Hablemos de Madrid

No sobre el Madrid empresarial del metaf¨®rico ¡°palco del Bernab¨¦u¡± donde coinciden virtualmente reguladores y regulados del mundo financiero y econ¨®mico. Ni sobre el Madrid pol¨ªtico en el que G¨¦nova y Ferraz ¡ªseg¨²n titulares de este peri¨®dico¡ª solo se aproximan para tratar de la cuesti¨®n catalana. Tampoco sobre el Madrid que se pronuncia en las encuestas en favor de una clara recentralizaci¨®n territorial y prefiere vaciar de competencias a su propio gobierno aut¨®nomo para devolverlas al Estado (Encuesta CIS 2012). Ni sobre el Madrid electoral que desde hace a?os viene dando contundentes mayor¨ªas conservadoras, m¨¢s amplias que las logradas en Catalu?a por el nacionalismo de centro-derecha.

Hablemos, aunque sea por unos minutos, del Madrid que ha combatido durante meses un proyecto clave del gobierno aut¨®nomo del PP, ha obligado a dimitir al consejero del ramo y ha llevado a su presidente a renunciar ¡ªal menos por ahora¡ª al intento de entregar hospitales y centros de atenci¨®n sanitaria a la gesti¨®n mercantil. El hecho es trascendente y significativo. Por el asunto y por sus protagonistas.

La privatizaci¨®n sanitaria impon¨ªa un modelo que concibe la salud como una mercanc¨ªa en lugar

Lo que el asunto plantea es en realidad el alcance y la supervivencia del Estado social proclamado en la Constituci¨®n de 1978, una constituci¨®n ignorada en sus aspectos sociales y econ¨®micos por los mismos que la invocan enf¨¢ticamente cuando se ocupan de la cuesti¨®n territorial. Lo que se ventila en un traspaso progresivo de los servicios sanitarios a la gesti¨®n mercantil es la paulatina conversi¨®n del derecho a la protecci¨®n de la salud que corresponde a cada miembro de la comunidad democr¨¢tica en una mercanc¨ªa que se vende y se compra. De esta manera, es la salud lo que se privatiza. Es decir, deja de ser un bien p¨²blico que hemos de preservar entre todos en beneficio de la comunidad para convertirla en ¡°un bien privado que depende de uno mismo¡±, tal como manifestaba con descarada crudeza el conseller de Salud del actual gobierno de la Generalitat. Remataba esta expresi¨®n descarnada de sus convicciones afirmando que ¡°no hay derecho a la salud porque ¨¦sta depende del c¨®digo gen¨¦tico de la persona¡± (EL PA?S, 25/10/2011). Con lo cual enmendaba la plana no solo a nuestra maltrecha Constituci¨®n (art. 43), sino a la Carta de Derechos Humanos de la UE (art. 35) o al Pacto Internacional de Derechos Econ¨®micos, Sociales y Culturales de NNUU (art. 12).

Negar el derecho a la salud como principio doctrinal ¡ªabiertamente declarado por el consejero de CiU o camuflado de modo m¨¢s discreto¡ª conduce a estrategias privatizadoras de servicios sanitarios. La necesidad innegable de obtener la m¨¢xima eficiencia en los recursos aplicados a las pol¨ªticas de salud se equipara dogm¨¢ticamente con la entrega de la gesti¨®n de dichas pol¨ªticas a actores empresariales. Son actores inclinados a asumir solo los servicios de resultados econ¨®micamente menos arriesgados, benefici¨¢ndose adem¨¢s del conocimiento de profesionales cuya formaci¨®n y reciclaje permanente se ha sufragado y se sufraga con recursos p¨²blicos.

Por todo ello es trascendente la batalla sanitaria de Madrid. Porque est¨¢ en juego no solo la aplicaci¨®n de unas determinadas t¨¦cnicas de gesti¨®n, sino una intencionada concepci¨®n de la salud y con ella la de unos derechos sociales cada vez m¨¢s amenazados de reconversi¨®n solapada en mercanc¨ªa.

En Madrid se ha demostrado que la demolici¨®n puede ser detenida.

Es importante adem¨¢s identificar a quienes han cargado con el peso de aquella batalla y han sido sus protagonistas destacados. Lo han sido en alguna medida los partidos de la oposici¨®n. Pero el impulso principal de la resistencia ha corrido a cargo de una amplia coalici¨®n de entidades, colectivos profesionales y vecinales capaces de sensibilizar a la opini¨®n p¨²blica sobre lo que estaba en juego y sobre lo que la ciudadan¨ªa pod¨ªa perder si prosperaba el proyecto del PP madrile?o. Esta movilizaci¨®n ha echado mano de un amplio repertorio de instrumentos y los ha empleado en escenarios diversos: en la calle, en los medios de comunicaci¨®n, en los centros de trabajo, en los tribunales. Hombres y mujeres que ¡ªseg¨²n dec¨ªan ellos mismos¡ª, "no entienden de pol¨ªtica ni quieren saber nada de ella, han ejercido pol¨ªticamente como ciudadanos, es decir, como corresponsables del bienestar colectivo.

La ¡°marea blanca¡± de Madrid se suma a otras movilizaciones sociales, entre las que ha adquirido relevancia especial la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Adoptan formas de acci¨®n que combinan la presi¨®n desde la calle con el empleo de los recursos legales y judiciales disponibles. Demuestran que la democracia representativa no es suficiente, aunque no quieren prescindir de ella. A la vez, revelan que es posible corregir las aparentemente imparables estrategias de vaciado de lo pol¨ªtico y de expansi¨®n de lo mercantil. Con el pretexto de la necesidad de ¡°adelgazar administraciones¡± como si a ellas correspondiera la responsabilidad total y exclusiva de la crisis provocada por el capitalismo financiero, se han puesto en marcha ¡°reformas¡± que son en realidad ¡°demoliciones¡± de un edificio de derechos sociales y laborales trabajosamente conseguidos. En Madrid se ha demostrado que la demolici¨®n puede ser detenida. Hablemos tambi¨¦n de este Madrid.

Josep M. Vall¨¨s es profesor em¨¦rito de ciencia pol¨ªtica (UAB)