El Gobierno acusa a la ley andaluza de vivienda de aumentar la prima de riesgo

El recurso contra el la ley andaluza de funci¨®n social de la vivienda presentado por el Gobierno central en el Tribunal Constitucional argumenta que esta norma, que permite la expropiaci¨®n temporal del uso de un inmueble para evitar desahucios, hace subir la prima de riesgo, har¨ªa desaparecer la propiedad privada, provocar¨ªa el "colapso de la econom¨ªa espa?ola" y pondr¨ªa en peligro la "reestructuraci¨®n del sistema financiero". La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cort¨¦s, ha contestado que la actuaci¨®n del Ejecutivo se se basa en elucubraciones descabelladas.

El recurso del Gobierno, hecho p¨²blico en la p¨¢gina web de al Junta de Andaluc¨ªa, se?ala en sus fundamentos de derecho que la ley andaluza? ¡°tiene la virtualidad de poner en verdadero peligro [¡­] la reestructuraci¨®n del sistema financiero y la consecuci¨®n de la estabilidad de las entidades de cr¨¦dito [¡­] para conseguir una reducci¨®n de la prima de riesgo de nuestro pa¨ªs y comenzar una senda de crecimiento econ¨®mico¡±. Tambi¨¦n sostiene el Ejecutivo de Mariano Rajoy en el recurso que ¡°no cabe duda de que las medidas adoptadas por Andaluc¨ªa a trav¨¦s de los preceptos impugnados comprometen gravemente todo el proceso de reestructuraci¨®n del sector financiero espa?ol¡±.

Los argumentos del Gobierno llegan a sostener que, con la cesi¨®n de derechos ¡°a favor de su funci¨®n social, desaparecer¨ªa la propiedad privada para convertirse en propiedad p¨²blica¡±.

Cort¨¦s ha respondido que el texto del recurso contra la Ley de Medidas para Asegurar la Funci¨®n Social de la Vivienda, es ¡°una catarata de ideolog¨ªa neoliberal, basada en el discurso del miedo". La consejera ha replicado que, en sus algo m¨¢s de tres meses en vigor, la Ley ha protegido el derecho a la vivienda de todas las personas incursas en proceso de desahucio en Andaluc¨ªa, ¡°y ello mientras bajaba la prima de riesgo, como el Gobierno se encarga de repetir a diario, y sin que se haya interrumpido, que se sepa, ese proceso de reestructuraci¨®n pagado con multimillonarias cantidades de dinero p¨²blico¡±.

¡°Donde deber¨ªan estar los fundamentos de derecho del recurso s¨®lo hay un discurso pol¨ªtico neoliberal de defensa de la banca a toda costa, seg¨²n el cual el cumplimiento del derecho humano a la vivienda en Andaluc¨ªa es incompatible con la recuperaci¨®n econ¨®mica y la bajada de la prima de riesgo¡±, ha se?alado Cort¨¦s, quien ha afirmado que conocer ¡°la letra concreta¡± del recurso confirma que el mismo supone ¡°un golpe institucional contra la autonom¨ªa andaluza para imponer a Andaluc¨ªa un camino pol¨ªtico contrario a la voluntad de la mayor¨ªa de sus ciudadanos¡±.

La consejera ha recordado que la norma andaluza tiene ¡°perfecto anclaje constitucional¡±, entre otros, en el art¨ªculo 33, que establece que el derecho de propiedad tiene una funci¨®n social; en el 40, que fija que los poderes p¨²blicos promover¨¢n una distribuci¨®n de la renta m¨¢s equitativa; el 47, seg¨²n el cual los espa?oles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada; y el 128, que se?ala que toda la riqueza del pa¨ªs est¨¢ sujeta al inter¨¦s general. Cort¨¦s ha recordado que la Declaraci¨®n Universal de Derechos Humanos (art¨ªculo 25) y el Pacto Internacional de Derechos Econ¨®micos, Sociales y Culturales (art¨ªculo 11) establecen que toda persona tiene derecho a una vivienda.

Cort¨¦s ha recordado que la Ley del Derecho a la Vivienda en Catalu?a de 2007 contiene preceptos similares a los recurridos en la norma andaluza, sin que se haya producido durante su aplicaci¨®n vulneraci¨®n alguna de derechos, y sin que se presentase contra la misma recurso de inconstitucionalidad por parte del PP a trav¨¦s de 50 de sus diputados. ¡°Hay un trato claramente discriminatorio hacia Andaluc¨ªa¡±, ha afirmado Cort¨¦s, ya que la Ley catalana ¡°tambi¨¦n establece y delimita la funci¨®n social de la vivienda y fija infracciones para quienes la incumplan¡±. ¡°?Por qu¨¦ se le niegan a Andaluc¨ªa estas potestades?¡±, ha preguntado.

La consejera resalta tambi¨¦n que en el recurso se citan cuatro informes del Banco de Espa?a y del Memorando de Entendimiento (MOU), que fija las condiciones del rescate financiero a Espa?a, para concluir: ¡°El MoU obliga a las autoridades espa?olas a consultar ante a la Comisi¨®n Europea, al Banco Central Europeo y a solicitar asesoramiento t¨¦cnico del FMI sobre cualquier pol¨ªtica no incluida en el MoU que pueda tener un impacto material en la consecuci¨®n de los objetivos del programa¡±.

Ante esto, Cort¨¦s ha afirmado que ¡°el recurso del Gobierno, adem¨¢s de admitir a las claras la intervenci¨®n de la democracia espa?ola por parte de la Troika, pretende negar al Parlamento de Andaluc¨ªa autonom¨ªa legislativa sobre cualquier materia con impacto econ¨®mico¡±. ¡°Contravenir los dictados de la Troika podr¨¢ gustar m¨¢s o menos pol¨ªticamente, pero desde luego no es inconstitucional¡±, ha se?alado Cort¨¦s.