Unas 2.000 casas tienen una orden de derribo pendiente de ejecuci¨®n
Tres sentencias judiciales desde 2011 afectan a tres municipios de Alicante
M¨¢s de 2.000 casas en la provincia de Alicante tienen una sentencia de derribo pendiente de ejecuci¨®n a partir del 2011. Son tres fallos emitidos por los tribunales que hasta el momento no han tenido efecto pr¨¢ctico. Uno de ellos afecta a una macrourbanizaci¨®n de Orihuela Costa, lo que dispara el n¨²mero de viviendas sentenciadas. Son resoluciones judiciales que incluso siendo decretadas por el Tribunal Supremo acaban chocando con la resistencia de la Administraci¨®n para acatarlas. En la mayor¨ªa de los casos, seg¨²n la Consejer¨ªa de Infraestructuras y Medio Ambiente, es casi imposible de cumplir las sentencias debido a sus ¡°muy significativas¡± repercusiones econ¨®micas.
Hasta el momento no se ha ejecutado ninguna, son sentencias que queman. Un ejemplo fue la decisi¨®n del pasado 21 de enero tomada por el juzgado n¨²mero uno de lo contencioso-administrativo en Alicante, al que la Generalitat pidi¨® autorizaci¨®n para acceder a seis chalets ilegales en la isla de Tabarca (Alicante) despu¨¦s de que sus propietarios se negaran a dejarles pasar el 13 de enero, cuando estaba prevista la demolici¨®n.
La decisi¨®n del juez fue la de denegar el acceso pese a considerar que no se requiere de permiso para ello con una sentencia del Supremo en mano y que ser¨¢ el Tribunal Superior valenciano (TSJ) el que deber¨ªa decidir sobre lo que le pregunta la Generalitat.
En Benidorm, dos bloques de edificios a siete metros del mar, Los Gemelos 28, est¨¢n sentenciados por el Supremo desde julio de 2012. El tribunal consider¨® nula la licencia de obra concedida por la Generalitat en 2005 a sabiendas de la existencia de un decreto aprobado por el Consejo de Ministros que inclu¨ªa dentro de la servidumbre de paso y protecci¨®n de Costas la parcela donde iban a ubicarse las torres.
Cuando se conoci¨® la sentencia, la edil de Turismo y exconsejera del Consell, Gema Amor, fue clara al descartar el derribo y referirse al promotor de las torres, Andr¨¦s Ballester, como alguien que ¡°lleva 30 a?os apostando por Benidorm y construyendo edificios¡±. En la promotora que vende los pisos, Torres de L'Horta, aseguran que ¡°est¨¢ claro que tirarlas no las van a tirar¡±.
El caso que m¨¢s trae de cabeza al Consell es el de la urbanizaci¨®n La Chismosa (Orihuela), construida hace 15 a?os, con 2.000 viviendas unifamiliares que el TSJ orden¨® tirar en noviembre de 2011 y que siguen ajenos a la piqueta.
Un mar de cemento por legalizar en Orihuela
Orihuela es uno de los mejores ejemplos de la peor depredaci¨®n urban¨ªstica que se ha cebado con diversos puntos de la costa valenciana durante 30 a?os. A la capital de La Vega Baja, de 16 kil¨®metros de costa, solo le queda uno por urbanizar, mientras su Ayuntamiento calcula que tiene 10.000 viviendas con irregularidades en su zona de playas.
Las anomal¨ªas detectadas por el Supremo en la construcci¨®n de La Chismosa no es algo aislado en el territorio oriolano, responde a una gesti¨®n del urbanismo con tintes irresponsables y a un patr¨®n de comportamiento de los promotores, explica Antonia Moreno, la exconcejal de Urbanismo que recibi¨® a finales de 2011 la sentencia del Tribunal Supremo para derribar la macrourbanizaci¨®n.
?C¨®mo puede ser que una ciudad espa?ola de 90.000 habitantes tenga 10.000 viviendas sin regularizar? ¡°El truco¡±, como dice Moreno, consiste en obtener una licencia de obra para comenzar la urbanizaci¨®n de un solar cuyos servicios quedan inacabados una vez vendidas las viviendas.
Es decir, hecho el negocio, ¡°el urbanizador se desentiende y, generalmente, el aval depositado suele ser menor de lo necesitado por el Ayuntamiento para acabar la obra, lo que repercute en que miles de casas se queden sin licencia de habitabilidad, sin poder reformar, contratar agua o plantearse la posibilidad de montar un negocio en el bajo del edificio¡±, explica Moreno, que en los m¨¢s de dos a?os que estuvo al frente de Urbanismo en Orihuela vio avales por valor de 60.000 euros cuando lo que el urbanizador dej¨® por construir ten¨ªa costes de un mill¨®n.
Moreno aprovech¨® para criticar la gesti¨®n del antiguo gobierno del PP, un cuarto de siglo dirigiendo con mayor¨ªas absolutas el consistorio oriolano: ¡°Han sido 25 a?os en el que la concejal¨ªa de Urbanismo actu¨® como una inmobiliaria y ahora el Ayuntamiento (gobernado por Los Verdes y el PSPV) tiene que andar intentando legalizar lo ya construido¡±. Un ejemplo de estos intentos de legalizaci¨®n es el de Las Palmeras. Esta urbanizaci¨®n gigantesca en la que pueden vivir entorno a 4.000 personas carece del permiso de habitabilidad y el consistorio la intenta legalizar incluy¨¦ndola en los llamados PRI (Planes de Reforma Interior).
Moreno, record¨® que en La Chismosa ¡°hay adquirientes de buena fe con m¨¢s de 15 a?os¡± de propiedad a los que una sentencia les dice ¡°no solo que es ilegal su casa, sino que se restituya la parcela a su estado original, que se convierta en un solar. Y eso es inejecutable¡±.
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