Barcelona pide duras penas de c¨¢rcel por los incidentes de la huelga del 29-M

Los servicios jur¨ªdicos del Ayuntamiento de Barcelona parecen haber asumido el mensaje que el alcalde, Xavier Trias, lanz¨® tras los incidentes ocurridos durante la huelga general del 29 de marzo de 2012: ¡°Perseguiremos estas actitudes violentas con la m¨¢xima contundencia¡±. La mano dura municipal resulta evidente en los juzgados: el Consistorio est¨¢ solicitando penas de c¨¢rcel muy elevadas para los presuntos alborotadores. En la mayor¨ªa de ocasiones, el Ayuntamiento supera con creces las pretensiones de la fiscal¨ªa y de la Generalitat.

La jornada del 29-M se sald¨® con m¨¢s de un centenar de detenidos por des¨®rdenes p¨²blicos. La suerte de esos casos es dispar: algunos se han archivado o han acabado en absoluci¨®n; buena parte de ellos, sin embargo, se siguen investigando o est¨¢n a punto de llegar a juicio. Es el caso de cuatro j¨®venes de Poblenou para los que el Ayuntamiento exige cinco a?os y medio de c¨¢rcel; o de un piquete que afronta otra petici¨®n de seis a?os y medio, m¨¢s del doble de la que propone la fiscal¨ªa.

El Ayuntamiento se ha personado en esos procedimientos como acusaci¨®n particular, al ser perjudicado por los da?os. ¡°Lo hacemos siempre que hay afectaci¨®n al mobiliario urbano; cuando hay disturbios, el alcalde pide contundencia¡±, se?alan fuentes municipales. El Departamento de Interior tambi¨¦n ha perseguido los actos vand¨¢licos como acusaci¨®n popular, o sea en defensa del ¡°inter¨¦s p¨²blico¡±. De las dos administraciones en manos de CiU, es la encabezada por Trias la que pide las penas m¨¢s altas.

La Rambla del Poblenou fue uno de los muchos escenarios en los que, la ma?ana del 29-M, actuaron los piquetes. ¡°En concierto con unas 50 personas¡± y ¡°con intenci¨®n de alterar la paz p¨²blica¡±, seg¨²n el escueto relato de la fiscal, cuatro acusados ¡ªLlu¨ªs A., Bernardo S., Jean Pierre N. y Alberto C.¡ª ¡°cruzaron contenedores¡± a lo lago de la calle y ¡°los lanzaron al suelo¡±, con lo que lograron interrumpir el tr¨¢fico. Los j¨®venes arrojaron uno de los contenedores contra un supermercado Mercadona; tiraron bolsas de basura en la avenida Diagonal y ¡°pintaron la fachada y pusieron silicona¡± en una sucursal de Caixabank.

La fiscal¨ªa cree que esos hechos se corresponden con tres delitos ¡ªdes¨®rdenes p¨²blicos, da?os y contra la seguridad vial¡ª y solicita una pena de tres a?os y medio de c¨¢rcel. El Consistorio, en cambio, eleva la petici¨®n a cinco a?os y medio y narra los mismos sucesos, pero de forma m¨¢s incisiva: los acusados, argumenta, ¡°menoscabaron el normal desarrollo de la vida ciudadana¡±, alteraron ¡°el funcionamiento de los servicios p¨²blicos¡± y ¡°pusieron, a sabiendas, en peligro la integridad f¨ªsica¡± de los ciudadanos. Interior, en cambio, se mantiene en una l¨ªnea similar a la de fiscal¨ªa (tres a?os de c¨¢rcel) pese a que atribuye al grupo otros incidentes, como la rotura de la persiana de un bar o de los cristales de una oficina de CatalunyaCaixa.

Las defensas ven "desproporcionadas" las peticiones del Consistorio

Ricard C. tambi¨¦n particip¨®, presuntamente, en otro de los piquetes matutinos del paro general, convocado por UGT y CC OO. ¡°Se encontraba con un grupo numeroso de personas en la Via Augusta¡±, seg¨²n la fiscal¨ªa, cuando, ¡°con evidente ¨¢nimo de alterar el orden establecido¡±, el acusado ¡°coloc¨® o tir¨® en medio de la v¨ªa los contenedores de basura¡± que iba encontrando a su paso. Esa acci¨®n ¡°oblig¨® a los veh¨ªculos a invadir las acercas o a circular en sentido contrario al de la calle¡± para esquivar los obst¨¢culos. Ricard C. repiti¨® esas acciones hasta la plaza Molina, donde fue detenido por una patrulla policial.

El fiscal concluye que el joven caus¨® desperfectos por valor de 800 euros y le atribuye dos delitos: da?os y des¨®rdenes p¨²blicos; en total, solicita para ¨¦l una pena de dos a?os y ocho meses. Si el juez acepta el relato del ministerio p¨²blico, el joven puede pasar un tiempo (breve) en prisi¨®n. Si asume el del Ayuntamiento, ese tiempo puede prolongarse algo m¨¢s: el consistorio solicita m¨¢s del doble de esa pena (seis a?os y medio) por los mismos delitos. Seg¨²n su escrito, Ricard C. formaba parte de un piquete de unas 50 personas que, al volcar contenedores, oblig¨® a los conductores a ¡°realizar maniobras peligrosas¡± para evitar colisiones. El Ayuntamiento tambi¨¦n le atribuye que, junto a otras personas, baj¨® la persiana de un bar y ¡°presion¨® a los trabajadores y a la direcci¨®n para que cerrasen el negocio, mediante silbidos y gritos tanto a aqu¨¦llos como a los clientes¡±.

Tres j¨®venes para los que se ped¨ªa 7,5 a?os por incidentes en el Clot fueron absueltos

Aunque los incidentes m¨¢s graves del 29-M ocurrieron por la tarde ¡ªlas im¨¢genes de los destrozos en comercios y contenedores ardiendo dieron la vuelta al mundo¡ª los casos que ahora llegan a juicio ocurrieron por la ma?ana, durante la organizaci¨®n de piquetes informativos. Otro de esos episodios ocurri¨® en el barrio del Clot. Tres j¨®venes ¡ªJavier T., ?scar M. y Sergio Z.¡ª fueron acusados, tambi¨¦n, de interrumpir el tr¨¢fico volcando contenedores a la altura de la avenida Diagonal. De las tres instituciones que ejercieron la acusaci¨®n ¡ªFiscal¨ªa, Generalitat y Ayuntamiento¡ª fue esta ¨²ltima la que solicit¨® un castigo m¨¢s severo: siete a?os y medio de c¨¢rcel. Ninguna prosper¨®: los acusados fueron absueltos por falta de pruebas. El consistorio tambi¨¦n pidi¨® seis y dos a?os de c¨¢rcel para otras dos personas ¡ªRoger S. y el sindicalista y conductor de autobuses Saturnino M.¡ª por bajar las persianas de comercios en Sant Andreu.

El abogado Jaume Asens, que defiende a una decena de acusados por los incidentes del 29-M, considera ¡°desproporcionadas¡± las peticiones del Ayuntamiento y reprocha, adem¨¢s, que el Departamento de Interior ejerza a menudo como acusaci¨®n popular: ¡°Es una medida discriminatoria, porque no se adopta frente a otros delitos, como los de corrupci¨®n¡±, describe Asens, que considera que esa personaci¨®n es ¡°claramente superflua y redundante¡±, porque la fiscal¨ªa ya est¨¢ presente en todos esos procesos como garante del inter¨¦s general. La presencia de las Administraciones, remacha, es ¡°antiecon¨®mica¡±, porque supone ¡°un gasto de fondos p¨²blicos innecesario¡±.