Decretado el desalojo forzoso de los vecinos de la corrala La Utop¨ªa
El colectivo, que dispone de 15 d¨ªas para abandonar el inmueble, recurrir¨¢ el auto
La esperanza se ha tornado en angustia y desilusi¨®n. As¨ª se refleja en sus miradas. Los vecinos de la corrala La Utop¨ªa, el edificio de Sevilla propiedad de Ibercaja ocupado en mayo de 2012 por 36 familias, viven el momento m¨¢s amargo de estos 20 meses. La titular del Juzgado de Instrucci¨®n 3 de Sevilla ha decretado el ¡°desalojo forzoso¡± del inmueble. Seg¨²n un auto fechado el 28 de enero, los vecinos disponen de un plazo de 15 d¨ªas para dejar las viviendas de manera voluntaria. De no ¡°acreditarse el abandono¡±, dicta la magistrada, la polic¨ªa proceder¨¢ al desalojo. Las familias han anunciado que recurrir¨¢n el auto ante la Audiencia de Sevilla.
Como argumentos, el abogado de estos vecinos, Luis de los Santos, ha asegurado que recurrir¨¢n la medida ¡°por falta de motivaci¨®n y ausencia de delito¡±. ¡°Ni el ministerio fiscal ni la propiedad han motivado suficientemente el porqu¨¦ de la urgencia de una medida cautelar, sin ni siquiera haberse celebrado el juicio y estando a¨²n el caso en fase de instrucci¨®n¡±, expone el letrado, miembro del colectivo de abogados 17 de Marzo. El decreto de desalojo se ha notificado pocos d¨ªas despu¨¦s de que la instructora tomara declaraci¨®n al ¨²ltimo de estos vecinos, imputados por un delito de usurpaci¨®n.
Ibercaja estudia la propuesta de las familias para seguir en las viviendas
El representante legal de estas familias ha criticado que la ¨²nica justificaci¨®n dada para el desahucio sea la de ¡°restaurar el orden jur¨ªdico perturbado¡±. Seg¨²n el auto, la ocupaci¨®n ¡°priva¡± a la entidad bancaria de los derechos que legalmente, como propietaria, le pertenece. ¡°Desde luego, la doctrina de la magistrada no es la m¨¢s progresista¡±, asegura. El letrado ha afirmado tambi¨¦n que va a pedir la suspensi¨®n cautelar de la orden de desalojo mientras se resuelve el recurso. ¡°Desde el momento en el que ambas partes se sentaron a negociar, consideramos que tampoco existe delito penal¡±, agrega como argumento De los Santos.
La notificaci¨®n de desahucio coincide con la recta final de las negociaciones entre los vecinos e Ibercaja, contacto que en estos meses ha tenido sus altibajos ¡ªincluso, en mayo de 2013, la entidad bancaria lleg¨® a pedir a la juez que frenara la petici¨®n de desalojo al haberse alcanzado entre ambas partes un principio de acuerdo que luego no cuaj¨®¡ª. El defensor del Pueblo andaluz, Jes¨²s Maeztu, se reuni¨® el pasado jueves con directivos de Ibercaja para presentarle la propuesta que el colectivo vecinal dio a conocer en una reuni¨®n en enero con las Administraciones y a la que no acudi¨® la entidad. Seg¨²n fuentes del Defensor, Ibercaja se hab¨ªa comprometido a dar una respuesta esta semana. La propuesta de la corrala (bautizada Sembrando utop¨ªas) contemplaba la concesi¨®n de un alquiler social en estas viviendas y la cesi¨®n de los locales comerciales.
Una de las inquilinas lleva siete d¨ªas en huelga de hambre
Ibercaja no acudi¨® a la cita argumentando que su oferta era la misma que la que hizo hace unos meses: facilitar a estas personas el acceso a su programa de alquiler social, del que ya se benefician cinco de las 36 familias que ocuparon dicho edificio, seg¨²n fuentes del banco. El banco volvi¨® a solicitar a finales de julio del a?o pasado el desahucio ¡°al no haberse cumplido los compromisos por parte de los ocupantes¡±, seg¨²n la entidad, quien se?al¨® que en esa fecha ¡°¨²nicamente¡± tres familias hab¨ªan facilitado la evaluaci¨®n de los Servicios Sociales para acreditar su situaci¨®n de necesidad.
Ante la inminencia del desalojo, To?i Rodr¨ªguez, una de las vecinas de La Utop¨ªa, comenz¨® el jueves una huelga de hambre. ¡°Resistiremos hasta el ¨²ltimo momento¡±, precisa To?i, quien ha recordado que entre los vecinos se encuentran personas mayores y muchos menores. ¡°El desalojo puede ser muy traum¨¢tico¡±, reconoce. Durante la rueda de prensa, celebrada junto a la acampada que estas familias tienen instalada ante la sucursal de Ibercaja en la calle San Fernando de Sevilla, el colectivo asegura que no abandonar¨¢ el inmueble. ¡°Nos tendr¨¢n que sacar a rastras. O nos ayudan o nos dejar¨¢n en la calle¡±, afirma To?i.
¡°Los derechos humanos deben prevalecer¡±
El abogado Luis de los Santos, miembro del colectivo de letrados 17 de Marzo, ha defendido durante estos meses a la treintena de familias que permanecen en la corrala La Utop¨ªa, el edificio de Sevilla ocupado desde mayo de 2012. De los Santos ha sido el encargado de darle a estos vecinos la mala noticia: la juez ha decretado el ¡°desalojo forzoso¡± del edificio y disponen de 15 d¨ªas para abandonarlo voluntariamente.
Pregunta. ?C¨®mo se puede conjugar el derecho a la vivienda con el derecho a la propiedad?
Respuesta. Es m¨¢s f¨¢cil de lo que parece. En uno de sus art¨ªculos, la Constituci¨®n se?ala que el derecho a la propiedad est¨¢ sujeto al principio de la funci¨®n social de la misma. En el caso de la corrala La Utop¨ªa, el banco no ha acreditado ninguna urgencia para recuperar un edificio que llevaba vac¨ªo muchos a?os. No ha argumentado que vaya a sacarlos en alquiler o a ponerlos en venta. Los pisos van a seguir como estaban antes de que llegaran estas familias, que ir¨¢n a la calle de ejecutarse el desalojo. Esa falta de uso social hace que, en este caso, prime el derecho a la vivienda
P. Critica que la doctrina de la juez no es la m¨¢s progresista.
R. Ten¨ªa dos alternativas: decretar o no el desalojo; y ha optado por la alternativa m¨¢s conservadora. En juego estaban, por un lado, los derechos humanos de estas familias, con ni?os y personas mayores; y, por el otro, el de la propiedad privada. Otra vez m¨¢s han ganado los bancos. Los derechos humanos deben prevalecer, estar por encima de todo.
P. ?Cu¨¢les son los principales argumentos con los que va a recurrir el auto de desahucio ante la Audiencia?
R. Por falta de motivaci¨®n y ausencia de delito. En folio y medio, la juez no justifica suficientemente el desahucio ni valora que las familias han hecho de ese inmueble abandonado desde hace a?os su hogar. Tambi¨¦n entendemos que no existe una voluntad firme de la entidad bancaria de recuperar el inmueble porque durante estos meses ha negociado con las familias una soluci¨®n.
P. Califica este desahucio como "ilegal".
R. Tal y como se dicta en varias sentencias del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, los poderes p¨²blicos deben ofrecerles una alternativa a estas familias para evitar que se vayan a la calle.
P. Tras el auto, ?qu¨¦ papel juegan ahora las Administraciones?
R. En el ¨¢mbito judicial, ni la Junta de Andaluc¨ªa ni el Ayuntamiento pueden hacer nada. Pero es el momento de que, principalmente, la Junta de Andaluc¨ªa tome cartas en el asunto y ofrezca una soluci¨®n a estas familias. Durante estos meses, ha mostrado su compromiso con los m¨¢s desfavorecidos, y estos vecinos lo son. Es el momento de que pase de las palabras a la acci¨®n.
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