La sana envidia de la integridad

?Es la corrupci¨®n ¡ªo la falta de integridad p¨²blica¡ª el principal problema de la sociedad espa?ola? Si atendemos a lo que dicen las encuestas, la corrupci¨®n ocupa ahora un muy destacado segundo lugar entre las preocupaciones de los espa?oles. ?Nace de un sincero malestar ¨¦tico? ?Es una reacci¨®n tard¨ªa ante un hecho antes tolerado? ?Expresa una envidia elogiable respecto de pa¨ªses libres de esta lacra? ?Es un reflejo de la reiterada difusi¨®n que los medios de comunicaci¨®n hacen de los episodios de corrupci¨®n y de sus protagonistas?

En todo caso, contrasta esta preocupaci¨®n generalizada por la corrupci¨®n con el hecho de que ¡ªtambi¨¦n seg¨²n las encuestas¡ª un n¨²mero muy bajo de ciudadanos declara haber sido v¨ªctima de peticiones de soborno o ¡°mordida¡± por parte de pol¨ªticos o funcionarios. Ello ha llevado a los estudiosos del asunto a manifestar que no existe en Espa?a la ¡°corrupci¨®n sist¨¦mica¡± propia de la cultura pol¨ªtica y administrativa de otros pa¨ªses. En el caso espa?ol, por tanto, llama la atenci¨®n esta contradicci¨®n: la corrupci¨®n es percibida como un gran problema, pero son relativamente muy pocos quienes afirman haber sido directamente perjudicados por ella. Lo habitual en otros pa¨ªses es una clara correlaci¨®n entre la percepci¨®n sobre la extensi¨®n de las pr¨¢cticas corruptas y el n¨²mero de ciudadanos que admiten haber sido v¨ªctimas de ellas.

?Qu¨¦ factores generan esta disonancia? Los expertos intentan identificarlos. No parece resultar de un aumento repentino de las conductas corruptas. En todo caso, la reacci¨®n negativa provendr¨ªa de una menor tolerancia social y de una creciente capacidad de las autoridades para detectarlas y castigarlas. ?Responder¨ªa esta mayor intransigencia a un s¨²bito reforzamiento de la moral p¨²blica que rechaza ahora lo que antes contemplaba indulgentemente? Tal vez.

En Espa?a, la corrupci¨®n es percibida como un gran problema, pero son relativamente muy pocos quienes afirman haber sido directamente perjudicados por ella

Otros observadores ponen de relieve el impacto directo de la crisis econ¨®mica: una restricci¨®n inesperada y aguda de los recursos disponibles har¨ªa intolerable ahora una distribuci¨®n arbitraria y fraudulenta de dichos recursos que era consentida con menos escr¨²pulos morales en tiempos de abundancia. No hay que olvidar tampoco el impacto multiplicador del tratamiento medi¨¢tico de la corrupci¨®n. Junto a su sano efecto de denuncia p¨²blica, la repercusi¨®n medi¨¢tica puede producir tambi¨¦n un efecto deformador. Actuar¨ªa como ¡°c¨¢mara de resonancia¡± que genera un eco incesante y repetitivo sobre los mismos hechos y magnifica su extensi¨®n. Parecen denotarlo algunos estudios.

Pero otras condiciones de fondo contribuyen tambi¨¦n a la percepci¨®n social de que la corrupci¨®n es una pr¨¢ctica m¨¢s extendida de lo que revelan otros datos. Una tradici¨®n de desconfianza hacia la pol¨ªtica, sus instituciones y sus actores alimenta el prejuicio de que lo que ocurre en dicho ¨¢mbito y es gestionado por sus profesionales est¨¢ crudamente orientado por el ansia de beneficio personal y no por el inter¨¦s general. No es ning¨²n descubrimiento reciente que esta tradici¨®n de desconfianza es caracter¨ªstica arraigada de la cultura pol¨ªtica espa?ola: ¡°Piensa mal y te quedar¨¢s corto¡±. Una caracter¨ªstica cultural reforzada, si cabe, por la persistente influencia de un liberalismo competitivo para el que cualquier sujeto lucha siempre por asegurar sus intereses personales por encima de otras consideraciones. Si esta es una regla b¨¢sica de la conducta social y econ¨®mica que a todos domina, ?c¨®mo van a escapar de ella pol¨ªticos y administradores?

Del arraigo de esta creencia de fondo se deducen algunas consecuencias cuando se pretende extirpar la corrupci¨®n y se recomiendan para ello algunas recetas. Las hay indispensables. Deben corregirse deficiencias en la normativa penal, administrativa o procesal. Deben reforzarse m¨¦todos de control, evaluaci¨®n y transparencia respecto de la acci¨®n de pol¨ªticos y empleados p¨²blicos. Han de someterse a mayor escrutinio todas las entidades receptoras de recursos p¨²blicos: partidos, sindicatos, patronales, iglesias, organizaciones no gubernamentales, fundaciones, medios de comunicaci¨®n. Finalmente, el sistema judicial ha de ajustarse a exigencias de mayor eficiencia y celeridad en el tratamiento de estas conductas antisociales.

Las pol¨ªticas socioecon¨®micas son una pieza clave en la terapia contra la corrupci¨®n: la agravan cuando su resultado final comporta m¨¢s desigualdad y mayor exclusi¨®n social

Pero este esfuerzo reformador no bastar¨¢ si no se reconoce que tanto la extensi¨®n como la percepci¨®n de la corrupci¨®n est¨¢n asociadas tambi¨¦n a elevados ¨ªndices de desconfianza social y de desigualdad econ¨®mica. Lo confirma el hecho de que las sociedades que alcanzan mejores tasas de confianza social y de igualdad econ¨®mica son tambi¨¦n las que suelen ofrecer un cuadro m¨¢s positivo en cuanto a la confianza popular en sus dirigentes y empleados p¨²blicos y en la integridad de los mismos.

La salud democr¨¢tica reclama erradicar las pr¨¢cticas corruptas con todos los instrumentos legales e institucionales. Pero para que sus efectos sean duraderos hay que trabajar en paralelo para construir una sociedad m¨¢s solidaria y generadora de confianza interpersonal. Las pol¨ªticas socioecon¨®micas son, por tanto, una pieza clave en la terapia contra la corrupci¨®n: la agravan cuando su resultado final comporta m¨¢s desigualdad y mayor exclusi¨®n social, pero la aten¨²an cuando se orientan a reducir desigualdad y marginaci¨®n. Es lo que ense?a la experiencia de las sociedades a las que ¡ªseg¨²n parece¡ª envidiamos ahora por la integridad de sus dirigentes.

Josep M. Vall¨¨s es catedr¨¢tico em¨¦rito de ciencia pol¨ªtica (UAB).