Direcci¨®n de Seguros detecta 2,4 millones de sobrecomisiones en el ERE de Dhul

Un informe entregado a la juez de los ERE, Mercedes Alaya, por la Direcci¨®n General de Seguros ha detectado que en el ERE de la empresa Dhul de Nueva Rumasa se abonaron comisiones de 2,4 millones de euros por encima de la media de mercado y "encarecieron significativamente el costo". Entre otros, el ERE tuvo un "recargo injustificado" de 79.340 euros y se incluyeron cinco intrusos, con un coste total de sus primas de 665.612 euros.

Tres de los cinco intrusos fueron dos cu?ados del "conseguidor" Juan Lanzas y la esposa de un sindicalista de la empresa Hijos de Andr¨¦s Molina, conocido de Lanzas.

Seg¨²n el informe de la direcci¨®n General de Seguros, el pago a estos tres intrusos "fue en realidad un instrumento de transferencia de fondos al que se dio apariencia de seguro" para pagar presuntamente las comisiones a Lanzas.

Precisa el dictamen que tampoco est¨¢n justificados los criterios de elecci¨®n de la mediadora, que adem¨¢s carec¨ªa de la preceptiva autorizaci¨®n administrativa.

Por otra parte, la juez que investiga el caso de los expedientes de regulaci¨®n de empleo (ERE) irregulares ha librado un exhorto al juzgado decano de Pozuelo de Alarc¨®n (Madrid) a fin de que, a la vista del informe m¨¦dico aportado, el empresario jerezano Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz-Mateos sea reconocido por un m¨¦dico forense "para que informe si el mismo puede comparecer" en el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 6 de Sevilla a fin de recibirle declaraci¨®n como imputado "atendidas sus condiciones f¨ªsicas y cognitivas".

En un auto, la magistrada Mercedes Alaya toma esta decisi¨®n despu¨¦s de que el abogado de Ruiz-Mateos, Marcos Garc¨ªa-Montes, haya elevado un escrito al Juzgado en el que asegura que su cliente "sufre graves problemas f¨ªsicos y de salud que le imposibilitan desplazarse" a Sevilla, por lo que pide que se le tome declaraci¨®n en los juzgados de Pozuelo de Alarc¨®n "al ser el mismo el m¨¢s cercano a su lugar de residencia".

En el auto, la juez acuerda tambi¨¦n suspender "por ahora" la comparecencia de los peritos de la Intervenci¨®n General del Estado prevista inicialmente para el pr¨®ximo 1 de abril.

La juez Mercedes Alaya ha vuelto a suspender la declaraci¨®n prevista de los peritos de la Intervenci¨®n General del Estado, que deb¨ªan comparecer el pr¨®ximo 1 de abril. La suspensi¨®n llega despu¨¦s de que el jefe de los peritos explicara en un escrito al juzgado que a¨²n no ha recibido la documentaci¨®n que le debe mandar la C¨¢mara de Cuentas y que los datos ya recibidos desde la Intervenci¨®n General de la Junta suman los 105.000 folios, que requieren un an¨¢lisis sesudo por parte de los interventores del Estado y su trabajo no podr¨ªa estar concluido antes de comparecer ante la juez. "No es posible que ambos trabajos est¨¦n finalizados con anterioridad a esa fecha [1 de abril]", explican los peritos.

?Qu¨¦ significa este nuevo aplazamiento? La juez anunci¨® el pasado oto?o que la instrucci¨®n estaba pr¨®xima a acabar e inici¨® un calendario fren¨¦tico de declaraciones. A la vista de las nuevas diligencias adoptadas que inician otras v¨ªas de investigaci¨®n, parece que el final de la instrucci¨®n est¨¢ a¨²n muy lejos en el horizonte despu¨¦s de tres a?os de instrucci¨®n.

En su ¨²ltimo auto, Alaya ha requerido a la agencia Idea, pagadora de los ERE, los informes que afectan al patrimonio y la situaci¨®n financiera de la agencia vinculada a la Consejer¨ªa de Empleo. En su resoluci¨®n, la magistrada pide asimismo los informes elaborados por la unidad de control interno de la agencia sobre cualquier operaci¨®n derivada de estos pagos y requiere a la consultora Price Water House Coopers para que le remita los "papeles de trabajo" sobre la situaci¨®n financiera de la agencia Idea desde el a?o 2000.