Carpetazo definitivo al caso de los capos de la prostituci¨®n del Raval

Est¨¢n libres, y siguen donde siempre: en el bar Las Marinas, desde donde controlan sin dificultad a las mujeres que prostituyen en la calle de Sant Ramon, en el barrio barcelon¨¦s del Raval. Pero son inocentes, a ojos de la ley. De nuevo, el clan liderado por Laura Rizea ha logrado salir indemne de una extensa y complicada investigaci¨®n del Cuerpo Nacional de Polic¨ªa y de la Guardia Urbana ¡ªOperaci¨®n Alejandr¨ªa¡ª, en coordinaci¨®n con la fiscal Ana Gil.

El tribunal Supremo ha dado el ¨²ltimo carpetazo al caso, al rechazar las alegaciones de la fiscal, que ped¨ªa m¨¢s de 30 a?os de prisi¨®n para 31 implicados. El Supremo ratifica la decisi¨®n de la Audiencia de Barcelona, que anul¨® las escuchas telef¨®nicas, que era una de las principales pruebas contra la red de explotaci¨®n que, seg¨²n la polic¨ªa, somet¨ªa a las mujeres, con una mezcla de control y dominaci¨®n emocional y f¨ªsica.

El Supremo basa su decisi¨®n en un defecto de forma, que esgrimi¨® la Audiencia. Inicialmente, el juzgado que instru¨ªa la causa archiv¨® el caso, sin que nadie alegase en contra, por lo que el archivo devino firme. Pero posteriormente, la juez, la fiscal y el inspector responsable de la investigaci¨®n se reunieron. Verbalmente, analizaron nuevos indicios que llevaron a la instructora a reabrir la causa, ordenando tambi¨¦n la intervenci¨®n telef¨®nica del m¨®vil de cuatro de los implicados.

El Alto Tribunal sostiene que el auto que ordenaba los pinchazos deb¨ªa contener ¡°los indicios, los datos objetivos¡± con los que contaba la polic¨ªa para pedir que se reabriese la investigaci¨®n. Solo de esa forma, entiende el Supremo, podr¨ªan haberse autorizado las escuchas. Pero no se hizo. Tampoco se dej¨® por escrito en la causa el contenido de la conversaci¨®n entre la fiscal, el juez y el responsable policial de la investigaci¨®n. El Supremo rechaza adem¨¢s el alegato del ministerio p¨²blico, conforme no se tuvieron en cuenta el testimonio de los polic¨ªas durante el juicio.

Las escuchas anuladas revelan la actividad del clan, que habla de mujeres como de mercanc¨ªas que se pasan entre ellos para explotarlas, e incluso reciben palizas. Pero la teor¨ªa de los frutos del ¨¢rbol envenenado, que se aplica en estos casos, hace que todas las pruebas que deriven de esas intervenciones anuladas est¨¢ contaminadas y, por tanto, son nulas tambi¨¦n.

Solo quedan a salvo los datos que se hayan obtenido de una fuente distinta. En la Operaci¨®n Alejandr¨ªa esos datos solo han servido para condenar a dos de las 31 personas acusadas: el matrimonio formado por Romeo y Gabriela Lungo, que apalearon a una mujer. El primero fue sentenciado a nueve a?os y nueve meses de prisi¨®n por delitos de prostituci¨®n coactiva y lesiones y Gabriela, a 12 a?os, porque se suma un delito contra la administraci¨®n de la justicia por amenazar a la v¨ªctima para que retirase la denuncia contra ellos. Ambos han recurrido tambi¨¦n la sentencia al Supremo, que no ha estimado sus alegaciones.

Esta es la segunda vez que el clan Rizea se libra de una condena. La primera fue la Operaci¨®n Constanza, que culmin¨® en diciembre de 2012, con penas m¨ªnimas de dos a?os de c¨¢rcel, para los 34 acusados.