas, el Bolet¨ªn Oficial de la Comunidad de Madrid public¨® como "correcci¨®n de errores" un cambio sustancial en la garant¨ªa del 5% que deben presentar los adjudicatarios. Al a?adir la palabra ¡°anual¡±, redujo en cerca de un 90% este aval ¡ªel contrato es por 10 a?os¡ª, as¨ª que los 233 millones que deb¨ªan aportar se quedaron en 28. Esa modificaci¨®n podr¨ªa haber impedido a otras empresas optar a ese concurso, seg¨²n el tribunal.

Esa dr¨¢stica reducci¨®n de la fianza introducida mediante "correcci¨®n de errores", seg¨²n los magistrados, constituye tambi¨¦n "una grave infracci¨®n legal que no solo afecta a las condiciones de competencia entre las empresas", sino tambi¨¦n "al servicio que van a desarrollar dichas empresas y a los servicios que van a recibir los usuarios", ya que esas fianzas est¨¢n destinadas a "asegurar que puede afrontarse cualquier tipo de responsabilidad derivada de una mala o incorrecta ejecuci¨®n del contrato". Los 28 millones a los que quedan reducidas no sirven ni siquiera "para garantizar los pagos anuales adelantados" que la Comunidad iba a realizar a cada concesionario.