La justicia fija en el 25% las clases en castellano en Catalu?a

Como la Generalitat de Catalu?a se negaba a hacerlo, han sido los jueces los que, al final, han decidido por ella. El Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) ha establecido que el Departamento de Ense?anza debe asegurar a ocho alumnos un m¨ªnimo del 25% de clases en castellano dentro del aula. En repetidas sentencias, el mismo TSJC, el Tribunal Supremo y el Constitucional hab¨ªan instado al Gobierno catal¨¢n a garantizar que el castellano fuera lengua vehicular en la escuela para el alumno que lo pidiera y toda su clase, aunque dejaba en manos de la consejer¨ªa el poder de fijar la proporci¨®n de las dos lenguas cooficiales. Ante la inactividad de la Generalitat, el TSJC ha cogido las riendas de la cuesti¨®n, altamente sensible en Catalu?a, y ha fijado este porcentaje.

La decisi¨®n sobre los ocho alumnos se contiene en cinco autos de la Sala de lo Contencioso de ese tribunal, pero establece el criterio a seguir cuando un estudiante solicite clases en castellano. Contra ellos cabe un recurso de reposici¨®n que la Generalitat presentar¨¢, aunque como debe resolverlos el mismo tribunal, con toda probabilidad lo rechazar¨¢. Las resoluciones dejan poco margen a la administraci¨®n catalana, ya que obliga, adem¨¢s de a la Generalitat, a los propios directores de los colegios personalmente a cumplir el mandato. Adem¨¢s, lo deben hacer en un mes. En caso de incumplir esos requerimientos, los directores se arriesgan a sanciones econ¨®micas e incluso a un proceso penal por delito de desobediencia, que conlleva la inhabilitaci¨®n. Es decir, si se niegan a obedecer, en ¨²ltima instancia, podr¨ªan perder sus empleos y sueldos durante un a?o.?

Seg¨²n la Generalitat, a 30 de julio de 2013, solo 23 familias hab¨ªan solicitado clases en castellano

Los autos recuerdan la doctrina sobre este asunto asentada en diversas sentencias del Constitucional y el Supremo. El primero, en su sentencia sobre el Estatuto, estableci¨® que el castellano ten¨ªa que ser tambi¨¦n lengua vehicular en la ense?anza. Despu¨¦s, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo oblig¨® a la Generalitat a tomar ¡°cuantas medidas sean precisas¡± para que ambas lenguas se usen en el sistema educativo. Esta misma Sala estableci¨® en febrero de 2013 que correspond¨ªa al Gobierno catal¨¢n decidir la proporci¨®n de horas lectivas en castellano y determin¨® que esa obligaci¨®n no se cumpl¨ªa ¡°con la prestaci¨®n de una atenci¨®n particularizada¡± al alumno que lo reclamase. Es decir, que las clases en castellano deb¨ªan recibirlas los que las pidiesen, pero tambi¨¦n el resto de sus compa?eros de clase. Todo ello, sin que el catal¨¢n deje de ser ¡°el centro de gravedad del sistema¡± pero sin que la presencia del castellano ¡°sea ilusoria o constituya un artificio de mera apariencia¡±.

Los jueces creen que la Generalitat ha incumplido esos requerimientos en el caso de esos ocho alumnos. Por eso dan un paso m¨¢s y fijan ellos mismos un porcentaje concreto sobre la presencia del castellano en las aulas. EL TSJC llama ahora a los directores de los centros a adoptar ¡°las disposiciones pedag¨®gicas oportunas¡± que aseguren la presencia m¨ªnima del castellano del 25% de horas lectivas, ¡°debiendo impartirse en dicha lengua oficial, adem¨¢s del ¨¢rea, materia o asignatura ling¨¹¨ªstica correspondiente a su aprendizaje, cuando menos otra ¨¢rea, materia o asignatura no ling¨¹¨ªstica curricular de car¨¢cter troncal o an¨¢logo¡±, como, por ejemplo, las matem¨¢ticas.

La decisi¨®n se toma tras analizar los informes sobre el uso de las lenguas que los cinco centros afectados hab¨ªan enviado al tribunal. En uno de ellos se explica que una alumna de quinto de Preescolar de un centro concertado de Barcelona recibe, de las 22,5 horas lectivas totales ¡ªsin contar el recreo¡ª, 19,4 horas en catal¨¢n, dos en ingl¨¦s y una en castellano. Sus hermanas, en cuarto de Primaria, realizan 15 horas semanales en catal¨¢n, tres en castellano y 2,5 en ingl¨¦s.

El mismo tribunal afirma que en otros casos judicializados los centros s¨ª han aumentado la presencia del castellano. Y es que la inmersi¨®n ling¨¹¨ªstica en catal¨¢n no es un modelo que se aplique homog¨¦neamente en los centros. Seg¨²n datos de la Generalitat, el 12,7% de las escuelas ha incrementado la presencia de la lengua castellana en las aulas.

El Ejecutivo catal¨¢n acostumbra a justificar que el conocimiento del castellano y del catal¨¢n est¨¢n garantizados a un mismo nivel al final de la educaci¨®n obligatoria y se remite a los resultados de las evaluaciones acad¨¦micas, en que los alumnos catalanes llegan a sacar mejor puntuaci¨®n en lengua castellana que los de algunas comunidades monoling¨¹es. La consejera de Ense?anza, Irene Rigau, suele defender el sistema de inmersi¨®n ling¨¹¨ªstica por su papel de ¡°cohesi¨®n social¡± e insiste en negarse a ¡°separar a los alumnos por raz¨®n de lengua¡±.

Igualmente, la consejera catalana tambi¨¦n suele tachar esta pol¨¦mica de ¡°artificial¡± y ¡°pol¨ªtica¡± e incide en que es un problema ¡°minoritario¡± y en descenso. Seg¨²n sus datos de Rigau, a fecha de 30 de julio de 2013 hab¨ªan solicitado las clases en castellano 23 familias, mientras que en el 2012 fueron 26 familias y en 2011, 263. Actualmente, los tribunales todav¨ªa mantienen abiertos 24 casos.

Como en otras ocasiones, las nuevas resoluciones judiciales enervaron a la comunidad educativa, a sindicatos y a varios partidos. La plataforma en defensa de la inmersi¨®n ling¨¹¨ªstica, Somescola.cat, asegur¨® que ¡°la lengua y el modelo educativo no debe decidirse por la v¨ªa judicial¡± y pidi¨® a la Generalitat que contin¨²e blindando el modelo de escuela catalana. Algunos partidos y el sindicato UGT reclamaron directamente a Rigau ¡°que no aplique¡± los mandatos. Para Albert Branchadell, profesor de filolog¨ªa catalana de la Universidad Aut¨®noma de Barcelona y experto en inmersi¨®n ling¨¹¨ªstica, los autos son ¡°una consecuencia l¨®gica de la senda que abri¨® el Constitucional¡±.