La Junta ultima con Interior el pacto para reanudar el servicio jur¨ªdico a los presos

La Consejer¨ªa de Justicia y el Ministerio del Interior parecen estar m¨¢s cerca que nunca de alcanzar un acuerdo para restablecer la asistencia jur¨ªdica para los m¨¢s de 16.000 presos que cumplen condena en las c¨¢rceles de Andaluc¨ªa. As¨ª lo ha anunciado este mi¨¦rcoles el consejero Emilio Llera, quien ha afirmado que el ministerio se ha mostrado "dispuesto a firmar" el convenio remitido por la Administraci¨®n andaluza. Ahora solo resta que el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, el tercer implicado en el acuerdo sobre este servicio, d¨¦ tambi¨¦n el aprobado al escrito. La prestaci¨®n qued¨® suspendida en abril de 2012 despu¨¦s de que la Junta y el Gobierno central se enzarzaran en un cruce de acusaciones sobre su renovaci¨®n.

El consejero ha asegurado que el ministerio ha dado el visto bueno al documento tras incorporar "leves" modificaciones. El convenio, seg¨²n Llera, presenta dos novedades con respecto al suscrito en 2008 ¡ªy prorrogado en 2010¡ª, cambios encaminados a reducir costes. "Dejar¨¢ de ser un servicio de orientaci¨®n y asistencia jur¨ªdica penitenciaria para convertirse en una prestaci¨®n m¨¢s que ofrecer¨¢n los abogados. De esta forma, no es necesaria la figura de los coordinadores", explica el consejero. "Adem¨¢s, esta atenci¨®n no se va a prestar a cualquiera. Se le dar¨¢ a aquellos presos que no tengan abogado", ha precisado el consejero, quien no quiso aventurarse a dar una fecha para el restablecimiento del servicio. "Est¨¢ claro que no ser¨¢ de hoy para ma?ana. Esto lleva su tiempo, pero mi objetivo es que sea lo antes posible", ha asegurado.

La Consejer¨ªa de Justicia, que financiaba desde 2001 este servicio, decidi¨® en abril de 2012 dejar de sufragarlo porque, seg¨²n afirm¨®, Interior no hab¨ªa renovado el convenio que sustentaba su funcionamiento. La Junta argumentaba que faltaba una adenda que el Gobierno central no hab¨ªa remitido. Durante estos meses, el ministerio ha mantenido que, al igual que pasa en otras comunidades, el servicio pod¨ªa aplicarse sin necesidad de renovar ese documento. Como recuerda el coordinador del ¨¢rea de c¨¢rceles de la Asociaci¨®n Pro Derechos Humanos de Andaluc¨ªa (APDHA), Valent¨ªn Aguilar, hasta 2008 ¡ªcuando se rubric¨® este acuerdo tripartito¡ª el servicio funcionaba con acuerdos entre los colegios de abogados y las c¨¢rceles. "La participaci¨®n de Instituciones Penitenciarias es necesaria porque regula una serie de tr¨¢mites indispensables como es el control de los horarios y d¨ªas de prestaci¨®n del citado servicio", defiende el consejero de Justicia, quien se?ala que el presupuesto para esta prestaci¨®n se incluye en el montante destinado a la asistencia jur¨ªdica gratuita (38,4 millones de euros). Seg¨²n fuentes de la consejer¨ªa, la partida oscilar¨¢ en torno a los 400.000 euros, como en a?os anteriores.

Tras el visto bueno del ministerio, Llera ha entregado este mi¨¦rcoles el acuerdo al presidente del consejo de abogados, Jos¨¦ Rebollo, quien ha anunciado que se estudiar¨¢ en la comisi¨®n permanente que la instituci¨®n tiene convocada para el pr¨®ximo d¨ªa 21. De alcanzar el consenso, el acuerdo deber¨¢ ser tambi¨¦n aprobado por el Ministerio de Hacienda, encargado de estudiar todos los convenios firmados entre Administraciones que supongan un gasto econ¨®mico. "El restablecimiento del servicio debe ser inminente", defiende el coordinador de APDHA ante el procedimiento burocr¨¢tico a seguir.

Durante estos meses, organizaciones como la de Valent¨ªn Aguilar han denunciado la situaci¨®n de "indefensi¨®n" en la que se encuentran los presos. "Denuncias por malos tratos, por tortura o por el precario servicio sanitario que reciben que no han sido escuchadas", apunta Aguilar.