?Democracia censitaria?

A lo largo del siglo XIX, en toda la Europa occidental, la gradual construcci¨®n de los reg¨ªmenes liberal-parlamentarios se caracteriz¨® por una extremada cautela a la hora de establecer qui¨¦nes pod¨ªan ejercer en plenitud los derechos pol¨ªticos y, ante todo, el derecho de voto. As¨ª, pues, la condici¨®n de elector se vio sujeta a fuertes restricciones, y ligada a la posesi¨®n de un elevado nivel de riqueza; porque, como subrayaba un texto oficial espa?ol de los albores del reinado de Isabel II, ¡°en todos los pa¨ªses se ha considerado a la propiedad, bajo una u otra forma, como la mejor prenda de buen orden y de sosiego¡±.

Prescindiendo de la Constituci¨®n de C¨¢diz ¡ªque establec¨ªa un complejo e impracticado sistema de sufragio universal masculino indirecto¡ª, el sufragio censitario naci¨® en Espa?a con el Estatuto Real de 1834, el cual limitaba el derecho de voto a poco m¨¢s que los mayores contribuyentes, de modo que en las elecciones de aquel a?o pudo participar aproximadamente el 0,15% de la poblaci¨®n. Las cosas mejoraron con la Constituci¨®n y la ley electoral progresista de 1837, que elevaron el cuerpo electoral hasta un 3% de la poblaci¨®n del pa¨ªs. Sucesivas reformas lo situar¨ªan, en 1844, por encima del 5% de los espa?oles.

Pero tales avances no eran irreversibles. Durante la larga vigencia de la Constituci¨®n moderada de 1845 y de su correspondiente ley electoral de 1846, el porcentaje de los electores sobre la poblaci¨®n total volvi¨® a caer hasta un 0,8%, y en 1863 era apenas del 1,08%. Aun cuando las Cortes constituyentes de 1869 establecieron el sufragio semiuniversal ¡ªde todos los varones mayores de edad¡ª, la Restauraci¨®n canovista circunscribi¨® otra vez el derecho de voto a quienes pagaban contribuci¨®n o ten¨ªan estudios superiores, aproximadamente uno de cada 20 ciudadanos. El retorno del sufragio masculino sin otro requisito que tener 25 a?os o m¨¢s se hizo esperar hasta 1890, si bien los ¨²ltimos elementos censitarios del sistema (la elecci¨®n de senadores por parte de los ¡°mayores contribuyentes¡± de cada provincia) pervivieron hasta 1923.

?ltimamente, vuelven a estar en boga las ideas t¨ªpicas del liberalismo censitario: que existen votos ¡°de calidad¡± y otros carentes de ella

Traigo todos estos datos a colaci¨®n porque, ¨²ltimamente, me parece que vuelven a estar en boga las ideas t¨ªpicas del liberalismo censitario: que existen votos ¡°de calidad¡± y otros carentes de ella; que quien tiene o maneja m¨¢s dinero posee mayor autoridad para opinar sobre los asuntos pol¨ªticos; que los gobernantes deben atender sobre todo a las demandas de los ¡°mayores contribuyentes¡±... Aludo, como sin duda imaginan, a la explotaci¨®n de los posicionamientos empresariales ante el proceso soberanista catal¨¢n.

Los partidarios de una consulta de autodeterminaci¨®n en Catalu?a saben ¡ªo deber¨ªan saber¡ª que contar con el apoyo expl¨ªcito de las grandes organizaciones patronales es ilusorio, no solo por una cuesti¨®n de intereses, de cuenta de resultados, sino sobre todo porque el empresariado es de natural timorato, hostil a incertidumbres y a grandes cambios en el statu quo. Por consiguiente, lo m¨¢ximo que los soberanistas pueden esperar de aquellos foros es neutralidad: as¨ª lo ha reconocido el propio presidente Mas cuando, despu¨¦s de haber esbozado una petici¨®n de compromiso activo que fue recibida glacialmente, acaba de aceptar que basta con que los empresarios ¡°est¨¦n ah¨ª¡±, sin necesidad de mojarse.

As¨ª pues, ya sea por iniciativa espont¨¢nea o inducida, nombres relevantes del mundo empresarial (desde el editor Jos¨¦ Manuel Lara al presidente de la CEOE, Juan Rosell; del presidente de Fomento, Joaquim Gay de Montell¨¤, al abogado Emili Cuatrecasas) se han pronunciado rotundamente en contra de la hip¨®tesis de la independencia. Resulta tan leg¨ªtimo como previsible. Lo inquietante es el uso pol¨ªtico de aquellos posicionamientos por parte de los partidos unionistas catalanes, del bloque espa?olista estatal (PP, PSOE y UPyD) y del propio Gobierno de Rajoy. Y es inquietante porque, cuando populares y socialistas se congratulan del desaire empresarial a Mas, cuando en el Parlament los portavoces de Ciutadans y PP exigen al presidente que siga las indicaciones de las patronales, cuando ¡ªel pasado martes¡ª un editorial de El Mundo conmina: ¡°Artur Mas debe abandonar su sordera y escuchar a los empresarios¡±, lo que defienden impl¨ªcitamente es una pol¨ªtica de ¨¦lites o de notables, no la democracia de ¡°una persona, un voto¡± en la que cre¨ªamos vivir.

El empresariado es de natural timorato, hostil a incertidumbres y a grandes cambios en el statu quo... lo m¨¢ximo que los soberanistas pueden esperar es neutralidad

Escuchar a los empresarios y a las entidades econ¨®micas es sin duda necesario. Pero, ?y a los cientos de miles de ciudadanos que se manifestaron por la independencia en 2012 y 2013, a esos no hay que escucharlos? Las m¨¢s de mil entidades adheridas al Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, ?no representan a nadie? ?Acaso los socios del C¨ªrculo Ecuestre valen m¨¢s que los de la ANC o de ?mnium porque son m¨¢s ricos? ?Sigue en vigor aquella frase del Catecismo nacional de 1835, seg¨²n la cual ¡°los que tienen la propiedad ejercen el patronazgo de los que carecen de ella¡±?

Tiene gracia que quienes acusan al soberanismo de decimon¨®nico recurran a ideas propias de Jos¨¦ Mart¨ªnez de la Rosa, alias Rosita la pastelera.

Joan B. Culla i Clar¨¤ es historiador.