Imputados 17 ediles de Rota por comprar uniformes a la empresa del exalcalde
La juez atribuye a los ediles presunta prevaricaci¨®n con fondos p¨²blicos
La juez Mar¨ªa Teresa Cuberos Escobar, titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero dos de Rota (C¨¢diz), ha imputado a 17 concejales del gobierno municipal de esta localidad por haber participado en una presunta prevaricaci¨®n al haber contratado con dinero p¨²blico la compra de uniformes de la empresa del ex alcalde, Lorenzo S¨¢nchez, del partido independiente Rote?os Unidos. Entre los nuevos imputados en esta causa, que se investiga desde hace m¨¢s de un a?o, est¨¢n la actual alcaldesa, Eva Corrales (PP) y el edil y diputado provincial de Hacienda, Juan Antonio Lia?o (PP).
El caso parte de una denuncia del PSOE que alert¨® de que el Ayuntamiento de Rota hab¨ªa adquirido uniformes con dinero p¨²blico a una empresa de la que es responsable el que entonces era alcalde, Lorenzo S¨¢nchez. S¨¢nchez circunscribi¨® aquellos contratos en la normalidad de la gesti¨®n municipal en busca de los mejores precios. Pero la denuncia socialista deriv¨® en la apertura de diligencias por parte de la Fiscal¨ªa y despu¨¦s del juzgado. S¨¢nchez ya declar¨® como imputado en abril del a?o pasado en una citaci¨®n en la que defendi¨® la legalidad de su actuaci¨®n.
Casi un a?o despu¨¦s se retoma la instrucci¨®n de esta causa gracias a una providencia de la juez en la que, a petici¨®n de la Fiscal¨ªa, toma nuevas medidas. Reclama al Ayuntamiento las actas de las juntas de gobierno local en las que conste la composici¨®n de esta junta en las sesiones en las que se pudieron debatir estos contratos. Van desde el 27 de abril de 2004 hasta el 15 de diciembre de 2009. Tambi¨¦n pide al secretario municipal el acta de adjudicaci¨®n a Coanda Sociedad Cooperativa del 7 de junio de 2005 de vestuario para protecci¨®n civil por valor de 3.739,12 euros, con clara indicaci¨®n de todos los asistentes. Tambi¨¦n solicita el expediente completo de adjudicaci¨®n a Coanda de otro suministro por valor de 29.599,70 euros. Adem¨¢s reclama el informe de reparo que hizo el interventor a este contrato.
La providencia sirve tambi¨¦n para exigir al secretario la certificaci¨®n laboral de una larga lista de concejales y su actual relaci¨®n con el Ayuntamiento y llama a declarar como imputados a 17 personas. Son: Jes¨²s Mar¨ªa Corrales, Luis Barrega, Manuel Gonz¨¢lez Mart¨ªn Bejarano, Eva Corrales, Juan Antonio Lia?o, Teresa Villanueva, Pedro Bejarano, Cristina Bernal, Ram¨®n Garc¨ªa, Auxiliadora Delgado, Antonio Alcedo, Mar¨ªa del Carmen Laynez, Jos¨¦ G¨®mez, Rosario Pacheco, Ismael Puyana, Sonia Rodr¨ªguez y Montemayor LaYnez.
De todos ellos, algunos contin¨²an en el gobierno municipal. Eva Corrales es alcaldesa. Juan Antonio Lia?o, adem¨¢s de diputado provincial de Hacienda, es concejal sin delegaci¨®n. Montemayor Laynez es segunda teniente de alcaldesa y lleva servicios municipales. Mar¨ªa del Carmen Laynez es quinta teniente de alcaldesa y lleva Fomento y Agricultura. Y, finalmente, Lorenzo S¨¢nchez, llamado a declarar hace un a?o, es primer teniente de alcaldesa y llevas las ¨¢reas de contrataci¨®n y patrimonio.
Los imputados eludieron ayer hacer valoraciones sobre las novedades de este caso. Aunque s¨ª mostraron su colaboraci¨®n con la juez y su tranquilidad en que podr¨¢n aclarar que no hay ninguna ilegalidad en su actuaci¨®n. La portavoz del PP en la Diputaci¨®n, Mercedes Colombo, defendi¨® la presunci¨®n de inocencia. ¡°Ese supuesto caso de prevaricaci¨®n se tendr¨¢ que ver en el juzgado¡±. El secretario de Pol¨ªtica Institucional del PSOE de C¨¢diz, Rafael M¨¢rquez, cree que esta imputaci¨®n en bloque a la c¨²pula del Ayuntamiento deber¨ªa hacer romper el pacto entre el PP y Rote?os Unidos. Y cree que el diputado de Hacienda ha quedado inhabilitado para el cargo. ¡°El pacto est¨¢ en descomposici¨®n¡±, sostuvo. Tambi¨¦n ha reclamado a la direcci¨®n provincial del PP que d¨¦ explicaciones debido a la alta cantidad de cargos p¨²blicos encausados. Los imputados est¨¢n citados para los d¨ªas 7,8 y 9 de mayo. Son sospechosos de ser autores o cooperadores necesarios de delitos de prevaricaci¨®n o negociaciones prohibidas.
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