Sobrese¨ªdo el caso por la filtraci¨®n de datos fiscales de Melchor Gil

En junio de 2012, el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 4 de Bilbao dio los primeros pasos para investigar la filtraci¨®n de un informe de la Hacienda vizca¨ªna que apuntaba supuestas irregularidades que habr¨ªa cometido Melchor Gil, dirigente del PSE y cu?ado del entonces lehendakari, Patxi L¨®pez, a la hora de pagar el chal¨¦ que hab¨ªa comprado en la localidad c¨¢ntabra de Castro Urdiales.

La juez Ana ?lvarez dio carpetazo provisional a la causa la pasada semana y dict¨® su sobreseimiento al no haber logrado descubrir ni al autor de la filtraci¨®n de los datos reservados de Gil ni al cargo pol¨ªtico que supuestamente autoriz¨® su difusi¨®n. En un auto en el que especifica que el n¨²mero de personas que pudieron acceder al informe tributario ¡°es ingente¡±, ?lvarez considera ¡°que no es posible acotar la b¨²squeda de forma razonable¡± en la Diputaci¨®n de Bizkaia.

La investigaci¨®n de las supuestas irregularidades tributarias de Gil fue archivada por la fiscal¨ªa, a la que lleg¨® el informe de Hacienda antes de ser filtrado a varios medios de comunicaci¨®n, entre los que no figuraba EL PA?S. El informe apuntaba varias posibles irregularidades en los ingresos del dirigente socialista que la Diputaci¨®n ped¨ªa al fiscal que investigase.

La fiscal¨ªa decret¨® el archivo de la causa hasta en dos ocasiones al no apreciar delito, pese a la insistencia de la instituci¨®n foral. Evitado el impacto medi¨¢tico por esa v¨ªa, alguien pudo decidir que haciendo p¨²blicos los datos de Gil quedar¨ªa desgastado el lehendakari L¨®pez. Un motorista reparti¨® el expediente tributario por las redacciones de varios medios de comunicaci¨®n locales.

El PNV, que evit¨® en las Juntas Generales de Bizkaia que se investigara pol¨ªticamente la filtraci¨®n, puso en marcha, sin embargo, una investigaci¨®n interna en la Diputaci¨®n para despejar sospechas y descartar que la filtraci¨®n hubiese tenido su origen en la Hacienda foral. Las pesquisas se iniciaron a mediados de marzo de 2012, pero no fue hasta tres meses despu¨¦s cuando el diputado de Hacienda, Jos¨¦ Mar¨ªa Iruarrizaga, dio a conocer las conclusiones.

Hasta 142 funcionarios tuvieron la posibilidad de acceder a un expediente que, adem¨¢s, obraba en poder de la fiscal¨ªa y del propio Gil, precis¨®. Con esos datos en la mano, la juez orden¨® las primeras investigaciones, que se han prolongado 21 meses. La demanda fue interpuesta por el propio Gil por un delito de custodia y violaci¨®n de secreto. El entorno del dirigente socialista lament¨® entonces que para desacreditar a un enemigo pol¨ªtico ¡°se aireen datos fiscales. No todo vale. ?Lo har¨¢n alg¨²n d¨ªa tambi¨¦n con los datos m¨¦dicos?¡±. El auto de la juez que pone punto final a la investigaci¨®n mientras no se encuentren nuevos datos especifica que la filtraci¨®n, ¡°pese a ser un hecho constitutivo de delito¡±, carece por ahora de autor conocido.