Una media de cuatro a?os para la instrucci¨®n de seis casos en curso

Caso Zubiaurre: Va para cuatro a?os. Es la vertiente del pinchazo a los ordenadores del departamento de Industria en el primer Gobierno socialista. Antton Zubiaurre (PNV) fue el responsable de la sociedad p¨²blica Sprilur entre 2000 y 2008. Archivada la causa por la compra de terrenos a un precio desorbitado y pagar en parte con un tal¨®n al portador, sigue viva en el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 10 de Bilbao la causa por el pinchazo a los ordenadores del departamento socialista, aunque sin noticias sobre su evoluci¨®n. El Gobierno mantiene un mutismo absoluto sobre si se ha avanzado en la ¨²ltima actuaci¨®n conocida, un informe que fue solicitado a Microsoft por el juzgado en 2012.

Caso Xabier Legarreta. El caso avanza hacia los tres a?os de instrucci¨®n en el Juzgado n¨²mero 1 de Gernika. El ahora diputado de Igualdad de la Diputaci¨®n Foral de Bizkaia est¨¢ imputado por un delito de prevaricaci¨®n que presuntamente cometi¨® cuando era alcalde de Bermeo junto al entonces teniente alcalde I?igo Imatz, del mismo partido pol¨ªtico (PNV). Legarreta era el alcalde de Bermeo y presidente de la sociedad municipal Beruala en 2011, cuando promovi¨® una operaci¨®n urban¨ªstica que afectaba a otro bloque de viviendas. La construcci¨®n fue paralizada por orden judicial al levantar dos plantas m¨¢s de las acordadas. Han declarado 12 personas y la acusaci¨®n la ejerce el ayuntamiento de Bermeo ahora gobernado por Bildu.

Caso Bizente Arteagoitia. Lo lleva el Juzgado 3 de Instrucci¨®n de Bilbao y sigue engrosando el expediente desde 2010 por la denuncia de un vecino. El juzgado investiga un presunto caso de prevaricaci¨®n ya que el alcalde del PNV y aquella corporaci¨®n de Loiu, concedi¨® en 2006 una licencia para la obra de un chal¨¦, cuando de los 3.000 metros de parcela, se hab¨ªan expropiado 700, que eran de la diputaci¨®n foral. La instituci¨®n foral pidi¨® que no se concediera la licencia, pero el alcalde del PNV, que lleva tres legislaturas al frente, la concedi¨®. La fiscal¨ªa entiende que hay base para condenarle por un delito de prevaricaci¨®n.

Epsilon Euskadi penal. Instrucci¨®n n¨²mero 1 de Vitoria no da pasos en este caso que quienes lo conocen lo califican de cat¨¢logo de pr¨¢cticas corruptas en el reparto de fondos p¨²blicos en beneficio de personas, asociaciones y partidos. Declarado culpable el concurso de Epsilon Euskadi ¡ªel sue?o de la f¨®rmula 1 que acab¨® con un pasivo de 40 millones, casi todo el dinero p¨²blico¡ª la fiscal¨ªa acus¨® al administrador ¨²nico, Joan Villadelprat y a su socio Phil Payne de vender la parte m¨¢s sustanciosa de la empresa en su favor. Es posible que salgan m¨¢s asuntos de este caso pero necesitan una velocidad de crucero que evite una largu¨ªsima instrucci¨®n. Villadelprat y Payne ni siquiera vinieron a declarar a Vitoria, lo hicieron desde Catalu?a.

Caso V¨ªctor Bravo. El hermano del jefe de la Hacienda de Ir¨²n, ¡ªya condenado Jos¨¦ Mar¨ªa Bravo¡ª, el ex senador del PNV, V¨ªctor Bravo, al que pol¨ªticamente acusaron de ser especialmente permisivo en Hacienda para que su hermano Jos¨¦ Mari correteara a sus anchas, est¨¢ siendo investigado por su relaci¨®n con la sociedad Glass Costa Este. Poco movimiento en Instrucci¨®n 1 de San Sebasti¨¢n en un asunto que tras ser investigado pol¨ªticamente y en el que se evidenci¨® que la empresa catalana Glass Costa Este Salou false¨® tener su domicilio fiscal en San Sebasti¨¢n ¡ªla firma no ten¨ªa actividad alguna en Guip¨²zcoa¡ª para acogerse a ¡°cuantiosos beneficios fiscales¡± durante al menos tres ejercicios. Para la comisi¨®n del delito fiscal, la compa?¨ªa cont¨®, presuntamente, con la colaboraci¨®n entre otros de V¨ªctor Bravo, ex director de Hacienda, y del funcionario de la Diputaci¨®n Rufino Eizaguirre, ambos imputados por cinco delitos contra la Hacienda p¨²blica, dos de cohecho, prevaricaci¨®n y otro de omisi¨®n del deber de perseguir delitos. V¨ªctor, seg¨²n la fiscal¨ªa, false¨® su relaci¨®n con la sociedad. Van m¨¢s de cinco a?os.

Caso Marg¨¹ello. Pese al archivo provisional del ¡°caso Elorriaga¡± una peque?a parte del caso Marg¨¹ello, el juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 3 de Bilbao sigue adelante con las investigaciones para ver si hubo delito de tr¨¢fico de influencias, fraude y abuso en el ejercicio de su funci¨®n en la forma de actuar del ex jefe de calidad del hospital de Cruces, Jos¨¦ Carlos Marg¨¹ello. La investigaci¨®n tiene como objetivo esclarecer supuestas irregularidades en la contrataci¨®n de empresas por Osakidetza durante los mandatos de Gabriel Incl¨¢n (PNV) como consejero de Sanidad. El anterior Gobierno vasco hizo p¨²blica su sospecha de que el ex jefe de calidad de Cruces se hab¨ªa lucrado con contratos conseguidos por un entramado de sociedades con las que ¨¦l estaba vinculado. Han transcurrido m¨¢s de cuatro a?os sin que el caso avance de forma significativa pese a haber sido citado a declarar como imputado. El Ministerio Fiscal solicita el esclarecimiento de presuntas irregularidades en la contrataci¨®n de una serie de firmas por parte de Sanidad. En concreto, se refiere a Gesti¨®n de Servicios Sanitarios XXI, Medical Dom, Rehabilidom, Recard 2000 y la uni¨®n temporal de empresas formada por Gesti¨®n XXI, Indautxu y Rehabilidom. La Fiscal¨ªa imputa a Marg¨¹ello en base a un informe que pidi¨® al Gobierno vasco para que concretase el perjuicio econ¨®mico presuntamente ocasionado al erario p¨²blico. Seg¨²n este informe, el quebranto a las arcas p¨²blicas por la derivaci¨®n de casos a empresas privadas se elevar¨ªa a 6,8 millones de euros.

Caso Silestone. No es un caso de corrupci¨®n pero va para cuatro a?os el bloqueo. El 23 de abril de 2010, el juez de primera Instancia e Instrucci¨®n numero 4 de Gernika comunic¨® la denuncia de la Fiscal¨ªa de Vizcaya a los representantes legales de fabricantes de Silestone y Caesarstone y a varios t¨¦cnicos de Mutualia y Malga Servicios Empresariales que se enfrentaban a una denuncia de la fiscal¨ªa que apreciaba indicios de sendos delitos contra la seguridad y salud de los trabajadores cometidos desde 1991, en concurso con otros seis delitos de lesiones imprudentes. La fiscal¨ªa acusa a la multinacional de encimeras y recubrimientos, de no ofrecer informaci¨®n sobre la toxicidad del polvo de ese tipo de aglomerados. De los once trabajadores de la Marmoler¨ªa Cid de Gernika, seis enfermaron con silicosis, varios de ellos familiares del patr¨®n, que denunci¨® los hechos al Instituto Nacional de Silicosis.