El dinero de Malaya, lejos de Marbella

Al margen de condenas y absoluciones, cuando se notific¨® la sentencia del caso Malaya, el 4 de octubre de 2013, llamaron especialmente la atenci¨®n unos p¨¢rrafos incluidos en el fallo en los que el tribunal dec¨ªa hacerse eco del ¡°deseo¡± de los ciudadanos de Marbella de que parte del dinero decomisado en este procedimiento revirtiera en la ciudad, por lo que acordaba que bienes y multas fueran utilizados para abonar la deuda que el Ayuntamiento tiene con la Seguridad Social y Hacienda, heredada del gilismo.Actualmente es de 260 millones de euros. ¡°Salvo mejor criterio de la superioridad¡±, precisaban los magistrados. La fiscal¨ªa ha recurrido ahora ante el Tribunal Supremo este tramo de la resoluci¨®n, por impopular que parezca la medida, porque sostiene que no se ajusta a la ley. El real decreto que regula los dep¨®sitos y consignaciones judiciales establece que estos deben transferirse al Tesoro P¨²blico. Solo ah¨ª.

¡°Legalmente no es posible, por eso se recurre, la fiscal¨ªa act¨²a en el marco del principio de legalidad¡±, apunta un portavoz del ministerio p¨²blico de M¨¢laga. Varias fuentes consultadas coinciden en este punto y en la gran dificultad (por no decir directamente imposibilidad) de que judicialmente se pueda variar el destino de bienes y multas. Para lograr que Marbella pudiera beneficiarse del dinero recaudado en sanciones y decomisos del caso Malaya, una vez que la sentencia sea firme, el movimiento deber¨ªa ser pol¨ªtico, no judicial.

La sentencia impone multas por 580 millones y cifra el patrimonio amasado irregularmente por Juan Antonio Roca, considerado jefe de la red de corrupci¨®n, en unos 100 millones. Entre los bienes que se le intervinieron est¨¢ la finca de La Caridad, en Marbella, un inmueble con el que se ha intentado sin ¨¦xito saldar la responsabilidad civil en el caso Saqueo I.

¡°La ley (¡­) establece con car¨¢cter imperativo el destino de estos caudales y el tribunal no puede alterarlos a su capricho, cualquiera que sean las razones que le asistan para ello¡±, dice el recurso de la fiscal¨ªa. Se efect¨²a ¡°una bienintencionada, aunque irregular atribuci¨®n de lo recaudado¡±, a?ade. Para entender esto hay que combatir lo que desde el ministerio p¨²blico tachan como ¡°visi¨®n equivocada¡± de Malaya, que es un caso de corrupci¨®n pura y dura. Es decir, este procedimiento no versa sobre el expolio de las arcas de Marbella, asunto que se ha tratado en la Audiencia Nacional en los casos Saqueo I y II, que han deparado al Ayuntamiento una indemnizaci¨®n total por responsabilidad civil de 64 millones (la sentencia del caso Saqueo II no es firme). Hay pendientes diligencias por convenios e irregularidades que tambi¨¦n pueden implicar la devoluci¨®n de fondos a las arcas municipales.

El delito estrella en los procesos de la Audiencia Nacional ha sido la malversaci¨®n de caudales p¨²blicos. Malaya gira sobre blanqueo y cohecho. El blanqueo ¡°no genera perjuicio¡±, recuerdan desde la fiscal¨ªa. Este es un mensaje dif¨ªcil de difundir. La sentencia s¨ª reconoce un da?o para el municipio de 1,38 millones por un convenio en el que se ha penado un fraude, por tanto, esa es la indemnizaci¨®n que corresponde a la Administraci¨®n local. ¡°Y el Ayuntamiento, por ley, es el primero que cobra; el resto debe tener el destino legal¡±, concluyen las fuentes.

El tribunal, presidido por Jos¨¦ Godino, quiso introducir un elemento ¡°novedoso¡± que considera ¡°razonable¡± por ¡°la situaci¨®n excepcional¡± que vivi¨® Marbella, donde la Corporaci¨®n municipal fue disuelta tras el estallido de Malaya. ¡°Ser¨ªa de justicia¡±, apuntan fuentes cercanas a la sala. Reconocen que ¡°la base legal es dif¨ªcil¡±, pero insisten en que estar¨ªan ¡°plenamente de acuerdo¡± en que hubiera un cambio legislativo para que esto fuera posible.

Al introducir esta posibilidad se da ¡°un paso m¨¢s¡± con el objetivo de ¡°anticiparse¡± al movimiento de los partidos pol¨ªticos. El Parlamento andaluz inst¨® al Gobierno en octubre de 2010 a ¡°impulsar las medidas necesarias¡± para que los bienes incautados en Malaya y en otros procedimientos vinculados al Ayuntamiento de Marbella entre 1991 y 2006 se destinen a restituir el da?o patrimonial. ¡°?Que no puede ser? Pues se acepta, pero se puede hablar y debatir¡±, argumentan las fuentes.

El Consistorio est¨¢ totalmente de acuerdo en esto y tiene la intenci¨®n de impugnar el recurso presentado por la fiscal¨ªa del Tribunal Supremo. ¡°Es una aspiraci¨®n irrenunciable lograr el reintegro de los fondos que salieron il¨ªcitamente¡±, explica el portavoz municipal del PP, F¨¦lix Romero. Su apuesta es que la sentencia de Malaya mantenga esa ¡°menci¨®n revolucionaria¡±.

El Supremo tiene ahora la palabra. Seg¨²n las fuentes consultadas, el alto tribunal no podr¨ªa decretar la b¨²squeda de f¨®rmulas para compensar a Marbella porque es competencia del Ejecutivo. ?Existe alguna posible soluci¨®n? La maniobra ser¨ªa pol¨ªtica. Cuando la sentencia fuera firme, podr¨ªa destinarse dinero a la ciudad mediante la modificaci¨®n de partidas presupuestarias.