Andaluc¨ªa expedienta a la Sareb por ¡®ocultar¡¯ sus viviendas protegidas
La Junta amenaza al ¡®banco malo¡¯ con una multa de 109 millones de euros
La supuesta devaluaci¨®n de activos de la Sareb, el banco malo, es uno de los argumentos principales empleados por el Gobierno central en el recurso que present¨® en diciembre de 2013 ante el Tribunal Constitucional contra la ley andaluza antidesahucios. Pero al Ejecutivo de Mariano Rajoy le preocupaban, sobre todo, los art¨ªculos que permit¨ªan a la Junta expropiar temporalmente el uso de viviendas cuando fueran a ser desahuciadas familias en riesgo de exclusi¨®n y multar a los bancos por las casas que mantuvieran vac¨ªas.
Esos son los art¨ªculos que el Gobierno ha impugnado y los que el alto tribunal ha suspendido tras admitir el recurso. Pero el resto de la ley sigue vigente y la Junta la ha hecho valer ahora para expedientar a la Sareb por incumplimiento de la funci¨®n social de 911 viviendas de protecci¨®n oficial (VPO) de las que es titular en la comunidad. Seg¨²n la Consejer¨ªa de Fomento y Vivienda, las posibles sanciones derivadas de los dos procedimientos administrativos abiertos pueden alcanzar los 109,44 millones de euros.
La primera sanci¨®n, por infracci¨®n muy grave, se debe al incumplimiento de una disposici¨®n adicional de la ley de VPO introducida en la nueva ley de la funci¨®n social de la vivienda (la conocida como ley antidesahucios) que establece la obligaci¨®n de las entidades financieras de aportar a la Junta su inventario de VPO. La norma andaluza entr¨® en vigor como decreto (luego se convirti¨® en ley) en abril de 2013 y daba un mes de plazo a las entidades para informar de las viviendas protegidas que tuvieran.
La Sareb no ha aportado este dato y el Gobierno de Susana D¨ªaz le inform¨® el pasado 17 de enero de la apertura del expediente sancionador. Seg¨²n la Junta, la multa por esta infracci¨®n puede alcanzar los 120.000 euros. Pero lo curioso es que la Consejer¨ªa de Fomento y Vivienda ha tenido conocimiento de que el banco malo ten¨ªa casi mil VPO en Andaluc¨ªa a partir de un informe de la propia Sareb que el Gobierno central incluy¨® en el recurso que present¨® ante el Constitucional. En el escrito, titulado An¨¢lisis de impacto y valoraci¨®n del decreto ley de Andaluc¨ªa, el banco malo advert¨ªa de que el 12% de sus activos inmobiliarios est¨¢n en esta comunidad. Y detallaba: 4.473 viviendas libre de primera residencia, 995 de segunda residencia y 911 VPO.
La segunda sanci¨®n a la que se expone corresponde a las 911 infracciones graves (una por cada VPO) que, supuestamente, ha cometido al no poner las viviendas a disposici¨®n de los registros p¨²blicos municipales de demandantes, una obligaci¨®n que recoge el art¨ªculo 20 de la ley de VPO. La Junta le envi¨® el 20 de enero un requerimiento oficial de informaci¨®n y le exigi¨® la documentaci¨®n que acreditara la puesta a disposici¨®n de las VPO en los registros. Si la Sareb no consigue acreditarlo (y la Junta cree que no va a poder) la sanci¨®n puede alcanzar los 109,32 millones de euros.
La Sareb va a presentar alegaciones. "Estamos absolutamente comprometidos con cumplir la ley, pero hab¨ªamos trasladado a la Junta la complejidad de recabar los datos en los plazos previstos. Ha resultado imposible debido a la cantidad de activos que hemos recibido en muy corto periodo de tiempo", explican fuentes de la entidad. El banco malo considera que la sanci¨®n propuesta es "desproporcionada" y se queja de que la cuant¨ªa se haya calculado aplicando una sanci¨®n por cada una de las 911 viviendas en vez de una para todo el paquete.
Las fuentes de la Sareb aseguran ahora que la cifra de 911 VPO detallada en el informe entregado por el Gobierno son solo "una estimaci¨®n". "No podemos asegurar todav¨ªa cu¨¢ndo tendremos los datos definitivos. La regularizaci¨®n de las viviendas implica el trabajo con muchas y distintas administraciones, estudiar los traspasos, inscribirlas en los registros catastrales...", afirman estas fuentes.
La Junta no ten¨ªa conocimiento oficial de que la Sareb tuviera VPO hasta que no recibi¨® el recurso del Gobierno. Pero la Consejer¨ªa de Vivienda s¨ª sospechaba desde hace meses de esta situaci¨®n porque, seg¨²n fuentes del departamento que dirige Elena Cort¨¦s (IU), ten¨ªa constancia de que el banco malo hab¨ªa ofrecido las VPO en ferias inmobiliarias y a fondos internacionales como si fueran vivienda libre. Por eso la consejera Cort¨¦s le recuerda a la Sareb que la funci¨®n de las viviendas protegidas. "Las VPO no est¨¢n en venta en Andaluc¨ªa para ning¨²n sal¨®n inmobiliario, sino para que sea efectivo el derecho a la vivienda", afirma la consejera.
El Gobierno central ha salido en defensa del trabajo del banco malo y ha elogiado su "importante y muy compleja" labor. "Est¨¢ desempe?ando una funci¨®n esencial", ha afirmado el secretario de Estado de Econom¨ªa, Fernando Jim¨¦nez Latorre.
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