V¨¢ndalos y expoliadores

En la vida p¨²blica, los gestos dejan generalmente la huella ideol¨®gica de quien los hace. Por supuesto que donde m¨¢s n¨ªtidamente se aprecia, o deber¨ªa apreciarse, es en la pol¨ªtica. El Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo, se ha personado como acusaci¨®n particular en los procedimientos judiciales abiertos contra los integrantes de los piquetes acusados de actuar de forma violenta en las calles de Barcelona durante la huelga general del 29-M de 2012. El Gobierno municipal, en una actitud que le honra por lo que supone de respeto al erario p¨²blico y al patrimonio colectivo de los ciudadanos, ha decidido ser ejemplarizante abanderado e ir m¨¢s all¨¢ que la fiscal¨ªa a la hora de pedir penas de c¨¢rcel, como si se tratase de un anticipo de la nueva Ley de Seguridad que prepara el ministro Jorge Fern¨¢ndez.

As¨ª para cuatro acusados de tres delitos ¡ªdes¨®rdenes p¨²blicos, da?os y contra la seguridad vial¡ª para quienes el ministerio p¨²blico solicita tres a?os y medio de c¨¢rcel, el Consistorio pide cinco a?os y medio. En otro caso, la fiscal¨ªa concluye que Ricard C. ¡ªotro supuesto integrante de piquete¡ª caus¨® desperfectos por valor de 800 euros y le atribuye dos delitos: da?os y des¨®rdenes p¨²blicos; en total, solicita dos a?os y ocho meses. El Consistorio eleva la petici¨®n hasta seis a?os y medio.

En otro de los episodios ocurrido en el barrio del Clot, tres j¨®venes fueron acusados de interrumpir el tr¨¢fico volcando contenedores a la altura de la avenida Diagonal. El Ayuntamiento pidi¨® el castigo m¨¢s severo: siete a?os y medio de c¨¢rcel. Los tres fueron absueltos por falta de pruebas. Pero qued¨® clara la insobornable mano dura consistorial contra contra quienes destruyen el patrimonio ciudadano.

Asuntos de tanto calado econ¨®mico permitir¨ªan renovar todo el mobiliario urbano, como el sobrecoste del hospital de Sant Pau, los dobles sueldos de algunos de sus ejecutivos o el caso Palau

El Ayuntamiento de Barcelona cuantific¨® en 565.000 euros el coste de los da?os ocasionados en el mobiliario y los servicios urbanos durante los actos violentos de la jornada de huelga del 29-M.

Ese impulso punitivo contra los piquetes, contra la violencia callejera, ?se mantiene en otros niveles de la vida colectiva? Pues la pr¨¢ctica muestra que no, que las autoridades bajan muchos vatios de potencia a la hora de abordar asuntos de tanto calado econ¨®mico que permitir¨ªan renovar todo el mobiliario urbano, como el sobrecoste del hospital de Sant Pau, los dobles sueldos de algunos de sus ejecutivos o el caso Palau. La doble vara de medir la emplean todas las instituciones y casi siempre va m¨¢s all¨¢ de qui¨¦n sea el gobernante de turno. Es como si el poder fabricara anticuerpos que protegen a quienes lo ejercen. Y m¨¢s en los a?os de crisis. En la Europa actual, tal como asegura Zygmunt Bauman, cuesta distinguir entre gobiernos de izquierda y de derecha.

En el caso del Hospital de Sant Pau, en el que se amalgaman imputados de las m¨¢s variadas procedencias, el juez archiv¨® hace unos meses el desv¨ªo presupuestario de 77 millones de euros en la construcci¨®n de nuevas instalaciones del citado centro hospitalario, reconociendo irregularidades, pero atenu¨¢ndolas con el generoso argumento de que los responsables hab¨ªan sido asesorados de manera ¡°incorrecta¡± por terceros. El razonamiento del juez es complejo, pues de aplicarse a los defraudadores fiscales les eximir¨ªa de responsabilidades en caso de que hayan acudido a asesorarse a un fiscalista (la c¨¦lebre tercera persona). Pero argumentaciones judiciales al margen, ni la Generalitat ni el Ayuntamiento de Barcelona, presentes en los ¨®rganos de gobierno del Sant Pau, en ning¨²n momento se han constituido en acusaci¨®n particular. Ah¨ª ambas instituciones ya han considerado que con el ministerio fiscal es suficiente.

Y qu¨¦ decir del caso Palau. Ah¨ª tanto la Generalitat como el Ayuntamiento, representados en el consorcio, solicitan 21 a?os de c¨¢rcel para los saqueadores F¨¨lix Millet y Jordi Montull, frente a los 27 a?os y medio que pide la fiscal¨ªa. Ambas instituciones evitan solicitar responsabilidades a Converg¨¨ncia Democr¨¤tica -que seg¨²n el fiscal se qued¨® con 6,6 millones de euros en comisiones ilegales procedentes de obra p¨²blica (L¨ªnea 9 del metro o Ciutat de la Just¨ªcia)-, con el argumento de que el dinero, por parad¨®jico que parezca, no proced¨ªa de fondos p¨²blicos.

A poco de llegar al poder, en enero de 2011, Artur Mas aseguraba, pese a los entonces indicios, que ¡°no es momento de imputar a nadie¡± de CDC por parte de los abogados de la Generalitat. El presidente a?ad¨ªa: ¡°Dejemos que el juez decida si les imputa. No hagamos prejuicios de manera interesada¡±. Bien pues el juez ya ha imputado. ?Y que dice ahora? Pues que ¡°los indicios que ahora determina el juez no tienen una base s¨®lida¡±, seg¨²n un comunicado de CDC. La constructora Ferrovial pag¨® supuestamente, seg¨²n el magistrado, un total de 6,6 millones en comisiones ilegales al partido nacionalista a cambio de la adjudicaci¨®n de obra p¨²blica durante el ¨²ltimo Gobierno de Jordi Pujol. Pero todav¨ªa hay diferencias entre v¨¢ndalos y expoliadores.