Agua: un bien p¨²blico en manos privadas

En 2007 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) realizaba el estudio Salida de Operadores Privados Internacionales de Agua en Am¨¦rica Latina. Despu¨¦s de haber fomentado durante m¨¢s de 20 a?os la privatizaci¨®n de la gesti¨®n del agua mediante pol¨ªticas tan simples como condicionar el 66% de sus cr¨¦ditos a la privatizaci¨®n del servicio, se encontr¨® con que la mayor¨ªa de operadores internacionales a mediados de la primera d¨¦cada del nuevo siglo se hab¨ªa retirado o estaba en v¨ªas de hacerlo. El fracaso y el rechazo suscitado por ese modelo de gesti¨®n quedaba demostrado.

La conflictividad social, la falta de inversiones, las subidas abusivas de tarifas, as¨ª como los bajos niveles de eficiencia, fueron algunos de los detonantes que conllevaron la primera gran oleada de remunicipalizaciones o rescates de concesiones en el continente latinoamericano. Destacan la guerra del agua de Cochabamba (Bolivia), la salida de Agbar-Suez de Buenos Aires o el refer¨¦ndum constitucional impulsado por la sociedad civil en Uruguay.

Pero mientras el laboratorio de pruebas neoliberales que durante muchos a?os hab¨ªa sido el continente latinoamericano hac¨ªa aguas, emerg¨ªa otro gran mercado, una Europa debilitada en plena crisis financiera. No es de extra?ar encontrar paralelismos a un lado y otro del mar: en las condiciones impuestas por la troika a Grecia y Portugal para acceder al ¡°rescate¡± se inclu¨ªa la privatizaci¨®n de la gesti¨®n del agua de Atenas y Tesal¨®nica o la de la empresa p¨²blica Aguas de Portugal. La mercantilizaci¨®n del agua se profundizaba en las periferias.

En Espa?a nos encontramos con una oleada de privatizaciones que b¨¢sicamente obedecen a la necesidad de sanear las maltrechas y mal gestionadas arcas municipales. Este saneamiento se produce mediante una aportaci¨®n econ¨®mica al municipio llamada canon concesional, que normalmente se paga en dos tramos: una parte sustancial al inicio y la otra a lo largo de toda la concesi¨®n. Sin embargo, en la mayor¨ªa de casos el canon no repercute en las cuentas del ciclo del agua, sino en las de otros departamentos con mayores urgencias del municipio o, llegado el caso, contribuye a las campa?as electorales. Esta aportaci¨®n no la hace el operador privado, sino que, evidentemente, se incorpora en el recibo que paga toda la ciudadan¨ªa, con lo que no solo se aumenta el coste del servicio, sino que se convierte el agua en un activo financiero. O dicho de otra forma, en un impuesto recaudatorio de dudosa legalidad, pues el recibo del agua tendr¨ªa que estar vinculado exclusivamente al servicio de agua prestado. Sin lugar a dudas, es una pol¨ªtica fiscal inaceptable e improcedente. En el caso de Aguas Ter Llobregat, hablamos de un canon dividido en una aportaci¨®n inicial de 300 millones y de 700 m¨¢s a lo largo de los 50 a?os de concesi¨®n, que a d¨ªa de hoy no se est¨¢n destinando al ciclo del agua, con lo que se vulnera lo establecido por la Ley ?mnibus.

No se cuenta que en Europa el modelo imperante, el que abarca a un 70% de la poblaci¨®n, es de gesti¨®n p¨²blica

El proceso de remunicipalizaci¨®n, curiosamente, se est¨¢ produciendo con mayor intensidad en aquellos pa¨ªses que m¨¢s peso tienen hoy en la Comisi¨®n Europea, aunque aqu¨ª se trate de ocultar. Mientras nos intentan convencer de que las pol¨ªticas de ajustes estructural son imprescindibles, no se habla de que en el coraz¨®n de las multinacionales del agua, en su capital, Par¨ªs, se revirti¨® a manos p¨²blicas la gesti¨®n del agua en 2010. La iniciativa supuso un ahorro anual de 30 millones de euros y una reducci¨®n de la tarifa del 8%, como hab¨ªa pasado en Grenoble o Brest antes, al eliminar las plusval¨ªas asociadas a la explotaci¨®n privada. Tampoco se cita el caso de Berl¨ªn, donde recientemente tambi¨¦n se ha rescatado la gesti¨®n del agua, siguiendo el camino de los m¨¢s de 170 municipios que desde 2007 han remunicipalizado ese servicio o la electricidad. O no se menciona el refer¨¦ndum constitucional de 2011 en el que los italianos se opusieron a la privatizaci¨®n de la gesti¨®n del agua, algo que ya establec¨ªa la constituci¨®n holandesa.

En definitiva, no se cuenta que en Europa el modelo imperante, el que abarca a un 70% de la poblaci¨®n, es de gesti¨®n p¨²blica. Es el que ha universalizado el servicio, conseguido mayor eficiencia y, sobre todo, el ¨²nico capaz de asegurar unas pol¨ªticas ambientales eficaces y las mayores garant¨ªas en la calidad del agua, y consecuentemente en la salud y la vida de las personas. Tampoco se cuenta que en Catalu?a, por el contrario, la gesti¨®n p¨²blica no alcanza ni el 20%: el resto no es ni siquiera un oligopolio, sino el monopolio de la multinacional francesa Suez, a trav¨¦s de su filial Agbar.

Quiz¨¢s es hora de que decidamos c¨®mo queremos gestionar nuestros bienes comunes, de que abramos el debate poniendo el inter¨¦s general, el de todos y todas, en el centro de las pol¨ªticas p¨²blicas. Quiz¨¢s es hora de que tambi¨¦n en este pa¨ªs nos pongamos a caminar hacia la remunicipalizaci¨®n del agua.

Eloi Badia Casas es ingeniero industrial y portavoz de la Plataforma Aigua ¨¦s Vida