El fiscal intenta frenar las pesquisas de la juez de los ERE sobre los diputados

La intenci¨®n de la juez Mercedes Alaya de investigar el conocimiento del Parlamento sobre el fondo de los ERE, y as¨ª abrir la puerta a extender las responsabilidades tambi¨¦n a ciertos diputados del PSOE, PP e IU al margen del Gobierno andaluz, se ha topado con la negativa de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n. Los fiscales elevaron ayer su voz en un recurso ante la Audiencia de Sevilla para oponerse al prop¨®sito de la magistrada, que hab¨ªa ordenado a la Intervenci¨®n General del Estado revisar si los diputados de la Comisi¨®n de Econom¨ªa y Hacienda hab¨ªan debatido sobre la pol¨¦mica partida.

Y el ministerio p¨²blico resalta en su queja la protecci¨®n especial y el aforamiento de los parlamentarios, que recoge el Estatuto andaluz, para rechazar las intenciones de Alaya: ¡°Los diputados gozar¨¢n (...) de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en actos parlamentarios¡±. Esto hace ¡°inoperante¡± cualquier investigaci¨®n judicial que se pueda derivar del an¨¢lisis de los comentarios de los diputados, recuerdan los fiscales.

?Qu¨¦ supone esta discrepancia? No es el primer desencuentro serio entre la fiscal¨ªa y Alaya en este caso con mil v¨ªas abiertas, pero s¨ª tiene un gran peso espec¨ªfico porque implica el freno a poner en tela de juicio la actuaci¨®n de parte del Parlamento como poder legislativo. Pero sobre todo, el momento es clave porque ahora se est¨¢ perfilando el terreno penal sobre el que asentar la acusaci¨®n contra los dos expresidentes Manuel Chaves y Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n, los cinco exconsejeros (todos ellos aforados) y los 20 altos cargos de la Junta imputados. Y la inestable unidad de criterio entre fiscal¨ªa y Alaya en la rama pol¨ªtica del caso se tambalea desde ayer un poco m¨¢s.

Anticorrupci¨®n resalta que la investigaci¨®n de los peritos de la Intervenci¨®n General del Estado es innecesaria por el simple hecho de que la transcripci¨®n de los debates (diarios de sesiones de la comisi¨®n) pueden ser consultados en Internet por cualquiera y no hace falta ¡°especiales conocimientos cient¨ªficos¡± de los t¨¦cnicos para averiguar si los diputados discutieron sobre el fondo de los ERE.

Para reforzar el rechazo a que la Intervenci¨®n del Estado intervenga, la fiscal¨ªa subraya que estos peritos carecen de competencias sobre las C¨¢maras legislativas, ¡°ni estatal ni auton¨®micas, estando dicha materia fuera del ¨¢mbito de competencias¡±.

Alaya ha abierto esta v¨ªa que se?ala al Parlamento esta semana tras se?alar el abogado Juan Carlos Alf¨¦rez que el fondo dispone de ¡°amparo legal¡± y que todas las instituciones andaluzas pudieron conocer el mecanismo de pago de los ERE a trav¨¦s de las transferencias de financiaci¨®n, un uso que Alaya considera ilegal. Y entre estas instituciones figuraba la Comisi¨®n de Hacienda y sus 51 diputados, que recibieron detalles muy concretos del uso de la partida. ¡°Atender las necesidades derivadas de prejubilaciones, expedientes de regulaci¨®n de empleo y proyectos de viabilidad de peque?as, medianas y grandes empresas, incentivar la consolidaci¨®n econ¨®mica (...)¡±. Es solo un detalle del nivel de concreci¨®n que recibieron los diputados de esta comisi¨®n a trav¨¦s de los expedientes de modificaciones presupuestarias entre 2000 y 2010. ?Qu¨¦ implica este conocimiento? Pues que el uso de las transferencias de financiaci¨®n para pagar los ERE era conocido tambi¨¦n por los diputados, no solo por los 20 altos cargos imputados y los siete aforados se?alados por la juez.

Y ante esta tesis, Anticorrupci¨®n ve ¡°comprensibles¡± sus argumentos. Es decir, parece abrir una puerta a las defensas para que triunfen sus argumentos. Su escrito no lo deja claro, pero despu¨¦s de subrayar el fuero de los diputados, en cierta forma anima a los abogados a recurrir ante Alaya con el argumento de que el Parlamento conoci¨® el uso de las transferencias de financiaci¨®n, al igual que los 20 altos cargos ya imputados. Y en este punto el fiscal alienta a las defensa a que identifiquen los ¡°actos parlamentarios¡± donde se debatieron los pagos de los ERE, para que sus tesis puedan ser valoradas por la fiscal¨ªa y Alaya.

?Qu¨¦ subyace detr¨¢s de esta batalla jur¨ªdica? Una cuesti¨®n esencial: si un alto cargo (dirigente de la Junta o parlamentario) debe leer todos los informes que recibe y si en caso contrario cometer¨ªa un delito por ignorarlos. La juez Alaya lo tiene claro: en sus interrogatorios ha achacado a los altos cargos que ¡°debieron conocer¡± en funci¨®n de su cargo los avisos de la Intervenci¨®n General, que adem¨¢s ata?en a la conformaci¨®n de los Presupuestos, por lo que la discusi¨®n afectaba a diversos cargos de la Consejer¨ªa de Hacienda. El ejemplo m¨¢s claro de esta cuesti¨®n se vio cuando la exconsejera de Hacienda imputada Carmen Mart¨ªnez Aguayo convoc¨® a los medios frente a un carrito de supermercado repleto de expedientes que ella podr¨ªa haber analizado. ¡°?Alguien se cree que yo me estudi¨¦ expediente a expediente?¡±. La din¨¢mica de la actividad pol¨ªtica provoca que exista una confianza en el sistema, que los dirigentes entienden respeta las garant¨ªas legales, seg¨²n han repetido estos altos cargos. Otra cuesti¨®n es si todos han actuado con cierta fe ciega que deba ser punible. Y Alaya lo tiene claro. No as¨ª la fiscal¨ªa.

Mientras, los recursos de las defensas se multiplican y ahora el letrado Jos¨¦ Mar¨ªa Mohedano, que representa a los exdirectores de Presupuestos Buenaventura Aguilera y Antonio Lozano, exige que la causa se eleve al Tribunal Supremo dado que la juez instruye una causa general contra ¡°los dos poderes propios de la Administraci¨®n P¨²blica Andaluza [Junta y Parlamento]¡±. Mohedano censura una investigaci¨®n ¡°global, bajo par¨¢metros de estructura inquisitorial. Se trata de encontrar alg¨²n delito de los que ahora no existe ni el m¨¢s m¨ªnimo indicio¡±. Y a?ade: ¡°La juez instructora ya no tiene competencia para actuar en esta causa¡±.

En su duro escrito, el letrado critica la referencia que hizo Alaya sobre ella misma y los investigadores (¡°un equipo de unos pocos incansables¡±) y les achaca el retraso que arrastra el calendario de las declaraciones de los imputados. Mohedano achaca a Alaya haber incurrido en ¡°dilaciones indebidas¡± que perjudican a los imputados, por los continuos retrasos al responder los recursos. Adem¨¢s, el letrado enfatiza la supuesta falta de transparencia porque las declaraciones no pueden ser grabadas.

Lo llamativo es que el escrito de Mohedano es premonitorio, ya que est¨¢ fechado hace dos semanas, antes de que Alaya abriera la v¨ªa contra el Parlamento.