El juez del ¡®caso Invercaria¡¯ pregunta a Anticorrupci¨®n qu¨¦ desea hacer
La Fiscal¨ªa pidi¨® averiguar la legalidad de las transferencias de financiaci¨®n a siete entidades p¨²blicas
El juez del caso Invercaria ha preguntado a la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n qu¨¦ desea hacer con las diligencias abiertas sobre la Radio Televisi¨®n de Andaluc¨ªa (RTVA) y otras seis empresas o agencias p¨²blicas andaluzas, una vez recabados todos los informes solicitados a la Intervenci¨®n de la Junta. El juez de instrucci¨®n 16 abri¨® en noviembre pasado esas diligencias a petici¨®n de la propia Fiscal¨ªa para averiguar si las llamadas transferencias de financiaci¨®n a esas empresas hab¨ªan seguido "la tramitaci¨®n administrativa procedente, sometida a fiscalizaci¨®n previa con an¨¢lisis diferenciado".
Se trataba de determinar si hubo presuntos delitos de prevaricaci¨®n o malversaci¨®n en la financiaci¨®n de la Empresa P¨²blica de Gesti¨®n de Programas Culturales, la Empresa P¨²blica de Desarrollo Agrario y Pesquero (DAP), la Agencia de Promoci¨®n Exterior (EXTENDA), la Empresa de Gesti¨®n Medioambiental (EGMASA), la Empresa P¨²blica de Deporte Andaluz (EPDASA), la Empresa de Gesti¨®n de Infraestructuras (GIASA), RTVA y la empresa tur¨ªstica TURASA.
Una vez entregados por parte de la Intervenci¨®n General de la Junta los expedientes elaborados desde 2003, el juez ha remitido la documentaci¨®n a la Fiscal¨ªa para que informe cuales deben ser los siguientes pasos en cuanto a diligencias que se pueden practicar, hechos punibles, posibles autores "o en su caso el sobreseimiento".
Fuentes del caso han informado a Efe que se trata de voluminosos expedientes que ahora la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n va a estudiar antes de responder al juez Juan Guti¨¦rrez Casillas.
En su solicitud, la Fiscal¨ªa indicaba que de los informes de la Intervenci¨®n "se desprende la utilizaci¨®n de las transferencias de financiaci¨®n para el abono final por parte de las empresas y agencias p¨²blicas rese?adas de subvenciones excepcionales y encargos de ejecuci¨®n que no han sido objeto de fiscalizaci¨®n previa, siendo ¨¦sta exigible en ambos casos".
La Intervenci¨®n hizo constar que esas empresas p¨²blicas "presentan defectos en la contabilizaci¨®n de las transferencias de financiaci¨®n que afectan a resultados o en la clasificaci¨®n de activo y pasivo".
Seg¨²n la Intervenci¨®n, "de forma indebida, el expediente administrativo de transferencia de financiaci¨®n ha sido tramitado para financiar operaciones de encargos de ejecuci¨®n, subvenciones excepcionales u otros que habr¨ªan requerido una tramitaci¨®n administrativa propia y sometida a fiscalizaci¨®n previa".
Anticorrupci¨®n solicit¨® unas diligencias propias para cada una de las empresas p¨²blicas citadas excepto la Agencia de Innovaci¨®n y Desarrollo de Andaluc¨ªa (IDEA), sobre la que pidi¨® que se enviase a la juez de instrucci¨®n 6, Mercedes Alaya, que ya la investiga dentro del caso de los ERE fraudulentos.
En cuanto a las restantes empresas, Anticorrupci¨®n dijo que era necesario "investigar si la utilizaci¨®n del rese?ado procedimiento puede ser constitutivo de il¨ªcito penal", en concreto de presuntos delitos de prevaricaci¨®n o malversaci¨®n de caudales p¨²blicos.
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