La piqueta indulta a las grandes obras y derriba peque?as construcciones

Las excavadoras derribaron 100 construcciones ilegales en Galicia durante 2013. En las pr¨®ximas semanas otras 11 ser¨¢n escombros. Xunta y ayuntamientos ingresaron el ejercicio anterior 1,24 millones de euros por multas urban¨ªsticas. Las cifras est¨¢n en el balance de la Axencia de Protecci¨®n da Legalidade Urban¨ªstica (APLU) que present¨® esta semana el conselleiro de Territorio, Agust¨ªn Hern¨¢ndez, quien asegur¨® que no es ¡°af¨¢n recaudatorio¡± lo que mueve a su Gobierno sino concienciar a la sociedad en el respeto al medio ambiente.

?Seg¨²n consta en los planos de la APLU ¡ªel organismo nacido en 2008 con el bipartito que desde entonces ha echado abajo 300 edificaciones ilegales¡ª la piqueta se est¨¢ empleando a fondo contra viviendas unifamilares, galpones y alguna nave industrial levantados sobre suelo r¨²stico. Pero, entretanto, grandes urbanizaciones, complejos residenciales de lujo y establecimientos hoteleros pegados al mar, tambi¨¦n declarados ilegales con sentencias firmes, sobreviven tras lustros de burocracia y recursos judiciales.

Un ejemplo paradigm¨¢tico se da en Fisterra. El Gobierno gallego amenaz¨® el pasado enero a los propietarios de tres chal¨¦s a los pies de la playa de Mar de Fora con multas de 400.000 euros si no acceden a derribarlos. El expediente se?ala que se trata de obras realizadas ¡°sin licenza ni autorizaci¨®n auton¨®mica en suelo r¨²stico de protecci¨®n de costas que cuentan con orden de demolici¨®n¡±. Una infracci¨®n muy grave. Si los due?os aceptan tirarlos por las buenas, ver¨¢n reducida la sanci¨®n en un 80% de su cuant¨ªa.

En ese mismo municipio de la Costa da Morte perviven en la apelotonada Recta da Anchoa seis edificios con 168 pisos declarados ilegales por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia contra los que la Xunta no act¨²a. Pertenecen a constructoras vinculadas a familiares de cargos del PP y evidencian el rastro que dej¨® el desaforado desarrollo urban¨ªstico de este municipio costero, donde la construcci¨®n creci¨® un 444% entre 2004 y 2007. Un portavoz oficial de la Conseller¨ªa de Medio Ambiente alega que ¡°no existe trato desigual¡± y garantiza que la Xunta solo espera a tener en su mano todas las sentencias ¡ªhay procesos judiciales que siguen tramit¨¢ndose en juzgados, algunos con sentencias favorables a los constructores¡ª para actuar.

En O Grove, pleno coraz¨®n de las R¨ªas Baixas, las m¨¢quinas desmontaron el pasado febrero una residencia familiar de madera. El expediente constata una infracci¨®n muy grave por invadir suelo r¨²stico de protecci¨®n de costas. En la finca de aquella casita de madera hoy no queda nada.

A solo unos kil¨®metros de all¨ª siguen en pie 52 chal¨¦s de lujo, incluidas sus solarium y piscinas saladas, que miran a la playa de Os Raeiros. La urbanizaci¨®n la levant¨® en 1991 sobre suelo r¨²stico y con licencia de apartotel la sociedad Inproin Galicia SL, cuyo administrador es Fernando Varela, un empresario bien relacionado en el PP, hermano del anterior conselleiro de Cultura, Roberto Varela. Tras una catarata de sentencias que ha llegado al Supremo, el Tribunal Superior de Xustiza desestim¨® el pasado 12 de septiembre el ¨²ltimo recurso de la promotora y dio la raz¨®n a la Xunta, que inici¨® el proceso en tiempos del bipartito. La sentencia que ordena la demolici¨®n de los 52 apartamentos de lujo es firme y ejecutiva. Y la APLU, el organismo competente para proceder a la ejecuci¨®n forzosa. De momento, no lo ha hecho. Seg¨²n explica un portavoz de la Conseller¨ªa de Territorio, ese departamento est¨¢ pendiente de un informe jur¨ªdico porque ve ¡°contradicciones en varias de las sentencias¡±. Eso s¨ª, ha impuesto una multa coercitiva que la constructora ha recurrido.

En Barreiros, donde su alcalde, Alfonso Fuente Parga, del PP, quiso levantar ¡°el Sanxenxo del norte¡±, la Xunta de Feij¨®o no solo no forz¨® la ejecuci¨®n de aquellas sentencias que ped¨ªan demoler decenas de edificios sino que impuls¨® un pol¨¦mico plan de legalizaci¨®n que acabaron frustrando los tribunales. Mucho m¨¢s al sur, el Talaso de Oia tambi¨¦n subsiste pese a haber agotado la v¨ªa judicial derrota tras derrota. Su licencia es nula y debe ser derruido. La Conseller¨ªa de Medio Ambiente y Territorio tiene competencias para apurar la demolici¨®n. Pero el presidente, Alberto N¨²?ez Feij¨®o, ha abogado varias veces por buscar un atajo que le permita sobrevivir. Aduce razones de inter¨¦s econ¨®mico y recuerda que da trabajo a varias decenas de personas.

Los expertos urbanistas consultados para este reportaje admiten que las instituciones lo tiene m¨¢s dif¨ªcil cuando se enfrenta a inmobiliarias que cuentan con bufetes especialistas en eternizar las causas para mantener a salvo sus lucrativos negocios. Y aunque recuerdan que fue esta APLU quien tir¨® en 2008 la primera construcci¨®n ilegal en Galicia, despu¨¦s de d¨¦cadas de impunidad, temen que el organismo se quede ahora para luchar contra las peque?as chapuzas sin poder hacer frente a los abusos que tienen detr¨¢s grandes intereses econ¨®micos.