A juicio Joan Aymerich, exalcalde de Sant Cugat, por prevaricar

Una juez de Rub¨ª (Barcelona) ha acordado enviar a juicio al exalcalde de Sant Cugat del Vall¨¨s Joan Aymerich (CiU), acusado de prevaricar al cometer supuestas irregularidades urban¨ªsticas para favorecer el asentamiento de una empresa en el municipio con una permuta que perjudic¨® a otros interesados.

En un auto, al que ha tenido acceso Efe, la titular del juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 4 de Rub¨ª (Barcelona) acuerda enviar a juicio a Aymerich -que fue alcalde entre 1987 y 1999-, as¨ª como al que fue jefe de Urbanismo del consistorio durante el mismo periodo, Juan Francisco Borr¨¢s; al exjefe del servicio jur¨ªdico de Urbanismo Eduard Graell; al ex arquitecto municipal Vicente Tort, y al exjefe de gesti¨®n urbanismo Jos¨¦ Mar¨ªa Casanovas. En el auto, la juez impone a los cinco imputados una fianza conjunta de 5,5 millones de euros, en la que figura como responsable civil el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vall¨¨s, para asegurar las responsabilidades pecuniarias que se puedan derivar de la causa, decretando el embargo de bienes si no se deposita.

La juez sostiene que existen "verdaderos indicios racionales de criminalidad" contra los acusados, para los que la Fiscal¨ªa pide una condena de hasta cinco a?os de inhabilitaci¨®n para ocupar un cargo p¨²blico. Los hechos, en los que el fiscal aprecia la eximente de dilaciones indebidas por la larga instrucci¨®n del caso -que lleg¨® a estar en manos del TSJC durante los a?os en que Aymerich fue diputado del Parlament, en las legislaturas de 1992 y 1995-, se remontan al inicio de la d¨¦cada de los 90, cuando el consistorio impuls¨® varias actuaciones urban¨ªsticas en el sector de Can Mates. Seg¨²n sostiene la juez, el Consistorio presidido por Aymerich cometi¨® supuestamente, al menos, cinco irregularidades urban¨ªsticas para favorecer el asentamiento de Boehringer Inhelheim SA en la zona, "en detrimento de otros propietarios, que vieron frustradas sus leg¨ªtimas expectativas". El origen de las supuestas irregularidades se remonta a un convenio de compraventa-permuta firmado en 1993 entre el ayuntamiento y la empresa, que fue ratificado de forma arbitraria, seg¨²n la juez, ya que se prescindi¨® de la publicidad registral y se ignoraron "absolutamente" los derechos de los dem¨¢s propietarios.

La juez sostiene que existen "verdaderos indicios racionales de criminalidad" contra los acusados

Entre los propietarios afectados por la permuta figuraba un vecino, que se querell¨® contra el Consistorio, lo que permiti¨® abrir la investigaci¨®n que ha llevado finalmente a la juez a enviar al exalcalde a juicio. La juez entiende que en este convenio de permuta se cometi¨® una "flagrante actuaci¨®n contraria a las normas urban¨ªsticas", ya que regulariz¨® unas fincas prescindiendo del reglamento de bienes de las entidades locales. Adem¨¢s, la juez considera que el posterior Proyecto de Reparcelaci¨®n, aprobado en un pleno en 1994, se acord¨® en virtud de una manifestaci¨®n de bienes de Boehringer Inhelheim SA "que no era ni legal ni clara", ya que no se ajustaba a las normas administrativas ni estaban definida su titularidad.

De hecho, este Proyecto de Reparcelaci¨®n acab¨® siendo declarado nulo en 1997 por el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC), que consider¨® irregular que se obligara a todos los propietarios afectados a sufragar las obras de gran coste econ¨®mico que deb¨ªan ser asumidas por la administraci¨®n. El TSJC tambi¨¦n tumb¨® este Proyecto de Reparcelaci¨®n porque se exig¨ªa a los propietarios satisfacer los gastos de urbanizaci¨®n del 10 % de aprovechamiento medio, que correspond¨ªa al ayuntamiento. Adem¨¢s, el Proyecto de Reparcelaci¨®n beneficiaba a la empresa y al Consistorio ya que les atribu¨ªa suelos industriales, de mayor valor, mientras que al resto de propietarios les atribu¨ªa suelo terciario, sin permitir que se compensaran estas desigualdades a trav¨¦s de coeficientes de correcci¨®n.

La juez resalta que el Proyecto de Reparcelaci¨®n supuso un resultado positivo de 402.000 euros de ahorro para la empresa, mientras que para el resto de propietarios les supuso un sobrecoste de 3,3 millones

La juez resalta en el auto las desigualdades del valor econ¨®mico del Proyecto de Reparcelaci¨®n, ya que supuso un resultado positivo de 402.000 euros (67 millones de pesetas) de ahorro para la empresa, mientras que para el resto de propietarios les supuso un sobrecoste de 3,3 millones de euros (557 millones de pesetas). Seg¨²n la juez, el nuevo planteamiento urban¨ªstico "no ten¨ªa otra finalidad que permitir el asentamiento de grandes empresas, adoleciendo de un estudio econ¨®mico-financiero que atribuyera viabilidad econ¨®mica al mismo".

El Ayuntamiento concedi¨® finalmente en 1997 licencia de actividades a Boehringer Inhelheim SA sin que se hubiera verificado la ocupaci¨®n del edificio, seg¨²n la juez. Y remarca en el auto que durante los a?os en los que el consistorio comet¨ªa una actuaci¨®n irregular administrativa el querellante -representado por el abogado Sergi Merc¨¦ Klein- present¨® varios recursos, "que fueron deso¨ªdos o sencillamente no contestados" por el Ayuntamiento.